Decir eso es decir también que los restaurantes y locales de ocio tuvieron más clientes o que los taxis y los comercios registraron mayor actividad. El motor de la economía de las islas, especialmente potente en cuatro de ellas, sigue funcionando a pleno rendimiento.

Hay quienes, intencionadamente, quieren confundir a la población turística con la población residente. La primera supone alrededor de trescientas mil personas extranjeras que cada día están repartidas a lo largo de nuestra geografía, ocupando camas hoteleras, dando negocio a la restauración y movilizando la actividad comercial. Cada una de esas personas deja en las islas, en su estancia, una media superior a los mil cuatrocientos euros. Por el otro lado tenemos una población residente de más de dos millones doscientas mil personas, más de siete veces la población turística. Pero de ese número no se preocupa nadie. Y mucho menos de la calidad de vida, los derechos y los servicios que tienen en función del lugar en el que viven. 

El crecimiento poblacional de Canarias ha sido muy importante. Pero no es la Comunidad que más ha crecido en el último año: de hecho es la sexta, por detrás de Madrid, Baleares, Valencia, Cataluña y Murcia. El problema no es tanto el crecimiento como la distribución de la población. Un barco se puede hundir si la carga no se coloca adecuadamente.

Como ya he dicho más de una vez —las verdades hay que repetirlas mucho cuando algunos hacen oídos sordos— la construcción administrativa de Canarias ha generado un desequilibrio que se ha cronificado. El factor capitalidad, la concentración institucional y las grandes infraestructuras ha producido un desarrollo desorbitado en las dos grandes islas que gira en torno a las dos áreas metropolitanas. Al mismo tiempo, el éxito turístico ha hecho explotar la demografía del sur de las dos grandes islas y de las dos islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote. Así pues la confluencia de dos factores, la actividad pública y la privada, ha determinado un crecimiento asimétrico que está provocando innumerables problemas en cuatro islas hiperpobladas, que padecen déficits de vivienda, comunicaciones o servicios públicos sometidos a una alta demanda.

Como cualquiera puede deducir, los problemas no se arreglan aumentando sus causas. El crecimiento económico que se produce en los lugares más densamente poblados atrae irremediablemente a quienes quieren encontrar empleo y futuro o mejores servicios de salud y educación. La población se va agregando en los lugares donde ya existe más población y los problemas se agravan. También hay beneficios: sólo en términos de empleo público, las áreas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria se reparten decenas de miles de empleados de las diferentes administraciones, que cada día generan actividad y economía en ambas islas.

Por otra parte, la población extranjera residente en Canarias supera ya el 22%. Incluso hay municipios, como Adeje o Arona, donde el porcentaje de extranjeros supera a la población autóctona. Más que preocuparnos por quienes vienen a visitarnos y regresan, debemos analizar el alcance del fenómeno de quienes están eligiendo nuestras islas para vivir.

Todos estos asuntos deben abordarse en la Comisión de Reto Demográfico que ha empezado sus trabajos de esta legislatura en el Parlamento de Canarias. Con mentalidad abierta, con el asesoramiento de expertos y con la convicción de que aún estamos a tiempo de actuar para promover que el desarrollo económico alcance a todos por igual. Porque la justicia social también es justicia territorial, habida cuenta de que las personas no son entes abstractos sino ciudadanos que están en la geografía. 

Canarias ha sido y es un pueblo abierto al mundo. Y lo debe seguir siendo. Pero debemos garantizar que la presión poblacional no comprometa la sostenibilidad social y que el crecimiento se produzca de manera paulatina y adecuadamente repartido en nuestro territorio. Para eso tendremos que revisar cuestiones de residencia, de impacto del turismo, de la importación de mano de obra y otros muchos asuntos. Pero también la configuración de nuestras administraciones, la incidencia del peso del sector público y el desarrollo de las de la Islas Verdes, desde la sostenibilidad social, económica y ambiental.