Como hemos repetido mil y una veces, no se trata de privilegios sino de igualdad: intentar compensar la enorme distancia del continente a la que hacen frente en su vida diaria más de dos millones doscientos mil ciudadanos que soportan los sobrecostes de la insularidad en todos los aspectos de la economía.

Ahora mismo estamos celebrando una medida de justicia: la gratuidad para los viajeros habituales del servicio de guaguas, algo que tendrá un impacto positivo en las economías de muchos trabajadores en las dos grandes islas, donde se producen miles de desplazamientos diarios a las grandes áreas de trabajo capitalinas. Es una medida positiva, como en su día fue el establecimiento de una subvención para los usuarios del transporte aéreo de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que en la actualidad se encuentra fijada en un 75% del precio de los billetes.

Sin embargo, desde que se concedió esa subvención y sus posteriores incrementos de porcentaje, los precios de los billetes no han parado de subir. Cada día es más caro para los residentes canarios viajar al resto de España. Y cada día se vuelve más imposible que un ciudadano o una familia no residente pueda permitirse el lujo de un viaje a Canarias.

Un modelo de comunicaciones aéreas donde el Estado aporta una subvención del 75% no es un modelo de libre mercado. Sin embargo, como si aparentemente lo fuera, los precios de los viajes se disparan en las fechas en las que mayor demanda de transporte hay, como las fiestas de Navidad o el verano o los carnavales o la Semana Santa. Y los canarios no tienen alternativas para moverse porque el mercado se encuentra controlado por muy pocas manos.

Pero lo que son precios enormemente caros para los residentes canarios se vuelven prohibitivos para los que no lo son. Hay isleños que viven en la Península y que han perdido su residencia canaria que están condenados a no poder volar a las islas, al igual que el resto de los conciudadanos españoles. Un billete comprado para dentro de un mes puede costarle a un canario 150 euros por trayecto, lo que implica que para un no residente el costo sería de 600 euros. ¿Quién puede gastarse 1.200 euros en un viaje de ida y vuelta a las islas? ¿Quién puede pagar ese precio para cuatro personas de una familia? 

El trayecto en barco desde Cádiz a Tenerife, por ejemplo, supone casi 60 euros para un residente, lo que pone el billete en casi 250 euros para un no residente. Lo mismo ocurre con el barco a La Gomera, que para un no residente alcanza casi los 90 euros o los 160 euros si es en avión. Con estos precios estamos creando un abismo cada vez mayor que nos separa del resto de los ciudadanos de nuestro país para los que somos un destino prohibitivo. Y eso es algo que tenemos el deber imperativo de resolver cuanto antes.  Porque es un error desde el punto de vista económico. Pero, además, supone un error social de incalculables consecuencias para el futuro. Nos separa del resto de los españoles y genera en muchos de ellos un sentimiento de agravio al sentirse tratados de una manera tan gravosa. 

Las protestas de Canarias no han servido de mucho. El Gobierno de España encargó en su día una serie de estudios para comprobar si el precio de los billetes aéreos había subido de forma desproporcionada tras el establecimiento de las distintas subvenciones. Las conclusiones corroboraron lo que los canarios ya sabíamos: sí habían subido. Pero desde entonces hasta hoy, las cosas han seguido igual. Los billetes encareciéndose y los viajeros empobreciéndose cada vez más, porque no tienen alternativa. 

De nuevo se aproximan las Navidades y de nuevo asistiremos al abuso de un mercado cautivo. Y ya va siendo hora de que Canarias plantee ante el Gobierno de España la necesidad de establecer límites y condiciones a unos operadores aéreos que están recibiendo dinero público de todos los españoles para sostener un servicio público esencial para los canarios. Las soluciones van desde la consideración de las conexiones aéreas como Obligación de Servicio Público, negociada con las autoridades de la Unión Europea, hasta el fomento del establecimiento de nuevos operadores, para lo cual la concesión de la Quinta Libertad Aérea a las Islas sería un hito fundamental. Sea como sea, tenemos que hacer algo para impedir que el resto de España se siga alejando de Canarias y que los canarios sin alas sean víctimas de precios absolutamente abusivos.