La actual crisis económica está haciendo estragos en las pymes y no es para menos, la estructura laboral y financiera de este tipo de empresas requiere urgentemente una reforma para subsistir porque de lo contrario, la mayoría no sobrevivirá a esta situación.

Existen diversas formas de definir la pyme, se puede hacer mediante criterios cuantificables o mediante criterios no cuantificables. Si utilizamos los criterios cuantificables, debemos de utilizar el número de empleados, el número de socios, el beneficio de la empresa, la cifra de negocio, el número de clientes etc..., pero también se pueden utilizar otros criterios tales como la independencia existente entre la gestión y la propiedad de la empresa, los sistemas y niveles de información, la penetración en el mercado.

El 1 de enero de 2.005, entró en vigor la recomendación de la comisión de 6 de mayo de 2.003, que establece una nueva definición de la Pequeña y Mediana Empresa con el fin de que los programas de ayuda tanto nacionales como europeos a favor de este tipo de empresas, favorezcan el impulso de las autenticas pyme, según la Comisión de las Comunidades Europeas, se considerará empresa toda entidad independiente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica, en particular se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otra, a título individual o familiar.

La comisión de las comunidades define a las pymes como la empresa que está constituida por menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

Al mismo tiempo, define a la empresa pequeña como aquella que está constituida por menos de 50 trabajadores y cuyo volumen de negocio o balance general no supera los 10 millones de euros y las microempresas como aquellas con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no supera los 2 millones de euros.

En el área sudamericana las pymes tienen semejantes parámetros que en España, para su clasificación, siempre son el volumen de facturación y el número de empleados. Sin embargo, en otros países, como India y Japón, los parámetros se establecen según el criterio que éstas tengan en la inversión.

En todo caso, bien el criterio de la facturación y número de empleados, bien el criterio de inversión, lo cierto es que las pymes obedecen siempre a un mismo formato, constituyen el mayor número de empresas de un País.

En España, al 1.1.2011 se contabilizaron 3.246.986 empresas, de las cuales el 99,88%, es decir 3.243.185 son pymes (menos de 250 trabajadores), sin embargo, como por otra parte es lógico, la destrucción de pymes es mecánicamente muy acelerada en los últimos años, especialmente en el sector de la construcción y en el sector de servicios.

Es importante señalar que las pymes españolas generan más del 60% del empleo empresarial. Por territorios, las pymes se extienden con estos conceptos por toda la geografía española, sin excepción, sin embargo, si se nota en el área mediterránea un fuerte incremento respecto a otros lugares del interior del país.

Desde luego lo que se aprecia es una necesidad de apoyar los proyectos de las pymes, no solamente desde la Administración con medidas incentivadoras especialmente en I+D, sino también se hace necesario un sistema de subvenciones ligado al premio de la productividad y generación de empleo, como el de la evitación de los accidentes de trabajo.

Así, la famosa reforma laboral de Mariano Rajoy, el Real Decreto Ley 3/2012, trata de facilitar la contratación de trabajadores por parte de las pymes que representan la mayor parte del tejido productivo de nuestro país. Con esta finalidad se crea una nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido de la que solo podrán hacer uso las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores y que, pese a la situación de crisis empresarial, apuesten por la creación de empleo.

Este contrato, que en principio se presenta como una alternativa al rígido y caduco sistema de contratación español, ha sido visto con muy buenos ojos tanto por el empresariado español, como por los asesores laborales que, en definitiva, son los auténticos gestores de la pyme y a ellos les compete ahora, la obligación de aconsejar a los pequeños y medianos empresarios el uso de este instrumento.

Sin embargo, sindicatos y determinados sectores de la Judicatura, han criticado muy especialmente el periodo de prueba que la reforma contempla en este instrumento y que se extiende hasta un año a diferencia de lo preceptuado en el estatuto de los trabajadores cuyo plazo máximo es de seis meses.

Lo más característico de este instrumento es precisamente facilitar el empleo en las pyme, entendiendo en este caso que será pyme la empresa que tenga menos de 50 trabajadores.

Es cierto que el Gobierno ha sido sensible a las pymes, esto es innegable pues no solamente a la potenciación de la contratación como este contrato se refiere, sino también que la reforma laboral les afecta muy especialmente.

No podemos obviar que la aplicación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no tienen los mismos efectos y las mismas consecuencias en una empresa pequeña, de menos de 30 trabajadores, que en una empresa grande, de más de 300 trabajadores. El trabajo es el trabajo en todos los niveles, ordenes, situaciones y territorios, pero lo cierto es que la aplicación de determinadas medidas de Derecho Laboral no tiene las mismas consecuencias en uno o en otro tipo de empresa.

Pero las pymes siempre están en desigualdad de condiciones con las grandes empresas, no es igual negociar un Expediente de Regulación de Empleo para una empresa de 500 trabajadores con las consecuencias que esta decisión puede tener en una determinada zona, que un ERE en una empresa de 10 trabajadores, cuyas consecuencias para una determinada sociedad, no son vitales, es decir, la pequeña empresa no tiene el mismo valor que la empresa de gran tamaño, ni para las autoridades, ni para la sociedad en general.

Esta visión la hemos visto todos los que nos dedicamos al asesoramiento empresarial en innumerables situaciones, pero obviamente, la situación más escandalosa se observa en el cierre, cuando quien está a punto de cerrar es una gran empresa, no solamente la dirección, sino las autoridades más próximas (alcaldes, diputación) como las más remotas (Comunidad Autónoma o el propio Estado), hacen lo imposible por evitar el cierre patronal; sin embargo si quien va a cerrar es una micropyme, como, generalmente, el volumen de facturación y empleo que representa apenas supone influencia negativa en la zona, nadie les presta atención.

Craso error, pues el gran problema de la destrucción de empleo en nuestro país, no se encuentra en la gran empresa, sino en el cierre de la pequeña y mediana empresa, en las miles y miles de pymes y de trabajadores de estas empresas que han ido desapareciendo discretamente, sin ruido, sin crónicas, sin televisión.

Es muy difícil la organización empresarial de este tipo de empresas porque, a diferencia de los trabajadores, entre los empresarios no existe ni conciencia de clase, ni otro tipo de interés, ya que cada empresa tiene unas características especiales, sin embargo los trabajadores sí que se encuentran unidos bajo el amparo de un Sindicato con idénticos criterios sindicales, la negociación colectiva, por esta razón, las pymes juegan en manifiesta desventaja en cualquier tipo de negociación con sus hermanas mayores las grandes empresas.

En España, las pequeñas y medianas empresas son tuteladas por la Administración Pública por medio de la Dirección General de Industria y de la pyme integrada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A su vez, se integran en asociaciones empresariales, cuya finalidad es la defensa de los intereses de sus asociados, sin embargo, todas estas acciones proteccionistas o representativas, apenas generan resultados positivos debido a la escasa eficacia de los acuerdos entre los asociados por una parte y al escaso número de pymes que representan. Aun así, con todo esto en contra, lo cierto es que las pymes cumplen en la Unión Europea y, especialmente en España, un importante papel.

En la actualidad, la masiva destrucción de empresas especialmente micropymes (aquellas cuya plantilla laboral no excede de 10 trabajados) se ha hecho patente.

En estadísticas, una de las causas fundamentales ha sido la endeble estructura económica y financiera ligada a la falta de financiación ajena. La micropyme española ha estado en manos de la banca, especialmente en el crédito y ha sido en estos últimos años cuando se ha visto el resultado de una planificación empresarial muy frágil.

Las empresas surgidas en la última década especialmente con el boom de la construcción, prácticamente han desaparecido, el caos económico y especialmente financiero motivado por la falta de liquidez y la nula posibilidad de obtención de financiación bancaria han dado al traste millones de sueños e ilusiones.

La Unión Europea ha tenido que tomar medidas en nuestro país, llevando a cabo un rescate cifrado en más 100.000 millones de euros y especialmente dirigido a la Banca para equilibrar sus balances, espero que esta medida contribuya a la concesión del crédito, de no ser así, de nuevo asistiremos a otro crimen masivo de la pequeña y mediana empresa.

Ante un panorama incierto y con apariencia de recuperación, los pequeños empresarios esperan con recelo los movimientos de los mercados, especialmente los movimientos de la Banca, si el crédito fluye de nuevo a las empresas y a las familias, nuestra recuperación será rápida, pues la empresa española a pesar de que no está organizada gremialmente, si que tiene una gran conciencia y vocación de la actividad empresarial, sin embargo si de nuevo los Bancos hacen acopio de capitalización para sanear sus balances y evitan la financiación, de nuevo tendremos que sufrir.

Yo creo que ha llegado el momento de que el Estado juegue un papel más protagonista en el mercado empresarial tutelando el mercado, interviniendo en aquellas actividades como la bancaria, cuando sus actuaciones aún siendo lícitas sean contrarias al sentido común y me estoy refiriendo a la evitación de la financiación masiva y descontrolada, como se hizo en la década del 2.000 al 2.010.

Todas estas medidas junto al pago de las deudas contraídas por el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos a las grandes empresas y por supuesto a las pymes, espero que puedan contribuir a reactivar una economía y un empleo que vive sus horas más bajas, ayudando a salir de una crisis que parece que no toca a su fin.

Por Javier San Martin Rodríguez

Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España.

http://www.elderecho.com