Agrupación Socialista Gomera (ASG) valora que el proyecto de ley de Servicios Sociales que, previsiblemente, se debatirá la próxima semana en sesión plenaria, tenga en cuenta la realidad social de cada isla y preste una atención social territorializada.

El portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, considera que “esta ley es una de las más esperadas e importantes de este legislatura”. Por ello, celebra que, tras 30 años, “se esté trabajando en una nueva ley adaptada a la realidad canaria actual, que pueda estar a la altura de los cambios sociales que la población canaria demanda”.

El diputado gomero reconoce los avances que contiene este nuevo articulado, entre los que destaca el hecho de que facilita una atención social mucho más equilibrada, de forma que el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales sea equitativo y se ajuste a las necesidades que demanda cada isla.

Al respecto, que islas como La Gomera, donde el 20,8% de la población tiene más de 65 años, precisan de una ley que contrarreste estas dificultades, y que por supuesto, tenga en cuenta otras cuestiones como los sobrecostes que padecen las islas no capitalinas, algo que contempla el texto de la norma.

En su opinión, la entrada en vigor de la nueva ley debe complementarse con actuaciones esenciales como la firma de los convenios de los nuevos centros sociosanitarios. “Esto nos va a permitir contar con unas infraestructuras sanitarias de primer nivel acorde a las necesidades que demanda cada isla”, aclara.

Con todo, Curbelo espera que esta nueva herramienta contribuya a agilizar la gestión de los servicios sociales, ya que se contará con profesionales de referencia y una historia social única, lo que a su vez, garantizará la uniformidad en los criterios de intervención.

Además, celebra que la ley defina de forma clara un catálogo de servicios al que tendrá derecho el ciudadano, a la vez que recoge las competencias de cada una de las administraciones. También, recuerda que permitirá, de una vez por todas, que las entidades dedicadas a la economía social y solidaria, dejen de depender de subvenciones anuales, ya que se establecerán convenios plurianuales,  permitiendo la planificación a medio y largo plazo, en lugar de a corto, como hasta ahora.

Por último, muestra su preocupación por el incremento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que alcanza el 44%, por lo que pide al Gobierno de Canarias una solución. Por ello, confía en que, una vez se apruebe esta ley, se den los pasos necesarios para dar el impulso definitivo del plan de inclusión contra la pobreza, “ya que hay miles de canarios en riesgo de exclusión social que no pueden seguir esperando a que se pongan en marcha estas políticas de inclusión activa”,

“Las administraciones públicas tienen que tener una estrategia adecuada para atender a las personas con mayores dificultades y nosotros trabajamos en esa línea para contribuir entre todos a paliar los problemas sociales que afectan a Canarias”, añade.