El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) asegura que no dará un paso atrás en la defensa de la construcción del Puerto de Fonsalía por ser esencial para la conectividad de las Islas occidentales. “Es una infraestructura que siempre hemos considerado clave en las conexiones marítimas, que sin duda, supondrá un avance para La Palma, La Gomera y El Hierro, además de la zona oeste de Tenerife, por lo que no estamos dispuestos a renunciar a ella”, destacó el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo. 

Este proyecto, objeto de debate parlamentario en la última sesión plenaria, supone una prioridad para ASG, ya que según explicó Curbelo, “es el futuro de las Islas no capitalinas el que está en juego y no vamos a cesar en nuestro empeño hasta que esta obra vea por fin la luz”. 

Una vez más, recordó que contribuirá además a descongestionar el puerto de Los Cristianos que ha triplicado su número de usuarios, al tiempo que esta instalación  redundará en una mejora de los servicios para los ciudadanos de la zona suroeste de Tenerife. 

Por su parte, la diputada de ASG, Melodie Mendoza, se sumó a la defensa de la obra en su intervención en el Pleno desarrollado esta semana. “Hemos hecho de este puerto una reivindicación constante y lo seguiremos haciendo, no sólo porque agilizará las conexiones marítimas, sino porque supone una solución al colapso de tráfico que sufre Los Cristianos, además de dar un impulso al desarrollo de la parte oeste de Tenerife y a la vida económica y social de los canarios ”, destacó. 

En este sentido, llamó a la tranquilidad de los que están preocupados por su posible impacto ambiental y aseguró que “vamos a estar vigilantes para que el proyecto cumpla con todas las garantías ambientales necesarias para la protección de esta zona costera y además, recordó que ya cuenta con el informe favorable de impacto ambiental. 

Una vez más, destacó que se trata de un proyecto prioritario para Canarias, por lo que lamentó que se haya tardado tanto tiempo en responder a las alegaciones del informe emitido por el Estado para la adscripción de la lámina de agua al dominio público marítimo terrestre. 

“Además, queda pendiente establecer qué Administración va a ser la encargada de ejecutar este proyecto, son 25 años para acometer esta obra y no parece que vaya a ver la luz pronto”, indicó. Por ello, esperó que una vez el Archipiélago cuente con la contestación del Estado, no se emplee tanto tiempo responder a las alegaciones pertinentes.