La Fiscalía pide dos años de cárcel para la delegada del Gobierno en La Gomera, Luz Reverón

Daniel Millet. la opinion.es  -La Fiscalía solicita tres años de cárcel para los exconcejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor por la presunta comisión de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de prevaricación urbanística, y otros dos años de prisión para la exedil del PP y actual subdelegada del Gobierno central en La Gomera, Luz Reverón, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística entre los años 2003 a 2008 por el llamado caso mamotreto. Asimismo, el Ministerio Público pide tres años de cárcel para la funcionaria María Loreto Ariz, que en el momento de los hechos era jefa del servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de Urbanismo, y dos años para otros dos empleados públicos: Candelaria Benítez, que fuera técnico a las órdenes de Ariz, y Epifanio Gómez, exdirector general de Política Territorial de la Gerencia de Urbanismo.

Los siete acusados se sientan desde hoy en el banquillo en el juicio que comienza a las nueve de la mañana, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, por hechos que ocurrieron durante los mandatos del nacionalista Miguel Zerolo como alcalde. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, Parejo, Plasencia y Pastor "urdieron un plan", con la "connivencia" de los funcionarios municipales, para sacar adelante el edificio de aparcamientos y centro comercial de la entrada de Las Teresitas "a sabiendas" de que era "ilegal", a pesar de que habían sido advertidos de las repetidas irregularidades y aun cuando el inmueble iba en contra de la normativa urbanística e invadía el dominio público marítimo terrestre; es decir, la parte de la orilla más cercana al mar que es de propiedad pública y donde no se puede construir.

Fase II de Perrault 
Es el primer juicio que se abre por uno de los múltiples procesos que se investigan en los tribunales locales y nacionales por el pelotazo de Las Teresitas. En su escrito, la Fiscalía hace una pormenorizada relación de las presuntas irregularidades detectadas en el expediente del mamotreto, un edificio cuyas obras se suspendieron en 2008 como consecuencia de las investigaciones judiciales. En primer lugar, el fiscal detalla que "la edificación diseñada en la zona de cabeza de playa por el arquitecto Dominique Perrault, correspondiente a la fase II del proyecto global de urbanización de Las Teresitas a desarrollar por el Ayuntamiento, "incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor en cuanto a usos y aprovechamientos del suelo, por contemplar la ocupación de suelo destinado a vía o espacio público, y quedar fuera de la línea con respecto a la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen, ocupación máxima permitida y superficie".

Aunque entraban en un todo diseñado por Perrault, el Ayuntamiento separó el proyecto del acceso a Las Teresitas del de la urbanización de la propia playa, de tal manera que el primero lo tuteló la Gerencia de Urbanismo y el segundo debía pasar a manos de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Al acceso se le denominó Fase II y a la zona de playa, Fase I. Según los antecedentes que figuran en el escrito de la Fiscalía, la actuación del Ayuntamiento en la Fase II consistió en el derribo del campo de fútbol de San Andrés y otras construcciones anexas para mejorar el viario de entrada y construir el edificio destinado a aparcamientos (272 plazas en un primer proyecto) y locales comerciales. Esto suponía ocupar la servidumbre de protección marítima terrestre (los terrenos públicos que están inmediatamente después de la orilla y bajo protección del Gobierno de Canarias), la servidumbre de tránsito (terrenos que se reservan a caminos y vías), así como 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre (la propia orilla, bajo responsabilidad estatal).

Decisiones arbitrarias 
Siempre según la Fiscalía, Manuel Parejo, como concejal de Servicios Territoriales y consejero de la Gerencia Municipal de Urbanismo (de diciembre de 2004 a junio de 2007); José Domingo Pastor, como concejal de Infraestructuras y Obras (de julio de 2003 a enero de 2005); y Norberto Plasencia, primero como concejal de Servicios Públicos y luego como concejal de Infraestructuras y Obras (de 2003 a 2007), "decidieron arbitrariamente iniciar, tramitar e impulsar" la aprobación y adjudicación de las obras de la entrada a Las Teresitas "actuando con plena consciencia" de que el proyecto "no se ajustaba a la normativa urbanística, carecía de la evaluación de impacto ambiental y adolecía de las autorizaciones administrativas que eran preceptivas por estar afectados bienes intangibles".

"Para llevar su plan adelante, [los concejales] dieron las instrucciones precisas a los funcionarios del Servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras", prosigue el informe. El 13 de diciembre de 2004, Epifanio Gómez, director general de Política Territorial de la Gerencia de Urbanismo municipal, abre el proceso para la adjudicación de las obras, "actuando en connivencia con los concejales acusados y fuera del ámbito de sus competencias". "Emitió un informe haciendo constar en líneas generales que el proyecto de urbanización se ajusta a la ordenación contenida en la modificación del Plan General, omitiendo en el mismo aspectos esenciales como la afección y ocupación de construcciones del dominio público o aspectos relacionados con las parcelas, usos, aprovechamientos, parámetros de altura y volumen de ocupación máxima permitida".

El Ministerio Público acusa asimismo a María Loreto Ariz, jefa entonces del Servicio de Proyectos Urbanos, y a María Candelaria Benítez, técnica del citado servicio, de emitir informes favorables que o bien contenían instrucciones que no se cumplieron o bien daban el visto bueno a determinados pasos administrativos "a sabiendas" de que otros servicios técnicos con competencias "no se habían pronunciado sobre la conformidad o no" del proyecto.

Firma del contrato con OHL 
"Una vez obtenido el acuerdo preciso para llevar su plan adelante, el expediente continuó con todos sus trámites, sucediéndose una cadena de acontecimientos en los que intervinieron los acusados", continúa la Fiscalía. El proceso desemboca en diciembre de 2006 con la firma del contrato de obras con la empresa OHL por un importe total de 21 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

La aprobación del proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo y la firma del contrato "se llevaron a cabo sin que tan siquiera se hubiera efectuado el replanteo previo", tal y como exige la Ley de Contratos de la Administración Pública. Esta omisión significa que "no se disponía de las autorizaciones preceptivas, ni se había suscrito el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, los acusados eran conscientes de que no concurría el requisito indispensable de contar con la disponibilidad de los terrenos para la edificación en todos los procedimientos".

Encima, tal como refleja el Ministerio Público, los principales acusados "conocían la imposibilidad de obtener las autorizaciones" porque la Dirección General de Costas había avisado por esas fechas al Ayuntamiento de que iba a actualizar la línea del dominio público en Las Teresitas.

Informe en contra
Los acusados siguieron adelante pese a que, además y si era poco, el responsable de Intervención de Urbanismo emitió hasta tres informes desfavorables a la contratación de las obras para construir el mamotreto por la falta de documentos claves para justificar el proyecto. "A fin de solventar el primero de los reparos, el acusado Norberto Plasencia procede, el 6 de noviembre de 2006, a efectuar el replanteo del proyecto", dando el visto bueno a la disponibilidad de los terrenos. "El mismo día, la acusada Loreto Ariz levanta acta de comprobación del replanteo e inicio de obra", reflejando que "no se observa" razón que impide el comienzo de los trabajos.

Denuncia de ATAN 
El 28 de diciembre de 2006, ya cuando las obras del mamotreto habían comenzado, el Gobierno local de Miguel Zerolo recibe la primera de las denuncias de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que considera que los trabajos no están amparados por las leyes. Pese a la denuncia de ATAN, a los informes negativos de la propia Intervención municipal y a que Costas revisaba la línea que delimita la parte pública de la playa, los acusados no solo siguen adelante con el proyecto, sino que lo modifican, tal como consta en el escrito de Anticorrupción.

En el primer trimestre de 2007, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, "siempre actuando de mutuo acuerdo y con el asesoramiento de Loreto Ariz", dotan de mayor aprovechamiento urbanístico al edificio, con la inclusión de una segunda planta de aparcamientos, con un incremento de 130 plazas, que se suman a las 272 previstas. El edificio queda con una superficie de ocupación de 4.000 metros cuadrados en el sótano y 5.690 en la parte superior.

Sentencia del Supremo
El plan del equipo de Zerolo se topa con otro gran impedimento. El 3 de mayo de 2007, el Tribunal Supremo declara "contraria al ordenamiento jurídico" la compra por parte del Ayuntamiento de las 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, como respuesta a una denuncia de la Coordinadora Ecologista El Rincón, una operación que ocupa hoy la parte principal del caso Las Teresitas y que se investiga en el Supremo y el juzgado de instrucción número 1 de Santa Cruz.

El fiscal expone que esta anulación "conlleva la pérdida por parte del Ayuntamiento del derecho de propiedad sobre las parcelas que debían ser cedidas al Ministerio de Medio Ambiente" en la playa propiamente dicha, "lo que hacía inviable el convenio" y, por tanto, la construcción del mamotreto.

La participación de Reverón
Aquí es donde entra en juego la sucesora de Parejo al frente de Urbanismo, Luz Reverón, en ese año 2007 edil de CC y hoy subdelegada del Gobierno central en La Gomera por el Partido Popular. "Reverón, con pleno conocimiento de todas las irregularidades, continuó con la tramitación del expediente". El 5 de noviembre de 2007, Reverón formaliza con la empresa adjudicataria el contrato de obra.

El 20 de diciembre de 2007, la Demarcación de Costas, "a la que no se le había solicitado autorización ni información sobre la modificación del proyecto, remite un escrito al Ayuntamiento en el que le comunica que los trabajos afectan al dominio público y la servidumbre de protección, haciendo constar que carecen de autorización. En enero de 2008, OHL envía dos escritos anunciando la paralización de las obras por orden de Costas.

Tras un acuerdo del pleno, Urbanismo suspende el 17 de marzo de 2008 las obras así como el contrato con OHL y el estudio de Perrault para la asistencia técnica. Asimismo, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias anula la entrega de la parte del dinero que se comprometió a aportar dentro del convenio firmado con Ayuntamiento y Cabildo dada la ilegalidad de todo el proyecto.

Hoy, las obras siguen paradas y el edificio a medio hacer, y el Ayuntamiento paga 30.000 euros al mes por su vigilancia. Desde 2008, el Consistorio ha gastado de las arcas públicas unos dos millones en este inmueble fantasma.