David Cuesta (@DavidCuestaTV) mirametv.com/ El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera investiga un supuesto sobrecoste injustificado en la construcción de la carretera de acceso al hospital insular. Una vía de 585 metros por la que el Gobierno de Canarias y el Cabildo desembolsaron 8,5 millones de euros. Las obras finalizaron en diciembre de 2008, pero los trabajos estuvieron manchados por la polémica desde que se colocó la primera piedra, en noviembre de 2006.

Según consta en una diligencia de ordenación del pasado 14 de marzo, a la que ha tenido acceso mirametv.com, el Juzgado ha solicitado a la Fiscalía, en cumplimiento de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que declare la causa compleja para continuar con la instrucción durante 18 meses, que pueden ser prorrogados hasta un máximo de tres años. "A la vista del estado de las actuaciones (...) se remite el expediente al Ministerio Fiscal con objeto de que se informe sobre la posible declaración de complejidad de la causa o, en su caso, informe sobre el archivo de la misma", expone el escrito.  

La investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera comenzó en el año 2011, cuando un particular, en la actualidad tesorero del recién creado Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, Alonso Trujillo, presentó una extensa denuncia. El escrito original tiene como anexo un informe de un ingeniero en el que se advierte de una serie de presuntas irregularidades encaminadas a incrementar el coste de la obra en más de un 40%. Los trabajos fueron ejecutados por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que formaron Pedro Luis Darias SL, Áridos Herrera SL, Construcciones Darias SA y Promociones Ramón Arteaga Álvarez SL. 

La obra de acceso al hospital forma parte de un convenio firmado entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias en septiembre de 2002. En el acuerdo, el Ejecutivo autonómico se comprometía a ejecutar la vía de acceso a La Lomada, de más de dos kilómetros, mientras que la Corporación insular asumía los trabajos de la carretera al centro sanitario, de 585 metros. En el documento se fijó la financiación que asumía la Administración regional, 5,2 millones de euros para cada una de las actuaciones.

Llama la atención que tanto la obra de La Lomada como la del hospital fueron valoradas con un mismo precio en el convenio, a pesar de que sus características son distintas. En el caso de la vía ejecutada por el Ejecutivo auntonómico, el desvío presupuestario fue menor, ya que finalmente costó 6,8 millones de euros. El estudio técnico de la denuncia destaca que, si se toma como referencia el gasto final en ambas carreteras, los trabajos de La Lomada  supusieron un desembolso 2,6 millones por kilómetro, mientras que el precio se disparó hasta los 14,7 millones en el caso del hospital. Ambas fueron acometidas por las mismas empresas.

El informe del ingeniero también pone de relieve lo que considera un "error grave" en el proyecto original, que incluso llevó a realizar un modificado de la propuesta inicial. Según la denuncia, el primer trazado tenía una longitud de 755 metros, ya que no se tuvo en cuenta que la carretera entraba directamente en la parcela donde en aquellos años se construía el hospital insular, cuyas obras ya estaban muy avanzadas. Este fallo obligó a redactar un nuevo proyecto, que redujo la vía a 585 metros. 

A pesar del error, y de que el modificado reducía en más de un 20% la longitud de la carretera, el precio no se varió, por lo que se mantuvo el presupuesto en 8,5 millones. Un desfase que, según la denuncia, supone un sobrecoste de alrededor de 2,5 millones.

El estudio técnico también cuestiona el criterio utilizado para el uso de los muros de hormigón encaminados a la contención de la vía. El objeto de estas infraestructuras es evitar derrames de tierra sobre el barranco de Los Chejelipes. En la denuncia se critica que se haya elegido una opción "conservadora", al optar por una profundidad, en relación a la colocación de las cimentaciones, de 1,5 metros, cuando con medio metro "es más que suficiente", lo que eleva el coste de la obra y supone que solo en este concepto se vaya cerca de un 50% del presupuesto total. El informe concluye que, de aplicarse los valores recomendados, se habría generado un ahorro a las arcas públicas superior al millón de euros.

Otro de los "errores" que se destaca en la denuncia está relacionado con las mediciones del hierro armado utilizado en los muros. Aunque en el proyecto se alude a la necesidad de usar alrededor de mil toneladas, la cifra que aparece en el presupuesto alcanza las 1.600 toneladas, lo que supone un incremento de 702.000 euros.

El ingeniero que colaboró en la redacción de la denuncia también advierte de que, según su estudio, se pagó "dos veces el hormigón de recubrimiento de las canalizaciones". Este factor disparó el coste de los trabajos y produjo un encarecimiento de 145.000 euros.

De ser ciertas las apreciaciones técnicas que se hacen en la denuncia, las administraciones pagaron cerca de un 40% de más por la vía de acceso al hospital. Las estimaciones del estudio rebajan el coste real de la obra a una cifra aproximada de cinco millones de euros, lo que concuerda con el valor fijado en el convenio que firmó el Cabildo con el Gobierno de Canarias en 2002.   

Declaración del redactor

El 14 de octubre de 2011 declaró como testigo en el Juzgado de San Sebastián de La Gomera el responsable de la empresa que se encargó de la redacción del proyecto y la dirección de la obra. José Juan Martínez, administrador de Estudios Gurugu SL, aseguró ante el juez que "desconocía" que en el convenio entre el Ejecutivo y el Cabildo estuvieran equiparadas en cuantía la obra del hospital y la de La Lomada, aunque justificó en criterios técnicos que el acceso al centro sanitario tenga un coste mayor.

Martínez justificó que el proyecto original de la vía invadiera la parcela de la instalación sanitaria "porque es anterior". El responsable de Estudios Gurugu explicó que "cuando encargaron la primera fase [el Cabildo], el hospital ya estaba en construcción y hubo que hacer la modificación". Durante su testimonio, insistió en que "la certificación final de la obra está ajustada al presupuesto".

Sobre la decisión de empotrar un metro y medio los muros, Martínez dijo que era una medida "imprescindible", e incluso afirmó que "por la erosión del barranco hay que empotrarlo por lo menos esa medida, sino más". 

El responsable de la dirección de la obra tuvo más problemas para explicar el motivo por el que no concuerdan las mediciones del hierro presupuestado inicialmente con la cantidad que finalmente se pagó. El administrador de Estudios Gurugu SL aludió a que el trazado "lo subcontrató con una empresa de Valencia", que era la encargada de generar "las ubicaciones de los movimientos de tierra" y que en el proyecto ejecutado "no hay muros de hormigón armado".

También negó que se pagara dos veces por el hormigón de las canalizaciones, como se expone en la denuncia. "No tengo conocimiento de que sea así", concluyó. Martínez señaló que tuvo un enfrentamiento "bastante fuerte" con Manuel Arteaga, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo, y que "le llegaron comentarios de que habían venido unos ingenieros para poner pegas al proyecto".

Aunque las diligencias de investigación se abrieron en 2011, la causa ha estado paralizada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera, que acumula un considerable retraso en un gran número de procedimientos abiertos. Desde el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, que preside el exconsejero insular Pedro Medina, se asegura que en las próximas semanas se va a impulsar la causa.