El Cabildo de La Gomera ha pedido la colaboración del Estado y el Gobierno de Canarias para dar solución a la accesibilidad de Argaga, en Vallehermoso. Así lo ha trasladado el presidente insular, Casimiro Curbelo, quien ha remitido una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, una vez la Institución insular ha conocido los resultados de los estudios realizados en el talud de la zona afectada. 

“La magnitud del derrumbe y los riesgos que ratifican los informes hace que sobrepase las modestas posibilidades de actuación que tienen las instituciones locales e insulares, siendo imprescindible la cooperación del Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado”, manifestó Curbelo, que propuso, además, la creación de una comisión técnica con representantes de las administraciones implicadas para valorar las medidas a tomar. 

El presidente hizo hincapié en las conclusiones del informe realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, en el que se determina el alto grado de peligrosidad que existe en la zona, dada la fragmentación del talud y, por tanto, el incremento del riesgo de desprendimientos y avalanchas. “En la situación actual no cabe actuar en la vía de acceso, de ahí la urgencia de analizar alternativas como la creación de un embarcadero, que necesita de la coordinación de las administraciones competentes”, dijo.

Actualmente la accesibilidad se limita a pequeñas embarcaciones que se acercan hasta la Playa de Argaga para desplazar a personas y víveres, de una forma rudimentaria siempre que las condiciones climatológicas lo permiten, dificultando el día a día de los residentes en este enclave. “Sabemos de las dificultades que tienen, de ahí que pidamos una respuesta conjunta para afrontar una solución que no será inmediata, pero que debe llegar”, apuntó. 

Por último, reiteró el agradecimiento del Cabildo al operativo desplazado a la zona el pasado 14 de noviembre. “Fue destacable el inmejorable despliegue de recursos, medios humanos, materiales y técnicos, así como la acción coordinada con los ayuntamientos afectados, la Institución insular, el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado”, recordó.