La Audiencia Provincial ha rechazado los recursos presentados por la exconcejal nacionalista de Urbanismo de Santa Cruz, Luz Reverón, en uno de los cuales pedía que la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ratificara que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas y conocido como Mamotreto cumple con todos los requisitos para ocupar suelo del ejecutivo autónomo y por lo tanto es legalizable.

Así, el presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, despacha esta petición indicando que los informes periciales “sólo son pertinentes cuando la aprehensión de un aspecto de la realidad requiere de conocimientos científicos o artísticos. Sin embargo, las valoraciones jurídicas corresponden aquí a unas diligencias previas ya realizadas por el juez y por lo tanto el motivo no puede ser estimado”.

La defensa de la acusada que actualmente ocupa el cargo de directora insular del Gobierno en La Gomera por el Partido Popular (PP) había solicitado que la Dirección General de Costas emitiera otro informe donde plasmara que cada una de las fases del proyecto puede ser analizada de forma separada. De hecho, su defendida se encuentra acusada por la ejecución de la planta subterránea, lo que supuso el segundo paso en los trabajos de esta obra diseñada por el arquitecto francés, Dominique Perrault.

En este caso, la respuesta del juez es igual de contundente y alude a un informe elaborado por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno canario en el que se reitera que cada una de las fases en las que se dividió el proyecto “carece de funcionalidad ejecutada por separado”. El juez considera que esta cuestión ha quedado ya también aclarada en otro informe anterior y en cualquier caso insta al letrado, Alfonso Delgado, a que ponga sobre la mesa este planteamiento durante el juicio oral que se piensa abrir en los próximos meses y cuya fecha sólo esta pendiente de la disponibilidad de salas.

Se trata del primer auto emitido por la Audiencia Provincial después de que durante dos años y medio el conocido como caso Mamotreto permaneciera en el Juzgado de Instrucción número 2, cuya titular es Juana María Hernández. La magistrada a petición de la fiscal contra los delitos medioambientales, Inmaculada Violán, declaró como acusados a los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia, José Domingo Pastor y Luz Reverón además de a los técnicos, Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez. Para todos ellos la fiscal pide globalmente 18 años de prisión y el pago de su propio bolsillo de los gastos que acarree el derribo del edificio y las indemnizaciones a lar empresa adjudicataria OHL y al arquitecto, Dominique Perrault, entre otras que pudieran surgir, como es el abono mensual desde el año 2008 de 30.000 euros para mantener y vigilar el inmueble.

La titular del Juzgado de Instrucción aceptó remitir el sumario a la Audiencia Provincial a la petición de la fiscal para celebrar juicio oral al considerar que los hechos "objeto de este procedimiento revisten las características de delitos" contra la Ordenación del Territorio y Prevaricación Urbanística. Ahora sólo resta decidir sobre si se debe solicitar a los acusados que respondan desde estos momentos con su patrimonio por la petición de responsabilidad civil.

Gerencia

El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, forma parte de la lista de testigos que serán llamado a declarar en el transcurso de esta vista oral, en la que también figura la presidenta de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, Lola Schneider, o técnicos de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN).

En estos momentos hay una sentencia firme que da validez al acuerdo plenario adoptado hace casi dos años con los votos del Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz para derribar el inmueble. Este acuerdo fue impugnado ante los tribunales por el ex alcalde Miguel Zerolo y los once concejales de Coalición Canaria (CC) y del Centro Canario Nacionalista (CCN). Finalmente el magistrado determinó que esta decisión plenaria era válida para llevar a cabo la demolición.

Los hechos que son objeto de este contencioso judicial se remontan a finales del año 2001, momento en el que la Gerencia de Urbanismo aprobó la redacción del proyecto para ordenar el frente de Las Teresitas. Dentro de esta actuación se situaba la construcción de un gran aparcamiento y centro comercial que venía a sustituir al parking gratuito ubicado al lado de la playa.

El proyecto estaba dividido en dos fases, de las cuales una iba a ser financiada por las instituciones canarias y la otra por la Dirección General de Costas. Fue el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento los que iniciaron las obras que se correspondían con la desaparición del antiguo campo de fútbol sobre el que se levantó esta edificación con capacidad, en principio, para 272 plazas de aparcamientos que luego se ampliaron a más de 400.

El inmueble iba a ocupar en su cara frente a la playa tanto la servidumbre de protección propiedad del Gobierno canario como 1.223 metros cuadrados de dominio público de Costas. Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos. En el caso del organismo estatal al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa de los terrenos de propiedad privada sobre los que también se asentaba.as una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició unas investigaciones que han concluido con que el edificio "incumple la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor”. Todo ello en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo, por contemplar la ocupación de suelo destinado a vía o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen, ocupación máxima permitida y los relativos a la superficie, que tampoco estaba justificada en el proyecto, siempre en relación a las condiciones particulares que la normativa establecía para esta zona".

Pese a que Costas no acababa de iniciar las obras, el Ayuntamiento decidió seguir con su parte de los trabajos. No fue hasta 2008 cuando se decidió parar la actuación ante la "imposibilidad" de lograr permiso para ocupar el dominio público y una vez que no cabían más recursos contra la sentencia que anuló la compraventa de los terrenos. Durante estos años ha sido larga la lista de testigos e imputados que han acudido por el Juzgado de Instrucción. Un proceso cuyo horizonte más inmediato ahora mismo es la apertura de un juicio oral.