David Cuesta -El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera ha declarado complejas las diligencias abiertas por el conocido como caso Teleraña, que tiene como principal investigado al presidente del Cabildo y diputado autonómico, Casimiro Curbelo. Así consta en un auto dictado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso mirametv.com, por la sexta jueza que asume la causa desde 2010, María Lourdes Goya. 

En cumplimiento con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a petición de la Fiscalía, la jueza considera que existen motivos para ampliar el plazo de la instrucción a 18 meses, prorrogables hasta tres años, al tratarse de una causa con "gran cantidad de investigados y víctimas".

En la lista de investigados, además del propio Curbelo, figuran Felipe Hernández, expresidente del Cabildo de La Palma; Antonio Pérez, médico y promotor; así como los empresarios Enrique Amaya, Fortunato Arteaga y Ángel Ramírez. 

El caso Telaraña bucea en la participación de Curbelo en una presunta trama para especular con la reclasificación de diversas parcelas en La Gomera, además de un supuesto incremento patrimonial injustificado detectado en los bienes del presidente insular. Después de años de retraso y del constante baile de jueces en el único juzgado de instrucción de la Isla, el pasado mes de diciembre se reactivó la investigación con la petición a la Delegación de Hacienda de las declaraciones de renta y patrimonio del exsenador del PSOE.

Según las primeras conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil durante la instrucción de las diligencias 490/2010, el patrimonio de Curbelo pasó de 364.000 euros en 2008 a 2,1 millones en 2012. Los investigadores también han encontrado vínculos entre el presidente del Cabildo de La Gomera y seis empresas distintas: Argamul Gomera SL, Estudios Gomera SL, Tecina SL, Zobeuros SL, Chewy West SL y Galga SL.

Incendio

El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Gomera también se encarga de la investigación vinculada con el incendio que asoló la Isla en 2012. Después de que hace unos días declarase en calidad de investigado el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, Javier González Ortiz, la acusación popular ha solicitado la toma de nuevas declaraciones.

Un escrito del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción pide a la jueza que cite como testigo al "mando de la Unidad Militar de Emergencias durante los días 4 y 8 de agosto de 2012". La acusación popular considera que su declaración permitirá "esclarecer si se actuó o no con responsabilidad al haber bajado el nivel de alerta tan apresuradamente", ya que "no solo estuvo en primera línea de la extinción, sino que se relacionó con quienes tomaban decisiones". 

Además de González Ortiz, que declaró mediante videoconferencia, por el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Gomera ya han desfilado el exvicepresidente del Cabildo y secretario general del PSOE en la Isla, Gregorio Medina; el director del Parque Nacional de Garajonay y un técnico del área de Medio Ambiente de la Corporación insular. Una vez realizadas todas las diligencias previas, la instrucción se elevará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la condición de aforado del principal denunciado, Casimiro Curbelo.