Las corporaciones locales, ayuntamientos, y también cabildos en el caso de Canarias, han tenido que multiplicar sus esfuerzos para poder atender a la población, cuyos requerimientos se han incrementado como consecuencia de la falta de recursos y los problemas que han traído consigo la crisis económica y las medidas para equilibrar las cuentas y reducir el déficit público.

De sobra es conocido que ayuntamientos y cabildos son las primeras puertas a las que llama el ciudadano cuando necesita ayuda; se trata de las entidades públicas más próximas, y por ello resulta muy difícil entender que el Gobierno del Estado proponga suprimir muchas de estas instituciones.

Un supuesto ahorro es el argumento esgrimido desde el Gobierno nacional, pero ¿se puede defender este planteamiento al mismo tiempo que se baraja respaldar a la banca privada con una inyección de dinero público que prácticamente equivaldría a ese supuesto ahorro? ¿Se genera realmente algún efecto positivo si se aleja a miles de vecinas y vecinos de la entidad que los representa?

El Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo español incluye en el Programa de Estabilidad 2012-2015, aprobado por el Consejo de Ministros a finales del pasado mes de abril y enviado ya a Bruselas, recoge una racionalización de corporaciones locales con menos de cinco mil habitantes.

El Ministerio de Hacienda estudia agrupar localidades, y los municipios afectados en el Archipiélago serían Fasnia, El Tanque y Vilaflor, en Tenerife; Barlovento, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tijarafe y Villa de Mazo, en La Palma; Frontera y El Pinar, en El Hierro; Betancuria, en Fuerteventura; Artenara, Tejeda y Valleseco, en Gran Canaria, y Agulo, Alajeró, Hermigua y Vallehermoso, en La Gomera.

De los 8.116 municipios que tienen menos de cinco mil habitantes en todo el país, veintiún se encuentran en Canarias. Hay que pensar en determinar políticas para que haya inversión, estímulo a la economía y empleo, pero lo que no se puede permitir es que las reformas fiscales siempre recaigan en los más débiles. Eso sí, dicen que se persigue "delimitar las competencias de las administraciones locales y garantizar una financiación sostenible".

¿Está, además, España, a título general, y Canarias, de forma más concreta, en condiciones de asumir los riesgos de destrucción de empleo que puede conllevar la fusión de ayuntamientos, cuando se padecen las mayores tasas de paro de toda Europa? ¿Acaso se han tenido en cuenta las condiciones orográficas y la fragmentación de los territorios, que son bastante relevantes en comunidades autónomas como nuestro Archipiélago?

La fórmula para reducir costes no es quitar corporaciones locales, sino clarificar el panorama competencial para evitar duplicidades y triplicidades, tal y como han venido reclamando desde hace muchos años cabildos y ayuntamientos. Más eficaz sería, por ejemplo, insularizar algunos servicios públicos que en la actualidad asumen los ayuntamientos de manera individual, como puede ser la recogida de residuos urbanos. De todos los municipios de España, más del cincuenta por ciento tiene menos de mil habitantes, y es ahí donde se tiene que recortar, pero no en Canarias, donde no existe ningún ayuntamiento con ese número de habitantes, por lo que no sobra ninguno.

También han sido muchas las ocasiones en las que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de mancomunar servicios, pero sobre todo la necesidad de una mayor colaboración entre administraciones para garantizar los servicios que requiere la ciudadanía, y que implica el respaldo de la entidad general a la local, un apoyo que nada tiene que ver con las fórmulas impuestas desde arriba y sin posibilidad de negociación.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ya ha mostrado su más absoluto rechazo a la propuesta, que también cuenta con el respaldo del equipo de gobierno del Cabildo de La Gomera y de otras muchas instituciones insulares.

Se ha hecho público también el rechazo de destacados dirigentes del Ejecutivo regional, que tiene previsto abordar en pocos meses un plan de reorganización de la Administración pública canaria y que es urgente. La negociación y la búsqueda del consenso deben ser la base de ese programa canario, que en base al interés general no puede perder nunca de vista el valor de las corporaciones locales.