Inquietud ante lo que pueda ocurrir el primero de octubre y sobre lo que está por venir después de un referéndum tan ilegal como frustrante e irresponsable. Y tristeza porque, más allá del ámbito político y judicial, la espiral que se ha desatado anuncia una fractura social que tardará muchísimos años en cerrarse. O puede que nunca llegue a cicatrizar.

Los ciudadanos catalanes son, en primera y última instancia, las principales víctimas de una lamentable pinza de errores y de estrategias poco responsables. Son ellos los que están pagando y pagarán las facturas de un enfrentamiento que pudo evitarse, o al menos reconducirse para reducir los daños colaterales tanto en el ámbito institucional como ciudadano.

Hace ahora cinco años que al malestar social generado por una crisis económica global se unió, en el caso de Cataluña, a una reacción virulenta contra algunas decisiones y errores en la gestión de los servicios públicos esenciales por parte de la Generalitat. Por si algo faltara, una sucesión de escándalos judiciales terminó agotando la paciencia de una sociedad que, independentista o no, encontró en el Estado un buen cauce sobre el que volcar la indignación y frustración acumuladas. Esa corriente más emocional que ideológica fue interesadamente alimentada desde las principales instituciones catalanas, que pusieron en marcha una corriente que ahora tiene a Cataluña navegando a la deriva.

En este punto, cabe igualmente reconocer que la paternidad de lo ocurrido no cabe atribuírsela únicamente a las autoridades catalanas. La escasa o nula iniciativa política de los responsables del Estado, en la equivocada creencia de que el problema se iría diluyendo por sí solo, tienen a España buscando la salida al callejón del mayor desafío político al que se haya enfrentado nuestro país en el actual periodo democrático. Puede que el diálogo y la iniciativa política no bastaran para evitar este choque frontal, pero sin lugar a dudas, habría permitido que las cosas transcurrieran de otra manera, evitándose así una situación que nos deja a las puertas de una tensión de final poco previsible.

Si bien es cierto es que las responsabilidades o la culpa de lo ocurrido deja en mal lugar a todas las partes implicadas, no lo es menos que la ley da y quita razones. La ley está del lado del Estado. La Constitución da la razón al Estado. En consecuencia, si las leyes y la Constitución le niegan la razón a los líderes catalanes también la democracia les da la espalda cuando ellos -en Cataluña- se la dan al marco democrático. 

Sobre este particular no hay duda. La democracia otorga derechos y libertades, pero con la misma convicción y firmeza exige cumplimientos y la obediencia debida a la legislación que nos hemos dado. En esta dirección, no tienen legitimidad alguna quienes desde Cataluña acusan al Estado de actitudes escasamente democráticas. Es al revés. El déficit democrático viene de la mano de quienes, en las instituciones y partidos catalanes, se saltan las leyes y los marcos que garantizan la convivencia de diferentes sensibilidades sociales y territoriales.

La democracia da la espalda a quienes le dan la espalda. La ley es la que da y quita legitimidades. A los representantes del Estado se les puede reprochar una insuficiente cintura política cuando esta espiral empezó a coger forma. Ahora bien, en tanto las leyes están de su lado, también lo está la democracia. En ningún caso saltarse la Constitución es el camino. Debieron los independentistas buscar y encontrar otros cauces para hacer valer su demanda de mayor autogobierno —que somos los primeros en defender— pero en ningún caso puede sentarse el precedente de que la Carta Magna sea un marco de usar o tirar en función de las urgencias de cada cual.

Desgraciadamente, ya es tarde para evitar el choque que nos sacudirá el primero de octubre. Sin embargo, cabe exigir a ambas partes que lejos de empeorar la situación o de bajar los brazos -vencidos por el descontrol institucional- se pongan manos a la obra para buscar la manera de empezar a reconstruir los puentes a partir del 2 de octubre. Los catalanes merecen que se intente. De lo contrario, si no se da con los interlocutores y las actitudes adecuadas, este proceso acabará deteriorando a Cataluña más allá de lo imaginable. Nadie, ni en un lado ni en otro, debe perder de vista que lo que es malo para Cataluña es malo para España. La batalla del primero de octubre se ha perdido. Deben empezar a trabajar para ganar la del día y los meses que vendrán después.