El Observatorio sobre la Dependencia sitúa a Canarias en el último puesto del país. El Archipiélago apenas obtiene una nota de 1,79 sobre 10 puntos, y presenta la tasa regional más baja de beneficiarios potenciales atendidos.

Solo se cubre el 4,37 por ciento de las personas con derecho a una prestación, y es que las islas registran la menor inversión por habitante: 48 euros anuales, frente a los 122 euros en los que se sitúa la media nacional, que tampoco es suficiente.

Se trata de recursos para ayudar a aquellos conciudadanos que lo requieren, y entre los que están nuestros mayores, que con su esfuerzo y empeño han contribuido a nuestro bienestar; personas que merecen reconocimiento, protección y calidad de vida.

Y es que si de protección hablamos es necesario centrar la atención en los mayores con pérdida de autonomía por razones físicas o psíquicas. Se suman también todos los canarios que necesitan apoyo para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana ¿Son suficientes esos 48 euros? 

La respuesta es una rotunda negación y, en consecuencia, es loable el compromiso adquirido por la nueva consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, para la puesta en marcha de una red de atención, que lleve a mejorar las prestaciones en todas las islas, y en la que habrá que incluir el centro sociosanitario proyectado por el Cabildo de La Gomera.

Canarias se mantiene como la comunidad con mayor lista de espera - 13.911 - y la que más beneficiarios tiene en un “limbo” jurídico - el 45,22 por ciento -, en gran medida debido a los recortes del Estado, que en los últimos cinco años ha dejado de ingresar 58,4 millones de euros de financiación.

La Administración autonómica, en colaboración con las corporaciones locales, ha soportado con su propio presupuesto el 77 por ciento del coste del sistema público de protección, pero hace falta más. 

Debemos retomar las negociaciones con el Gobierno central y recuperar al menos los recursos perdidos y muy necesarios, según apunta el referido Observatorio, en el que se recoge que con el dinero que se ha dejado de percibir  Canarias podría haber atendido 2.000 nuevos dependientes y haber creado 400 puestos de trabajo directos ligados a este servicio. 

Son indudables los sobrecostes que soportamos por la merma de ingresos estatales que, desafortunadamente, se dejan sentir con más fuerza en islas no capitalinas como La Gomera, tal y como recordó hace escasos días Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento.

Hace ya un año que está de baja la responsable de atención a la dependencia en la isla colombina, sin que se haya cubierto la plaza. El trabajo se mantiene gracias a la implicación de Ayuntamientos y Cabildo, tal y como planteó ASG desde el primer momento en que  se detectó el problema, evidenciando que nada se puede resolver cuando fallan las dotaciones. 

Cerca de 200 gomeros están a la espera de la resolución de un expediente para poder recibir ayuda, y no tiene ningún sentido que a las dificultades que ya padecen se añadan problemas, en lugar de contribuir como corresponde a su bienestar y tranquilidad. Esa es, sin embargo, la realidad no solo de La Gomera sino de toda Canarias. 

Debe ampliarse la inversión y completarse o ampliarse los equipos. No hay otra forma de acabar con la congestión que sufre el sistema. Sumemos, por tanto, para cambiar el rumbo y garantizar el cumplimiento del derecho universal a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, así como el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad y no discriminación.