El 14 de abril de 1931, hace ahora 87 años, se proclamó la II República Española. Culminaba aquel día la gran aspiración de miles de demócratas españoles desde mediados del siglo XIX. Fue un día de fiesta, de esperanza en las reformas y en la modernización de España, tristemente truncada por el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista. 

En pocos días se han concentrado dos fechas de gran significación para los familiares y las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Dos efemérides que también tienen una enorme significación para los socialistas: el pasado día 24 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas; y hace unos días, el 1 de abril, se cumplía el 79o aniversario del final de la Guerra Civil y con ella la laminación de las esperanzas transformadoras, democráticas y de progreso impulsadas por el régimen republicano. 

Condenada por 40 años de mentiras y de tergiversación por parte de la liturgia nacional-católica, los medios de socialización de masas al servicio del “Nuevo Estado” y todos los resortes del poder franquista, la II República era enviada todos los 14 de abril a un exilio del que los demócratas, y en especial los socialistas como principales damnificados por la represión voraz que supuso nuestro protagonismo y defensa de la misma, debemos rescatar. Honrar los valores democráticos y las virtudes que representó la II República y alabar la Transición española no pueden ser cosas contradictorias sino complementarias. La experiencia republicana, los logros sociales, la Constitución de 1931 y las opiniones de sus protagonistas sirvieron para encauzar, desde la senda de la conciliación, la Transición española. 

Por todo ello el 14 de abril, debe ser un día de recuerdo y homenaje de todos los socialistas al conjunto de la sociedad española por lo que la República supuso para nuestra tierra: libertad, la generalización de derechos, el progreso social, la igualdad y la España civil. Poetas, escritores, profesores, médicos, políticos, jornaleros, maestros, empleados, funcionarios... asesinados, arruinados o empujados al exilio - exterior e interior- por el fascismo, nos deben recordar la esencia de la República para que su recuerdo sea el de Manuel Azaña, María Zambrano, Fernando de los Ríos, Luis Cernuda, Clara Campoamor, Diego Martínez Barrio, Federico García Lorca, Julián Besteiro, Niceto Alcalá-Zamora, Victoria Kent, Julián Zugazagoitia, Francisco Largo Caballero, Blas Infante, Antonio Machado, etc., y no el que se nos quiso imponer durante el franquismo. 

La educación, la escuela, se convirtieron en uno de los principales instrumentos de la vertebración y construcción de la nación tal como resumía Azaña en 1935 cuando señalaba que “la escuela es el escudo de la República y el campo de siembra de los demócratas del mañana”. Fruto de ese empeño y de esa convicción, solo en el primer bienio, la República construyó más escuelas que todas las que se hicieron en el período transcurrido desde 1875.

Aquella República descansa especialmente en la memoria de las aulas, los colegios, la cultura, la asistencia social, las reformas en el campo y en los derechos y la participación de las mujeres en la vida pública. Un conjunto de logros sin parangón en la corta vida de esta democracia que debe servir para que sigamos apoyando el proceso de recuperación de la memoria histórica, símbolo de la lucha de una mayoría de ciudadanos para defender las libertades, los valores y las virtudes republicanas. 

El gobierno del Partido Popular ni cree en la II República, ni en las víctimas, ni en la memoria democrática. Lo demuestra a diario y hace, además, ostentación pública de ello. En 2012 tomó como una de sus primeras medidas el cierre de la oficina de atención a las víctimas de franquismo y la eliminación de las ayudas públicas a todos los que trabajaban buscando desaparecidos en un país aún sembrado de fosas comunes.

La paralización en la práctica de la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que ha supuesto un hito fundamental para la recuperación de la dignidad de las víctimas olvidadas durante tantos años, y el veto a que se debata en el Congreso de los Diputados la reforma y actualización de la misma, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, es la señal inequívoca de que las derechas españolas, PP y Ciudadanos, no están tristemente por cerrar las heridas que suponen la existencia de más de 114.000 personas desaparecidas, fruto de una sistemática violación de los derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo, que yacen en las fosas comunes y cunetas de España. 

Frente a esto, los diferentes gobiernos socialistas y de izquierdas de diversas Comunidades Autónomas de España, en colaboración con las entidades memorialistas y los ayuntamientos, llevan casi dos décadas impulsando políticas de reparación económica, dignificando los espacios de duelo y memoria, exhumando fosas y recuperando cuerpos, y con ello la memoria de miles de españolas y españoles olvidados por la manipulada historia franquista. La Leyes de Memoria Histórica y Democrática impulsadas en diversas Comunidades Autónomas vienen a refrendar las reivindicaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición para con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista que sufrieron el olvido y la estigmatización, y de los colectivos que las representan.

En este sentido, este aniversario del 14 de abril debe servir también para celebrar la fuerza y las convicciones de progreso de toda esa generación de españoles y españolas que durante la II República y la Transición creyeron que la democracia, sus valores y la defensa de los derechos humanos eran la única vía para ganar el futuro y la definitiva modernización de España.