El equipo de gobierno ha decidido instalar cámaras de vigilancia en las dependencias municipales supuestamente en aras de la seguridad. “En primer lugar, hay que aclarar que si existen cámaras de vigilancia debe ponerse un cartel en donde se especifique a las personas usuarias, que están siendo grabadas y, a día de hoy, eso no se ha puesto” manifiesta Alejandro García Vera.

Los concejales de la formación progresista muestran también su preocupación además porque pueda grabarse dentro de las dependencias administrativas de los trabajadores de la sede del Ayuntamiento. “Esto es de dudosa legalidad que se pueda grabar enfocando hacia el interior de dependencias laborales, más que una medida de seguridad, parece una medida de control sobre los trabajadores. Le recordamos al alcalde, que es el responsable de personal y los problemas con el personal no se solucionan con cámaras de vigilancia, por tanto tiene una responsabilidad que está eludiendo. Se asemejan a medidas intimidatorias, que no conducen a un buen resultado laboral” afirma García Vera

Además las cámaras están enfocadas hacia espacios públicos como la Plaza de la Constitución, sin saber si corresponde al objetivo de videovigilancia por seguridad del espacio o a qué se atiene según la Ley Orgánica de Protección de Datos. “Hasta la fecha no ha existido ningún incidente digno que requiera de tomar estas medidas de seguridad. También desconocemos cómo se tratarán los datos grabados ya que éstos deben ser destruidos y, quiénes son los encargados al respecto” puntualiza Rodríguez Noda.

La formación política pide que se revierta esta situación ya que consideran que más que una medida de seguridad, es una medida de vigilancia con los trabajadores del Ayuntamiento. Además los concejales insisten en que este tipo de medidas sean consensuadas y no impuestas, sean evaluadas y no importadas, asesorándose jurídicamente sobre un derecho fundamental como la protección de datos. “No se pueden tomar medidas a la ligera sobre derechos fundamentales como la protección de datos. Pedimos que paralice su funcionamiento hasta que haya una comprobación exhaustiva por parte del Delegado de Protección de Datos. Confundir seguridad con vigilancia es irresponsabilidad política” finalizan los concejales.