La Directora del Gobierno en La Gomera incumple los nuevos estatutos 'anticorrupción' del PP

La promesa del PP de Canarias de expulsar a sus militantes imputados a los que se les haya abierto juicio oral acabaría ya, de aplicarse el nuevo reglamento anunciado por su ponente, el diputado Fernando Figuereo, con la carrera en el partido de Luz Reverón, la exconcejal de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife fichada en 2011 por el PP para ser directora insular de Gobierno en La Gomera.,

Reverón es una de las tres exconcejales de Santa Cruz de Tenerife acusados formalmente por la Fiscalía provincial de Medio Ambiente en el denominado caso Mamotreto, procesalmente solo a expensas de fijarse la fecha para el juicio oral, en el que tanto la actual directora insular del Gobierno de España en La Gomera como sus excompañeros de Consistorio y anterior partido, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, el ministerio público pide dos de años de cárcel para ella y tres para ellos.

Acusada, también con otros técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, la calificación de la fiscal Inmacualda Violán reclama también de los responsables de la comisión de supuestos delitos al amparar la construcción del mamotreto en la playa de Las Teresitas que paguen de sus bolsillos el derribo del edificio y la indemnización a la concesionaria de la obra, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y otras sanciones económicas.

Luz Reverón, como sucesora de Manuel Parejo al frente de la Concejalía de Urbanismo chicharrera, permitió de manera presuntamente ilegal que la obra del arquitecto Dominique Perrault continuara sin ningún viso de legalidad, autorizando varios modificados del proyecto.

Como ya informara en su día la periodista Belén Molina en CANARIAS AHORA, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado todos los recursos de apelación interpuestos por los siete imputados, después de que la Fiscalía elevara su escrito de acusación tras el auto judicial de procedimiento abreviado, y aunque el presidente de esa sala no ve escollo para la apertura del juicio oral, todo apunta a que tardará al menos un año más.

La acusación de la fiscal concluye que la obra otrora emblemática de Las Teresitas incumple tanto la normativa urbanística vigente como la que debía de entrar inminentemente en vigor, ya que ocupaba suelo público y dominio marítimo terrestre, aparte de contar con tres veces más volumetría que la contemplada en la ficha de modificación del Plan General de Ordenación.

Su derribo fue aprobado en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 18 de septiembre de 2009, acuerdo ratificado por un juzgado de lo contencioso el 17 de mayo de 2011. En un principio fue considerado una pieza de convicción por el juzgado de Instrucción 2, que fue el que investigó la causa, por lo que no podía ser demolido. Posteriormente, y tras el acuerdo plenario para reducirlo a escombros, el exalcalde Miguel Zerolo acudió a los tribunales para invalidar el acuerdo, pero no lo logró.