Camino hacia la reconstrucción
El maldito virus ha desgastado nuestra sociedad y nuestra débil economía, dejando un acentuado surco difícil de borrar, pero si algo nos ha enseñado la propia historia de la humanidad, es que podemos levantarnos y reconstruir nuestras vidas aunque hayan quedado soterradas bajo toneladas de escombros.
El camino hacia la reconstrucción para lograr la ansiada reactivación económica no está exento de piedras difíciles de apartar, y por ello, resulta esencial el papel que desempeñan las administraciones públicas para incentivar el crecimiento a través de proyectos de inversión que generen empleo y dinamicen de nuevo nuestro tejido productivo. En esa labor se haya inmerso el Gobierno de Canarias, junto a los cabildos y ayuntamientos, con el firme objetivo de incentivar nuevamente la actividad y los ingresos, en especial de las personas más vulnerables, de aquellos que tienen que hacer auténticos malabares para poder llegar a fin de mes y alimentar a su familia.
Esta semana conocíamos los datos del paro con respecto al mes de marzo y las cifras, a pesar de que descienden en un 1%, siguen siendo desastrosas para nuestra comunidad, ya que a ello tenemos que sumarle los más de 89.000 trabajadores que siguen en ERTE, así como los 35.000 autónomos que se han visto abocados a dejar su actividad y las más de 4.000 empresas que no han soportado más cierres de mes sin ingreso alguno.
Sin duda, el panorama actual no es muy tranquilizador pero contamos con los recursos necesarios para impulsar de nuevo la ilusión en la sociedad. Son muchos millones los que nos llegan de Europa, a través de fondos de Recuperación Next Generation EU y tampoco son nada desdeñables los que nos llegan del Gobierno central, por lo que ahora corresponde gestionar todos estos recursos para que no nos desborden y podamos ejecutar hasta el último céntimo. Y en esa línea nace el decreto ley de medidas urgentes para la agilización administrativa, la planificación y la gestión de todos estos fondos.
En toda esta andadura hacia la recuperación, las Islas Verdes, que engloban a La Palma, La Gomera y El Hierro, no pueden caminar un paso por detrás. Por eso es preciso que, de una vez por todas, Canarias vaya de la mano, unida para crecer a una sola velocidad y de ello depende la voluntad política para paliar los males enquistados que lastran el desarrollo de estas islas no capitalinas. La Ley de Islas Verdes se aprobó en 2016 para desterrar las desigualdades y permitir nuevas oportunidades a través de un nuevo modelo turístico sostenible, pero asistimos a un momento de reconstrucción que precisa una revisión de este modelo, que si algo ha demostrado es que necesita de flujos económicos transversales que se lastran ante los sobrecostes derivados de la doble insularidad, como el precio del combustible o la cesta de la compra, muy superior al resto de las Islas.
Una revisión que debe venir aparejada del impulso al sector primario y por supuesto, a la simplificación administrativa necesaria que permita aplicar de forma ágil normas sencillas que mejoren la vida de la gente que reside en estas islas para dar paso, entre otras cuestiones, a un desarrollo armónico del turismo en el que el alquiler vacacional debe tener también su destacado lugar, ya que está siendo un recurso esencial para muchas familias, como ocurre en La Gomera.
Estamos ante un momento marcado por el cambio, por lo que la toma de decisiones no debe ser una cuestión baladí. Igual que se prevé la puesta en marcha de los trenes en Tenerife y Gran Canaria, así como de otros proyectos de gran calado, las Islas Verdes también demandan acciones que impulsen un crecimiento que les permita caminar de la mano del resto de Islas para alcanzar la ansiada recuperación al mismo paso.