Luis Pérez Aguado.-No siempre el binomio político-empresario resultó lo más adecuado ni lo más conveniente para nuestras islas. Con bastante frecuencia hemos vistos como se han pasado los límites establecidos y, desde instituciones públicas en connivencia con determinados empresarios, se han cambiado ordenanzas, se adaptaron o se hicieron leyes ex profeso para favorecer operaciones urbanísticas y proyectos que, definidos de interés general, sólo favorecían a unos pocos. Mientras se llenaran las alforjas poco importaba el daño que provocaran a nuestro medio natural o a las especies protegidas.

Ya me decía un amigo que las leyes son como las salchichas: Mejor no saber como fueron hechas. Esto, que parece un chiste si no fuera por lo dramático, viene a demostrar, que, aunque figure en nuestra Carta Magna, en España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, sino solo a los partidos que los ponen en una lista.

Impasibles, estamos viendo, cada vez con más insistencia, como las leyes se hacen, no siempre a favor del interés general, sino a la medida de intereses particulares, guiados por ideologías, prejuicios clasistas y por las directrices que marcan las formaciones políticas que están en el poder, que más bien parecen inmobiliarias y sucursales bancarias al servicio de los poderes económicos.

Tampoco se queda atrás el nivel de cinismo de nuestros representes políticos a la hora de “colocar” sus desvergüenzas y desmanes a un pueblo, que intentan sea inculto, ignorante y sin criterio, empleando en sus grandilocuentes intervenciones términos que ni ellos entienden, y creo que ni las madres que los trajeron al mundo tampoco. Un ministro, no importa cual, todos son clones y reciben las mismas consignas, ordena un “proceso de regularización de activos ocultos” ¡Tiene tela el enunciado! Luego nos venimos a enterar que se trata de una amnistía fiscal, o dicho de otro modo más bonito, que las leyes del Estado ampararán a los especuladores que durante toda la vida han estado defraudando al fisco. ¡Muy buen ejemplo para los honrados de toda la vida! Es lícito pensar que tras la norma se esconde un trato de favor a los poderosos. Y si alguien se atreve a mostrar su desacuerdo en la calle será tachado, como es uso y costumbre por los que rigen nuestros destinos, de inadaptado social. Y así, con tales palabritas y verborrea, ha pasado con todos los ministros del gabinete tratando de encubrir sus reformas, rescates, farsas y subidas del IVA.

Nos vienen con el cuento de que la sanidad “gratuita” es insostenible, cuando la sanidad nunca fue gratuita sino financiada colectivamente con nuestros impuestos. Esto dicho miles de veces termina por cuajar y creer que el causante del déficit es el enfermo y que, por su debilidad, tiene que ser penalizado con un (re)pago.

Y la realidad, triste realidad, es que la sanidad es un gran negocio. Por eso hay recortes, no porque la cosa vaya mal. Sino porque con la privatización se consiguen pingües beneficios. Y si no que se lo pregunten a los nuevos millonarios, familiares y dirigentes, de la comunidad de Castilla-La Mancha, que ha puesto en manos privadas, nada menos que cuatro hospitales públicos. Esa misma comunidad que disimula un tenebroso programa de recortes con eufemismos como “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” cuando la realidad es que de “garantía” no la tiene ni oculta bajo un sillón polvoriento.

Y todavía no nos aclaran los economistas del dogma de la austeridad el por qué, cuando los estados no pueden pagar pensiones ni medicamentos ni maestros, los más ricos, influyentes y poderosos magnates del país aumentan de forma desproporcionada sus riquezas. O por qué en estos momentos, en que no se puede gastar lo que no se tiene, el Ministerio de Defensa, cuyo titular fue y sigue siendo un poderoso asesor de empresas de armas, se le concede un crédito extraordinario de 1.782,7 millones de euros O por qué la cartera de Empleo la ostenta quien nunca trabajó (sólo en política) y ahora es la que ha puesto en marcha la reforma laboral más trágica que han tenido los españoles. O por qué tras las privatizaciones los primeros colocados en las empresas privatizadas son los gobernantes que las privatizaron. Por qué a los ministros y dirigentes políticos (aún con la ley en contra) se les permite seguir siendo asesores de empresas privadas.

Y en este río revuelto de la crisis hay ganancia segura de empresarios. Así, por lo menos debe creerlo el Círculo de Empresario de Gran Canaria. Su presidente se manifestó agriamente hace unos días pretendiendo marcar las pautas que debe seguir el gobierno autonómico. Dicho de otra forma, le marcó los deberes para que ellos pudieran crear empleo (o ¿hacerse ricos?) Lo que en principio pudiera ser lo más natural del mundo como tratar de desatascar proyectos que pudieran estar empantanados, resulta sospechoso que su manifiesto haga alusión a aquellos aspectos que sus representantes tengan intereses propios y no en aquellos otros que pudieran ser beneficiosos para las islas. Así por ejemplo, no se tiene en cuenta el desarrollo energético de las islas con energías limpias, capaces de crear empleo cualificado, a pesar de que su manifiesto “plantea grandes cambios con políticas realistas” sí, en cambio, se refiere a las prospecciones petrolíferas en nuestras costas, de las que el propio presidente empresarial pudiera conseguir algún bien para los astilleros de los que es propietario.

Si bien pudiera ser lícito e, incluso, beneficioso, sacar tajada, no lo es tanto cuando está en juego nuestra supervivencia y cuando se utiliza la piqueta para acabar con nuestro patrimonio natural o cuando nuestras costas se llenan de adefesios de cemento sólo para satisfacer el afán de lucro de algunos poderosos. Aludiendo a “una sociedad madura” se pretende llegar a la fibra sensible de los canarios para, probablemente, ocultar otros intereses como el de desmantelar servicios públicos que la iniciativa privada ¡como no! está dispuesta a rescatar con los brazos abiertos y a sustituirlos por otros más modernos y… bien pagados, naturalmente. Por supuesto, está incluido en el manifiesto la educación y la sanidad, que, en algunas comunidades, tras privatizar servicios y hospitales públicos los nuevos propietarios están recibiendo cuantiosos beneficios.

Pero si seguimos con detalle el comunicado de los empresarios isleños notaremos la clara complicidad que existe con una formación política, que no es precisamente la que gobierna en la comunidad, de ahí, posiblemente la agresividad mostrada. Tal posicionamiento se debe, con toda probabilidad, a que el empresariado intuya que con esta formación pueda sacar mejor provecho. Por eso no nos extrañan actitudes de patio de colegio, como la mostrada por un empresario del motor que, después de unas críticas exacerbadas al presidente de la comunidad canaria, se recibiera al poco tiempo en la prensa la noticia del Ministro de Industria anunciando ayudas para dicho sector y un plan Renove, que, finalmente, no pudo ser.

Esta forma de proceder de determinados sectores políticos en connivencia con las oligarquías financieras, que utilizan todo tipo de propaganda y servicios de control para conseguir sus fines es, sin lugar a dudas, uno de los colosales borrones que tiene nuestra enferma sociedad.

 Y así estamos, a merced de muchos vividores que tratan de llenarse las talegas mientras la mayoría de los ciudadanos sufre las medidas de ajuste por la, que llaman, crisis.