Alonso Trujillo-Mora.-Si nos disponemos a conmemorar su bicentenario, convendría conocer, también, qué es lo que nos cuentan las crónicas de la época.

El 24 de septiembre de 1810 por la mañana, dos centenares de diputados, en representación de las ciudades y provincias de España, se congregaron en el ayuntamiento de la Isla de León (la actual ciudad de San Fernando, adyacente a Cádiz). Salieron en comitiva hacia la iglesia parroquial, donde el cardenal primado, arzobispo de Toledo, celebró una misa. A continuación, se preguntó a cada uno de los diputados: ¿Juráis la santa religión católica apostólica romana sin admitir otra alguna en estos reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la Nación española y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la Nación? Si así lo hicierais, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Todos los diputados presentes juraron afirmativamente, y acabados los actos religiosos, los regentes y los diputados se trasladaron al salón de Cortes, situado en el teatro Cómico de la isla de León. Así quedaban inauguradas las Cortes Generales y extraordinarias, la asamblea que pasaría a la historia con el nombre de Cortes de Cádiz. El mismo 24 de septiembre, las Cortes aprobaron su primer decreto en el que los diputados se proclamaban representantes de la Nación española y afirmaban que en ellos residía la soberanía nacional, reservándose el poder legislativo en toda su extensión. Era una decisión revolucionaria, con la que las Cortes despojaban al monarca de su poder absoluto y sentaban las bases de un régimen constitucional, el primero de la historia de España.

Todo había comenzado dos años antes, en 1808, con la entrada en la Península de los ejércitos de Napoleón, emperador de Francia. La invasión inesperada provocó un verdadero colapso de las estructuras del régimen absolutista; todo el entramado político de la monarquía borbónica se vino abajo, empezando por el rey, Fernando VII, que se encontraba retenido en Francia por Bonaparte. En esta situación de vacío de poder, mientras se producían los primeros enfrentamientos entre los soldados franceses y los guerrilleros del país, se formaron de manera casi espontánea juntas de gobierno, locales y provinciales, que se organizaron, a su vez, en juntas supremas (regionales). En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, que se instaló en Aranjuez, pero, en diciembre de aquél año, ante el avance de las tropas de Napoleón, se retiró a Sevilla y posteriormente a Cadiz.

Ante la ausencia de Fernando VII, los españoles, a través de todo un sistema de juntas, se habían dado un Gobierno con la misión de coordinar la resistencia contra los franceses. Para algunos se trataba de una situación de emergencia y todas las juntas tenían carácter provisional mientras el rey no pudiera volver a España y recuperar su pleno poder. Pero otros pensaban que aquello era una oportunidad para crear un nuevo sistema de gobierno, más justo y más representativo que el régimen absolutista de los reyes borbónicos. Soñaban con aprovechar la guerra contra Napoleón para hacer en España una revolución política como la francesa de 1789. Fue así como surgió la reivindicación de convocar las Cortes. La institución de las Cortes se remontaba a la Edad Media, cuando en cada uno de los reinos de la Península existían asambleas en las que estaban representados los tres estamentos de la sociedad: la nobleza, el clero y las villas y ciudades. Las Cortes aprobaban leyes y a veces se enfrentaban al poder del rey. Sin embargo, desde el siglo XVI habían entrado en franco declive como consecuencia del afianzamiento del poder absoluto de los monarcas; y en el siglo XVIII o habían desaparecido o se convocaban en ocasiones muy contadas. Ahora, muchas voces se alzaban para exigir que se restablecieran aquellas Cortes con todas sus prerrogativas. Aunque, en realidad, más que resucitar una institución medieval lo que querían era crear una asamblea nacional que asumiera toda la soberanía, como había sucedido en Francia en 1789.

En septiembre de 1810 Cádiz padecía una epidemia de tifus que no fue a mayores; pasado el peligro, desde enero de 1811, las Cortes se trasladaron a Cádiz y se instalaron en la iglesia de San Felipe Neri. Los diputados que asistieron a las Cortes de Cádiz procedían de toda España y hasta de América, pues las Cortes pretendieron dar los mismos derechos a los españoles del Nuevo Mundo. La mayoría eran abogados, eclesiásticos y funcionarios, predominando los pertenecientes a la burguesía. Entre los diputados se manifestaron tres tendencias: los absolutistas, representantes de la ideología conservadora, que interpretaban la situación como puramente coyuntural y que sostenían que todo se resolvería con la expulsión de los franceses y la vuelta al trono de Fernando VII,/ los jovellanistas, ilustrados, francmasones, seguidores del eminente político, jurista y ensayista Gaspar Melchor de Jovellanos; admitían que, en la coyuntura que vivía el país, el pueblo tomara la primacía de la acción de gobierno, pero no admitían un uso revolucionario del poder; la soberanía no era propiedad del rey ni del pueblo, sino del rey y las Cortes./ Los liberales que, partiendo de la crisis de la monarquía, pretendieron aprovechar las consecuencias del triunfo de la soberanía nacional en la guerra; sus ideas se fundaron en las de la Revolución Francesa y, como en Francia, deseaban dar vida a una constitución que recogiera y consagrara estas ideas. En realidad fueron estos últimos, los liberales, quienes llevaron la voz cantante, ayudados por el ambiente que se vivía en Cádiz, que se había convertido en un auténtico hervidero de liberales. Incluso la mayoría del clero regular de Cádiz fue liberal porque estuvo próximo a planteamientos igualitaristas, de apoyo a los débiles y de lucha contra los privilegiados.

La prensa jugo también a favor de los liberales. En noviembre de 1810 las Cortes decretaron la libertad de imprenta, suprimiendo la censura previa de las obras políticas. Después de años de censura y prohibición existía la posibilidad de opinar libremente. Los debates se hicieron públicos, surgieron tertulias y se multiplicaron los periódicos y las publicaciones; entre los liberales destacaron el Conciso, el Semanario Patriótico y El Robespierre Español. La oposición absolutista, que también contaba con sus medios se encontraba en clara desventaja frente a los defensores de la transformación liberal del Estado. Los cafés se convirtieron en nuevos espacios sociables y sociales de debate de ideas. Los asistentes al café de Cadenas o al León de Oro, entre otros, se enzarzaban en apasionadas polémicas a partir de la lectura de las crónicas de las sesiones de Cortes que publicaba el Semanario Patriótico. Mientras, la juventud gaditana, enardecida por los discursos y las soflamas, se alistaba en los diversos batallones de voluntarios que se formaron para la defensa frente al invasor.

La labor legislativa de las Cortes de Cádiz fue trascendental. Muchos decretos tuvieron por objetivo abolir las instituciones del antiguo régimen, como el régimen señorial de la propiedad de la tierra, la Inquisición o las pruebas de nobleza. También suprimieron las instituciones de control económico y social o que coartaran la libertad individual, como los gremios.

El debate en torno a la Inquisición levantó auténtica pasión. En su abolición jugó un papel destacado el sacerdote y diputado gomero doctor Antonio José Ruiz de Padrón. Los liberales, imbuidos por las ideas de ilustrados y enciclopedistas del siglo XVIII y por los principios de la Revolución Francesa, veían en el tribunal del Santo Oficio un enemigo de la tolerancia y la libertad. La Inquisición también tuvo sus apologistas, sin embargo, fueron los liberales los que impusieron sus tesis. El 22 de febrero de 1813, la Inquisición fue declarada incompatible con la Constitución política de la monarquía (Constitución de Cádiz).

La ley de mayor trascendencia que aprobaron las Cortes de Cádiz fue la Constitución, base de la reforma de todo el entramado jurídico y político absolutista. El texto establecía un modelo liberal de Estado, basado en la división de poderes: El monarca se encargaba del gobierno y la administración; la potestad de hacer las leyes residía en las Cortes, aunque el rey debía sancionarlas o vetarlas solo durante dos años; mientras que los tribunales de justicia eran los responsables de aplicar la ley. Se trataba de un sistema muy avanzado para la época y de hecho se convertiría en modelo de otras revoluciones liberales. En realidad, su principal fuente de inspiración fue la Constitución francesa de 1791. Los postulados de la Constitución de 1812 fueron, por ello, muy radicales para la época, en particular el de atribuir el poder legislativo a una Asamblea Nacional, excluyendo toda cámara alta o senado aristocrático y limitando el poder real de veto. Éste radicalismo hizo que años después los revolucionarios de Portugal, Italia e Hispanoamérica la tomaran como modelo; y que en España, tras ser restaurada en 1820-1823, fuese sustituida, desde 1837, por constituciones más moderadas.

El texto definitivo de la Constitución fue promulgado el 19 de marzo de 1812, día de San José; de ahí el nombre popular de “La Pepa”, que más tarde se le daría. A pesar de la lluvia y de la proximidad del ejército francés, ese día las muestras de júbilo fueron generales y los cronistas cuentan que se oían vítores y aplausos por toda la ciudad. Los diputados marcharon en una comitiva, entre las aclamaciones y las canciones patrióticas de la población. La noticia corrió como un reguero de pólvora por toda España y las provincias se fueron sumando a la celebración en la medida en que lo permitía la ocupación francesa.

La retirada de los franceses en 1814 llenó de esperanza a los patriotas de Cádiz. Los diputados se trasladaron a Madrid, con la esperanza de que el sistema que habían fraguado en Cádiz se consolidaría en un país liberado y pacificado. Pero el triunfo se convirtió para todos ellos en una pesadilla. Al volver a España Fernando VII, el rey felón, firmó en Valencia un decreto en el que comunicaba que no juraba ni aceptaba la Constitución ni ningún decreto de las Cortes, sino que declaraba aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto. El 11 de mayo, los diputados recibieron la orden de disolución, mientras los partidarios del rey recorrían las calles de Madrid al grito de ¡Viva la religión!, ¡Abajo las Cortes!, ¡Viva Fernando VII!, ¡Viva la Inquisición! De nuevo el oscurantismo, la opresión y el absolutismo reaccionario.