Desde el año 2009, Canarias soporta una financiación injusta y lesiva para los intereses de sus ciudadanos porque se firmó un mal acuerdo. Ahora, el Gobierno de España está dando los primeros pasos para reformar el Sistema de Financiación Autonómico (SFA), que es la herramienta a través de la cual se garantiza la prestación de los servicios del estado del bienestar y con la que se pueden corregir los desequilibrios entre las comunidades más ricas y las más pobres. Para que quede claro, desde 2009 hasta hoy, esa brecha social entre territorios ricos y pobres no ha hecho más que aumentar. Algo ha funcionado rematadamente mal. 

Agrupación Socialista Gomera exigió al anterior Gobierno de Canarias que elaborase un estudio donde se pusieran, negro sobre blanco, los costos de la insularidad y de la doble insularidad. Le dijimos que ya era hora de saber con exactitud cuáles eran los costes extras de vivir en Canarias. La cifra, según esos estudios realizados por el Gobierno, supera los cinco mil millones de euros. 

¿Y cómo se afrontan esos sobrecostos derivados de la insularidad y la lejanía de las islas? Pues a través de un Régimen Económico y Fiscal especial cuyos orígenes se remontan al periodo inmediatamente posterior a la Conquista del Archipiélago. Canarias siempre ha sido tratada de manera distinta por los gobernantes españoles de cualquier régimen. La llamada Ley del REF contempla excepciones y políticas especiales que el Estado tiene la obligación de hacer para igualar nuestras condiciones de vida con las del territorio peninsular. Es el caso de las subvenciones al transporte, el precio de la producción de energía eléctrica o el costo de la desalación de aguas, entre otros asuntos.

Canarias consiguió la seguridad jurídica de incluir ese régimen especial en su Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica. El Estatuto separa claramente los fondos que se destinan a compensar la insularidad de la financiación que se tiene que dar a Canarias como una Comunidad Autónoma más del Estado. Es decir, establece que no se pueden contabilizar los fondos estructurales destinados a Canarias con los fondos de la financiación ordinaria. Y esto es así porque, como dije una vez, hace muchos años “nuestra vida no puede ser una permanente negociación que dependa del gobierno de turno en Madrid. Necesitamos un marco de estabilidad y seguridad. Un sistema de financiación solidario y fiable”. 

La noticia, ahora, es que se está trabajando en las bases de un nuevo pacto de financiación de las Autonomías. Y el cañonazo de advertencia es que, en el caso de Canarias, los fondos que se destinan a compensar nuestra lejanía e insularidad se van a sumar a lo que recibimos como financiación del Estado. Eso, que se dice así tan fácil, sería la ruina definitiva de estas islas. Sería incumplir la ley. Y sería terrible.

Me preocupa enormemente que Madrid sea siquiera capaz de estar contemplando esa posibilidad. Porque produciría una erupción social sin precedentes en nuestras islas. El coronavirus y sus secuelas económicas han causado enormes daños sociales y económicos en las islas. Las ayudas europeas hacia España y las políticas del Gobierno nos han permitido —nos están permitiendo— atravesar a duras penas esta enorme depresión económica. Ha sido una política de estímulos públicos completamente distinta a la de los recortes de la gran crisis del 2008. Es justo reconocerlo. Pero plantearse ahora que las ayudas que recibe Canarias puedan ser parte de la financiación de los servicios públicos en las islas sería la puntilla. Sería condenar a esta tierra a una pobreza sin precedentes.

El presidente de Canarias, con prudencia, ha hecho una primera advertencia. Ojalá todo quede en el terreno de los tanteos o los rumores. Ojalá. Pero el presidente debe tener la seguridad de que todos, absolutamente todos los canarios, sus partidos, sindicatos y organizaciones sociales, estarán, llegado el caso, a su lado. 

Y a Madrid le debe quedar muy claro que, si lesiona los fueros de Canarias, estará cometiendo un error histórico de incalculables consecuencias.