Meri Pita Cardenes.-No vamos a negar los beneficios que reportan, para el desarrollo de la función jurisdiccional, las jornadas de formación y actualización de conocimientos impartidas a Jueces y Magistrados.

Lo que no parece razonable, ni ético en los tiempos que nos toca vivir, es que dichas actividades de formación, incardinadas en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Canarias y el CGPJ, y que se llevarán a cabo los próximos días nueve, diez y once de Octubre de dos mil doce, se celebren en el Sur de la isla de Gran Canaria. Me explico: de entrada, ya a primera vista, llama la atención que se haya escogido como lugar para la celebración de dichas jornadas formativas, un municipio, eminentemente turístico (y ya van unas cuantas) al que asociamos una imagen de descanso y relax, desprendiéndose con ello la sensación de que la finalidad del Convenio suscrito, la formación de Jueces y Magistrados con destino profesional en Canarias, pasa a un segundo plano.

Si además nos dicen que el hotel elegido para el desarrollo de la citadas jornadas es el Hotel Lopesan Baobab Resort, Hotel ubicado en la, posiblemente, mejor y más moderna zona de descanso del Sur Gran Canario, en la costa de Meloneras, y descrito como un espectacular Resort cinco estrellas “inspirado en la calidez cromática africana”, y cuya habitación más económica casi llega al importe de algunas prestaciones o subsidios que miles de personas perciben como sustento de vida, los pelos se nos ponen como escarpias.

¿Debemos admitir como normal, en estos tiempos donde nuestros gobernantes no dejan de invocar el mantra de la austeridad para recortar sueldos, derechos, políticas sociales, presupuestos públicos… que los Jueces y Magistrados que deben impartir justicia, esa última puerta a la que acudimos todos en pos de nuestros derechos, se les sufrague y traslade a un lugar “idílico” y costoso para su desarrollo formativo?

¿La judicatura para formarse y actualizarse jurídicamente, le es imprescindible un “fantástico jardín tropical, compuesto de varias cascadas, ríos, playas de arena, piscinas y cabañas africanas”?

¿Resulta atrevido cuestionar sobre el fin que se da a los fondos públicos en un tiempo, en el que de manera casi inmisericorde, se detrae dinero de los distintos presupuestos (estatales, autonómicos,…) para políticas sociales? ¿No era posible desarrollar estas Jornadas de forma sectorial, en cada una de las islas, y en la sedes del ICAP sin necesidad de tener que cubrir dietas por estancia y desplazamientos?

¿Se nos acusará de desacato si decimos que estas noticias, chirrían y hacen daño a la consciencia del más tranquilo de los ciudadanos?

Con decisiones como éstas, no queda más remedio que pensar, que para algunos la crisis queda muy lejos, por ello desde hace tiempo una buena parte de la ciudadanía asiste, entre indignada y perpleja, al denigrante espectáculo que se deriva del manejo y destino que se da a los dineros públicos mientras al común de los mortales, se le aplican recortes y ajustes salvajes. Y es de justicia que sea por arriba donde debiera darse la mayor exigencia de austeridad ¿no les parece?.. austeridad exigible no sólo al Gobierno Autónomo sino también al órgano de Gobierno de los Jueces, cofinanciadores de estas Jornadas de Formación en un Complejo cinco estrellas, y con el estigma, todavía reciente, del tsunami ocasionado por el llamado caso Dívar. ¿No sería bueno que los Jueces y Magistrados no se dejaran llevar por estos derroteros, que pueden acabar convirtiéndolos en una casta de privilegiados alejados por completo de la sociedad a la que sirven?

En definitiva: actividades, jornadas y convenios encaminados a la formación de “todo” el personal adscrito a la Administración de Justicia, SÍ. ¿Es necesario que esa formación se deba llevar a cabo en Complejos Hoteleros cinco estrellas súper lujo con cargo a fondos públicos? Rotundamente NO.

Y menos aún en estos difíciles momentos, en los que la Comunidad Autónoma de Canarias ha decidido acudir al Fondo de Liquidez estatal solicitando setecientos cincuenta y siete millones de euros con los que hacer frente al pago de préstamos, al pago de nóminas y proveedores por no haber dinero en la Caja autonómica para poder hacerlo y que, con total seguridad, derivarán en nuevas medidas de ajuste y de recortes a la población.

La justicia y los jueces que la sirven debe ser como la mujer del Cesar: no solo serlo, sino aparentarlo.

  Meri Pita Cardenes es Presidenta de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de la Provincia de Las Palmas