El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha resuelto este miércoles, 3 de junio, las ayudas dirigidas a garantizar el mantenimiento de la actividad de pymes y autónomos del municipio, afectados por la crisis del Covid-19. Todo ello, tras celebrar la comisión técnica en la que se han valorado las trescientas cincuenta solicitudes presentadas.

El alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, destacó la agilidad en la tramitación del expediente que ha permitido resolver las mismas en apenas un mes desde la fecha de la convocatoria y que permitirán que cada beneficiario reciba entre 450 y 800 euros según sus características.

“Una convocatoria que ha superado nuestras previsiones iniciales sobre el número de solicitudes y que pone de manifiesto la realidad de la situación económica que estamos viviendo, motivadas tanto por las consecuencias de la crisis sanitaria como por la ausencia del turismo, principal motor económico insular”, apuntó.

Por este motivo, adelantó que en los próximos días se procederá al abono de las mismas para contribuir, junto con el resto de las administraciones, en el sostenimiento de las empresas y del empleo que generan.

“Con esta subvención, facilitamos que los empresarios se recuperen tan pronto como la situación lo permita, con el objetivo de que los efectos negativos sean temporales y se pueda evitar una destrucción de empleos”, añadió.

Asimismo, recordó que una vez concluya el Estado de Alarma se abrirá el plazo para un segundo paquete de ayudas, valorado en 50.000 euros, que estará destinado específicamente a aquellos que emprendieron recientemente, así como a consolidar aquellas empresas que tienen menos de tres años.

Finalmente, recordó que en la subvención resuelta se distinguía entre negocios que se han mantenido abiertos, pero cuyas cuentas se han visto directamente afectadas como consecuencia de la crisis sanitaria, y los negocios que han tenido que cerrar por el Real Decreto 463/2020. Todas ellas, recibirán en los próximos días una cantidad que oscilará en función de cada empleado que tuvieran contratado a tiempo completo o su parte proporcional, llegando a un máximo de cinco trabajadores, incluido el empresario. Todo ello, siempre que las empresas hayan podido demostrar pérdidas económicas durante este periodo.