Archivada una de las Causas Judiciales contra Solveida Clemente

 La causa penal iniciada contra Solveida Clemente por un presunto delito de coacciones en su actuación como Alcaldesa-Presidenta de la Villa de Hermigua en el precinto y clausura del “Bar-Restaurante El Rejón”, sito en la Playa de Santa Catalina de Hermigua ha sido archivada por entender el Magistrado y el Ministerio Fiscal que en la actuación de la entonces primer edil, no se dio Comisión de Delito alguno. 

Solveida Clemente confirma que el pasado 17 de junio de 2015 se dictó auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa por el Juez del Juzgado de Instrucción Nº 1 de San Sebastián de La Gomera, siguiendo las recomendaciones del informe del fiscal, según el cual “…de los documentos obrantes en las actuaciones no se desprende, ni resulta debidamente acreditada, la comisión de delito alguno, toda vez que el hecho objeto de la denuncia consiste en un acto administrativo adoptado por el Alcalde del referido término municipal, en principio, en el ámbito de las competencias administrativas legalmente atribuidas, amparadas en la normativa reguladora de las actividades clasificadas y espectáculos públicos… ”

Si bien el archivo se produjo en junio, cabía la posibilidad de interponer recurso contra el auto dictado tanto por el Ministerio Fiscal como por la denunciante, habiéndose confirmado ya que no se ha recurrido, por lo que la causa ha quedado archivada.

Solveida Clemente comparte absolutamente lo manifestado por el fiscal en su informe, su actuación se amparó en la Ley y normativa de aplicación que venía siendo incumplida por el establecimiento, no obstante confiesa que ha sido una de las decisiones más difíciles de adoptar durante su mandato como alcaldesa de Hermigua, pues por un lado, existía una denuncia colectiva de varias personas por la realización de la actividad de “Bar-Restaurante El Rejón” sin cumplir con la normativa de aplicación, y, por otro, un negocio familiar que intentaba salir adelante en el municipio, pero sin ajustarse a la legalidad.

Debido a ello hubo que actuar siguiendo las indicaciones de los técnicos de la corporación, juristas y urbanistas, así como las estrictas condiciones establecidas en la Calificación Territorial otorgada por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera que sólo permitía el uso de “Sala de Exposiciones” y, en consecuencia, clausurar el local ya que no se ajustaba al uso inocuo permitido citado, sino que funcionaba como “Bar-Restaurante” con celebración de distintos eventos y bailes en el mismo sin las autorizaciones pertinentes.

Son estas situaciones las que ponen de relieve que ocupar un cargo público no siempre es fácil, ya que algunas veces los intereses particulares de los vecinos no son acordes a la normativa de aplicación, y, como cargos públicos, nuestra primera obligación es cumplir y hacer cumplir la Ley, máxime cuando el vecino es incapaz de comprender que sus deseos no encajan en las normas de aplicación y llevan la actuación municipal a un plano personal o a razones ajenas al cumplimiento del deber, llegando a interponer denuncias penales en los Juzgados en lugar de recurrir los actos administrativos que consideren injustamente realizados.

Concluye Solveida que no es esta la única causa que tenía pendiente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera de su etapa como Alcaldesa, aún queda la iniciada por un presunto delito de prevaricación administrativa en la apertura de las instalaciones municipales del Pescante de Hermigua en el año 2008, no obstante confía en la actuación de la Justicia y en que la misma se archive igualmente, todo ello pese a los intentos de la Acusación Particular ejercida por D. Luis Fernando Rodríguez Cruz, hermano del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Hermigua, D. Francisco Rodríguez, condenado por el Tribunal de Cuentas por un alcance contable, junto con otro ex concejal, quien intenta dañar la credibilidad y actuación de la que fuera Alcaldesa de Hermigua en la gestión de la apertura del Pescante en el 2008, solicitando que se le impute, además, un delito de malversación de caudales públicos, como anunciara en todos los medios el pasado junio. A fecha de hoy, ni fiscalía ni Juzgado han accedido a tal petición.

Entendemos que todo ello está motivado más por un ánimo de venganza personal por la condena previa de su hermano por el Tribunal de Cuentas por la gestión de las fiestas que desempeñó en el Ayuntamiento, que por la existencia de una actividad constitutiva de delito reprochable, lo que se acreditará debidamente ante el Juzgado en el curso de la instrucción, para solicitar posteriormente el archivo de las actuaciones.