El cohecho o soborno es la forma de corrupción por antonomasia hasta tal punto que muchas veces, para simplificar, se utiliza este nombre especifico como equivalente a la denominación genérica de corrupción pública. Su práctica es habitual y apenas si es objeto de reproche ético puesto que vivimos en una cultura del soborno, del pelotazo en palabras llanas. La cultura del soborno, cuando se suaviza, se convierte en la cultura del regalo, de práctica universal. Si es muy duro decir que se trata de “comprar” al favorecedor, de lo que en todo caso se trata es de “ganárselo”.

El cohecho forma parte de nuestra vida, gastado de ordinario en simpática calderilla, que empieza en la propina para obtener la afabilidad de un camarero huraño, y que puede llegar a circular en barras de oro cuando se trata de servicios importantes. Con este trasfondo cultural el soborno termina corrompiendo la vida pública a través de múltiples subvariantes.

Su finalidad ordinaria es obtener una decisión futura que favorezca al sobornante. Se da una dádiva “para” obtener algo: bien sea para provocar el dictado de una resolución positiva, una calificación de suelo, la adjudicación de un contrato de obras o servicios; medio eficaz de conseguir una licencia o una subvención o un destino; o bien sea de carácter pasivo –evitar una sanción o perjuicio-, a cuyo efecto se entrega la consabida “mordida” al agente de tráfico (cuya honestidad está en España, por cierto, muy por encima de la media funcionarial) o, de forma más refinada, se da trabajo por la tarde al policía o al inspector fiscal que está por las mañanas ocupado en sus labores administrativas o, en un estilo de elegancia suprema que hoy empieza a generalizarse, se ofrecen conferencias bien retribuidas al juez instructor. En cualquier caso, la mano represora, debidamente engrasada, resbala sobre la ley.

El Código penal conoce todas estas modalidades y pormenoriza con precisión los distintos objetivos que el corruptor persigue: en unos casos un hecho delictivo, en otros un mero ilícito no castigado penalmente, a veces algo no prohibido e incluso algo a lo que se tiene derecho.

En el Código penal, el llamado cohecho pasivo impropio alude, en fin, a una variedad de cohecho en el que se entrega una dádiva no ya “para” que el corrompido realice u omita algo de futuro sino en pago, a posteriori, de algo que ya ha hecho e incluso como agradecimiento genérico a las actividades propias del cargo.

Por poner un ejemplo muy sencillo, cordial e inocente, aquí puede encajarse los trajes de Camps, los cabritos de Curbelo y las cestas de Navidad (que pueden contener unos paquetes de turrón de saldo y licores de cantina o joyas costosas y hasta unos Red Bull para el político corrupto y su familia). Las cestas de Navidad –tomadas aquí como imagen de todas las dádivas imaginables- suavizan las relaciones entre políticos o funcionarios y ciudadanos y al tiempo que muestran el agradecimiento del donante por hechos pasados, preparan favores de futuro: la cesta tiene dos asas, una pequeña que mira al pasado y otra más generosa que mira al futuro.

En “El Digital de Canarias” el empresario Antonio Pérez publicó un artículo -Mi calvario urbanístico a cuenta de Casimiro Curbelo- en el que nos cuenta parcialmente los avatares de sus tortuosas relaciones empresariales con el presidente del Cabildo gomero. Son numerosos los imputados por los presuntos sobornos y otros delitos de corrupción pública en las diferentes causas penales que se sustancian en el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera. Al margen del grado de participación en que pudieran incurrir los imputados, es llamativa la ubicua intervención, como autor principal, en todas las causas abiertas, del presidente del Cabildo gomero, el socialista Casimiro Curbelo.

Por la información que vengo acopiando desde hace años y por el conocimiento personal que tengo de este maleante, he llegado a la absoluta convicción, que donde hay corrupción ahí encontramos a Curbelo; y donde encontremos a Curbelo, ahí hay corrupción.

Antonio Pérez se refiere en su artículo, sin desvelar su identidad, a un importante político del PSOE que medió como conciliador en los desencuentros entre el sobornante y el sobornado, Pérez y Curbelo. En un asunto de esta índole la condición del importante político muñidor declina, dando paso a la decadencia de un político delincuente común. En la jerga penitenciaria, un chorizo vulgar.

Aún persiste la duda de si el producto del chantaje y la rapiña lo son a beneficio particular o son compartidos con la financiación irregular del PSOE.

A diferencia de nuestros remisos –por no decir cobardes- coterráneos, un puñado de gomeros afines en la misma causa, solidariamente nos concertamos para conjurar el caciquismo y la corrupción que desde el inicio de la Democracia vienen diezmando a la Isla; pisoteando cualquier brote de honestidad, de moral y de dignidad en la vida pública. En consecuencia, cumpliendo con un deber cívico decidimos denunciar ante la opinión pública, los medios de comunicación y la Fiscalía Anticorrupción las múltiples fechorías y la contumacia delictiva de éste presidente de Cabildo vergonzante y de su séquito mafioso. En otra ocasión daremos la relación nominal de todos los imputados.

Hay que significar que éste esfuerzo, este empeño en denunciar y perseguir los delitos de corrupción pública en La Gomera, habría sido estéril sin las laboriosas investigaciones de la policía judicial; en este caso, la Guardia Civil.