La Asociación para la Investigación y Conservación del Silbo Herreño y Ossinisa acusan a Curbelo y Perera Betancor de imponer un “Pin cultural” a los herreños
La Asociación para la Investigación y Conservación del Silbo Herreño y la Asociación Cultural Ossinisa informan de que el Gobierno de Canarias ha anulado la convocatoria de la Comisión de Patrimonio Histórico que tenía que aprobar el BIC silbo herreño a instancias de Casimiro Curbelo. Con esta maniobra se pretendía ganar tiempo, pues era inminente la publicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que afectaba al artículo de la Ley de Patrimonio que regula la caducidad de los BIC. La estrategia actual del Gobierno de Canarias es hacer caducar el expediente del BIC silbo herreño con el fin de salvaguardar el Pacto de las Flores.
Según explican ambas asociaciones, la incoación del BIC silbo herreño estuvo avalada por un comité de expertos pertenecientes a las dos universidades canarias que informaron favorablemente por unanimidad. Entre ellos se encontraban nada menos que Antonio Tejera Gaspar (Catedrático de Arqueología de la ULL y Premio Canarias de Patrimonio Histórico), José Juan Batista Rodríguez (Doctor en Filología Clásica, Filología Hispánica y Derecho, Profesor Titular y Director de la Cátedra Cultural de Estudios Bereberes de la ULL), Manuel Lorenzo Perera (Doctor en Historia, Profesor Titular y Director del Aula de Etnografía de la ULL), Maximiano Trapero Trapero (Catedrático de Filología Española de la ULPGC y Premio Canarias de Patrimonio Histórico) y el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de mayo de 2018 concluyó la instrucción del expediente por parte del Cabildo de El Hierro, proponiéndole la declaración de BIC al Gobierno de Canarias.
Casi un año después, sin añadir documentación alguna al expediente y tras su paralización injustificada, en marzo de 2019, se celebró la Ponencia Técnica de Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico con el fin de adoptar el dictamen previsto en el artículo 11.5 de la Ley de Patrimonio Histórico para los bienes inmateriales en peligro de extinción. Otro selecto comité de expertos formado por Maximiano Trapero Trapero, Manuel J. Lorenzo Perera, Marcial Morera Pérez (Catedrático de Filología Hispánica y, “misteriosamente”, exdirector de la Cátedra Cultural de Silbo Gomero de la ULL) y David Díaz Reyes (Licenciado en Historia y Ciencias de la Música e investigador de los lenguajes silbados) votaron a favor por unanimidad.
Según el comunicado de estas asociaciones, el silbo herreño ha pasado todos los trámites necesarios para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conocimiento y actividad tradicional en peligro de extinción. Tal categoría, contemplada expresamente en la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias, exige inmediatez a la declaración de BIC, pues obliga a la adopción de medidas de protección urgentes. Desde junio de 2018 hasta marzo de 2019, tanto el antiguo Director General de Patrimonio, el historiador Miguel Ángel Clavijo Redondo, como la actual, la arqueóloga María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias), no solo no han tomado ninguna medida de salvaguarda, sino que han permitido la caducidad de los plazos necesarios para aprobar el BIC; lo que califican de “pasividad como estrategia para la caducidad” explican.
María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias) convocó a la Ponencia Técnica y al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias el 25 de marzo de 2019 para aprobar la declaración de otro BIC que no estaba en peligro de extinción: la iglesia de Betancuria. Todo ello, a pesar de tener sobre su mesa el expediente del silbo herreño desde junio de 2018, tratándose de un BIC en peligro de extinción y, por tanto, con una necesidad urgente de aprobación. Esta forma de proceder denota las presiones ejercidas por Casimiro Curbelo sobre la Directora. Tales presiones han sido reconocidas públicamente por el Cabildo de El Hierro.
En una reunión celebrada en El Hierro el 10 de diciembre de 2019, María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias) y su ayudante, la ex Directora General de Patrimonio Aránzazu Gutiérrez Ávila (AHI-CC), aseguraron a las asociaciones herreñas y a un grupo de silbadores herreños de edad avanzada que no se convocaba la Comisión de Patrimonio porque no se disponía de quórum suficiente. Los servicios jurídicos de ambas asociaciones han comprobado que esta información era falsa, ya que se disponía del quórum establecido por la Ley para dicha convocatoria; lo que califican de “complicidad de la actual Directora General de Patrimonio con Casimiro Curbelo” aseguran.
Además, Perera y Gutiérrez aseveraron en diversas ocasiones que, en ningún caso, se podía caducar el expediente, ya que había superado favorablemente y por unanimidad la Ponencia Técnica. Sin embargo, las asociaciones han podido averiguar que ambas políticas eran conocedoras de que la resolución del Tribunal Constitucional de 28 de noviembre de 2019 que afectaba a la caducidad de los BIC canarios ya se había resuelto.
Tras las denuncias públicas de ambas asociaciones y tras siete meses de legislatura, consiguieron el nombramiento de todos los miembros de la Comisión de Patrimonio el 13 de diciembre de 2019. Como ya no había ningún impedimento para convocar el Consejo de Patrimonio, se hizo el día 26 de diciembre de 2019. Sin embargo, de forma inesperada y alevosa, el Gobierno canario suspendió la convocatoria alegando problemas de agenda de la Consejera de Cultura, cediendo así a las presiones de Casimiro Curbelo (ASG). Las asociaciones afirman que, siguiendo el Reglamento del Consejo de Patrimonio, no es posible suspender la convocatoria por este motivo, pues la Consejera podía ser sustituida por el Viceconsejero o, en su defecto, por la Directora General de Patrimonio.
Ambas asociaciones herreñas son conscientes de que el Gobierno de Canarias se ha empeñado en imponer un “pin cultural” a los herreños, permitiendo no solo la extinción de uno de sus bienes culturales más preciados, sino también el menosprecio hacia ellos por parte de personas que lo desconocen. Así, en una entrevista de la cadena SER celebrada el día 16 de enero de 2020, Casimiro se refirió al silbo herreño como una «fantasmada» y un «invento», faltando el respeto no solo a esta manifestación en peligro de extinción, sino a todos los expertos que la han reconocido y apoyado. En otra ocasión, Francisco Correa Magdalena, coordinador del proyecto Enseñanza del Silbo Gomero del Centro del Profesorado de La Gomera (dependiente de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias), en una entrevista de la cadena COPE del 19 de diciembre de 2019, se refirió al silbo herreño como «el mayor disparate, la mayor atrocidad que se haya cometido contra el patrimonio canario en la historia de las Islas, porque este expediente está montado sobre una gran mentira, sobre informes que no existen, sobre estudios que no se han realizado», sosteniendo que «es un plagio patrocinado por El Cabildo de El Hierro». Tales declaraciones se han puesto en conocimiento de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de Canarias, solicitando que sean elevadas a la Fiscalía para conocer si pudieran ser constitutivas de un delito contra el Patrimonio (tal como contempla dicha ley). Lo que ambas asociaciones califican de “campaña de desprestigio orquestada por miembros de ASG y Sí Podemos Canarias”.
Pero los ataques no solo provienen del entorno de ASG
Los socios de Sí Podemos Canarias también han atacado públicamente al silbo herreño. Tal es así, Rogelio Botanz Parra (Unidas se Puede), ha negado apasionadamente su existencia en varios actos públicos, pese a existir testimonios históricos que, sin solución de continuidad, abarcan desde el s. XIX hasta la actualidad. El músico de Taller Canario ha llegado a reunirse con María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias) en San Cristóbal de La Laguna, a petición de Casimiro Curbelo (ASG), para manifestarle su disconformidad con la declaración de BIC del silbo herreño, instándole a que paralice el expediente. Por otra parte, el diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz Ramírez, también se ha manifestado públicamente en los mismos términos negacionistas, lo cual denota vasos comunicantes entre la formación gomera y los representantes de la “nueva política”. Todo ello demuestra que el Gobierno de Canarias prefiere escuchar a meros entusiastas, sofistas y aficionados al silbo que a los científicos expertos que él mismo ha reconocido institucionalmente, otorgándoles en dos casos el Premio Canarias. Y, por otra parte, que no existe ningún interés en la defensa del patrimonio herreño, pues María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias) no ha salido en defensa de este BIC incoado ante tales declaraciones de sus socios de gobierno y de partido.
El “último cartucho” de Casimiro: una sentencia del Tribunal Constitucional:
Además de las artimañas políticas ya mencionadas, la última estrategia diseñada por el Gobierno de Canarias para garantizar el Pacto de las Flores era la de paralizar el expediente BIC para que entrara en los plazos de caducidad, esperando que una sentencia del Tribunal Constitucional pudiera darles argumentos jurídicos que le permitieran declarar la caducidad del BIC.
La suspensión de la convocatoria del Consejo de Patrimonio del 26 de diciembre se debió a que aún no se había publicado la sentencia del Tribunal Constitucional 157/2019 de 28 de noviembre, que declara innecesaria la denuncia de mora para hacer caducar los BIC. La publicación de la sentencia se efectuó el 6 de enero de 2020 y su contenido no fue tan contundente como esperaba el Gobierno: solo se deroga el artículo 21.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que alude a una sola fase del procedimiento que el BIC herreño ya ha pasado. Así pues, no hay motivo para hacer caducar el BIC.
Toda esta información fue ocultada por María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias) y Aránzazu Gutiérrez Ávila (AHI-CC) durante la reunión celebrada en El Hierro con ambas asociaciones, el 10 de diciembre de 2019. Por este motivo, las asociaciones creen que los servicios jurídicos del Gobierno canario están trabajando a contrarreloj para idear una nueva estratagema jurídica que haga caducar el BIC de forma “elegante”, responsabilizando al anterior gobierno.