El argumento que se maneja ahora es que La Gomera es la isla de Canarias donde más han aumentado las inversiones y transferencias del Gobierno de Canarias en este periodo: una media de 55,5 millones de euros anuales,  pero es que, además, denuncian que las “islas verdes” han sido los territorios más beneficiados, porque El Hierro ha visto aumentada su partida de inversiones y transferencias de capital un 112%, seguida de La Palma con un 90%.

Para algunos políticos de las islas capitalinas, este aumento de inversión no se ve como una discriminación positiva para “tirar” de las islas menos pobladas y menos desarrolladas —más para los que menos tienen— sino que lo interpretan como un “desequilibrio” que es un "agravio comparativo" causado por un "sistema electoral antidemocrático" que otorga a las islas no capitalinas una representación mayor que la que les toca por habitante.

Ya hemos dicho alguna vez que los políticos del centralismo canario se manejan con una hipocresía estomagante. Les voy a poner un ejemplo. Castilla y León tiene una población un poco mayor que las Islas Canarias. Sin embargo, elige 32 diputados al Congreso, 17 más que Canarias. 

¿Y eso por qué? Pues por algo tan elemental como que Castilla y León cuenta con nueve provincias (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y a cada una de ellas -como a todas en España— se les otorga automáticamente dos diputados. O sea, que territorialmente tienen 18 diputados, a los que se suman 14 que les toca por población. Canarias, en cambio, con dos provincias, solo tiene 15 diputados. Por eso tiene menos diputados, incluso, que Castilla La Mancha, que tiene menos población que Canarias, pero que tiene cinco provincias y 21 diputados. 

Ninguno de esos políticos centralistas canarios es capaz de defender, ni aquí ni en España, que el sistema electoral de nuestro país es antidemocrático porque las 52 provincias cuentan con una representación territorial directa. Eso solo se pone en cuestión en Canarias. Y solo con los quince diputados —de 70– que corresponden a las Islas Verdes. Esa representación territorial, basada en la isla (de igual forma que en el Congreso un tercio de la representación se basa en la provincia) se ha convertido en una constante descalificación al carácter democrático del Parlamento de Canarias.

El sistema electoral canario no “premia” más los votos en unas islas que en otras. Lo que establece es una representación sustanciada no solo en la población, sino en el territorio y, concretamente, en el factor isla, que es fundamental para entender lo que es un Archipiélago. Aunque algunos no lo entiendan, porque no ven más allá de los límites de su isla.

En la Agrupación Socialista Gomera hemos denunciado una y otra vez la desigual distribución de los recursos institucionales y económicos de Canarias. Todos los grandes centros logísticos, la sede de las instituciones públicas y sus miles de empleados, están ubicadas en las dos grandes islas capitalinas. No en una, como sería lógico desde el punto de vista de los costos de estructura, sino en dos, lo que no tiene más explicación que el peso y la influencia del poder político que se “repartió” la cocapitalidad de Canarias. Y que con una voracidad insaciable quiere seguir acumulando poder, recursos e infraestructuras, ignorando el hecho de que existen otros canarios “de segunda”, en otras islas, que ni tienen las mismas oportunidades ni disfrutan de los mismos servicios.

Tengo una mala noticia para ese centralismo que todo lo quiere: las “islas verdes” se han despertado. Y quieren ponerse en pie de igualdad con el resto de los canarios. La justicia más elemental consiste en tratar desigualmente a los desiguales y el Gobierno progresista de Canarias está haciendo precisamente eso: atender las necesidades de tres islas que quieren superar los problemas de la doble insularidad, el envejecimiento y la despoblación. Eso no tiene nada que ver con el peso electoral de unos o de otros, sino con la idea de crear una Canarias más justa e igual para todos.