Esta semana me preguntaron mi opinión sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en Santa Cruz de Tenerife y la polémica que se ha creado con la petición de retirada de las calles de monumentos o nombres relacionados con la dictadura franquista. ¿Qué toca decir? Pues que se cumpla la Ley, ¿no les parece? Pero, además, hay que añadir  otras cosas. 

Y es que las leyes, todas, hay que aplicarlas con sentido común. Con inteligencia y con serenidad. Sin crear espectáculo. Con la sabiduría precisa para que la enorme mayoría de los ciudadanos perciban que lo que está ocurriendo es bueno para la sociedad. 

Todos los que padecimos la dictadura franquista —y muchísimos que no, pero que sienten los valores democráticos— compartimos la idea de que lo más sano para las nuevas generaciones es conocer esa época oscura y sangrienta de la historia de nuestro país a través de la escuela. Y que debemos, por respeto a las víctimas y a sus descendientes, retirar aquellos símbolos que exalten u otorguen algún tipo de honor a las autoridades y dirigentes de aquel régimen. Y cuando eso sea difícil o cause algún daño relevante —en edificios u obras difícilmente sustituibles sin un coste desorbitado— resignificar estos elementos para darles otro valor para las generaciones futuras.

Pero eso no se debe hacer solamente en una capital. Ni debe hacerse desde la crispación y el enfrentamiento. Debatir en los titulares de los medios de comunicación no hace más que escindir nuestra sociedad. Y de alguna manera, se consigue el resultado contrario al que se persigue. Si deseamos superar el franquismo como una pesadilla en nuestra historia, lo peor que podemos hacer es volver a ponerlo de moda y permitir que algunos nostálgicos presenten como una agresión lo que solo es una restitución.

La erupción de La Palma causó daños enormes en infraestructuras públicas y en propiedades privadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Reconstruyendo los daños. Restañando las heridas en el patrimonio y en los sentimientos de la gente. Es lo mismo que debemos hacer con la destrucción causada por una dictadura atroz. Pero sin hacer de ese proceso una cancha de enfrentamiento ideológico. Porque la gente, nuestra gente, está cansada de ver cómo los políticos de un lado y del otro no hacemos otra cosa que descalificarnos, herirnos y ofendernos los unos a los otros.

La prudencia dicta que podemos ir cambiando las cosas sin prisa, pero sin pausa. Es verdad que llevamos más de cuarenta años de democracia y aún faltan muchas cosas que hacer. Pero no se puede negar que los elementos más significativos del franquismo han sido retirados y que incluso los restos del dictador fueron respetuosamente entregados a su familia para que abandonaran una sepultura honorífica en un lugar que no le correspondía. Ese sitio, llamado Valle de los Caídos, se quiere resignificar para que represente a todas las víctimas que siguieron al golpe de Estado contra un gobierno legítimo y a la atroz guerra civil que le siguió.

Estoy casi seguro de que muchísimas familias creen hoy que es más importante para ellos recibir una ayuda para comprar alimentos. Que muchísimos mayores —que soportaron la dictadura— quieren una residencia pública donde se les cuide. Hay muchísimos asuntos que afectan el bienestar y la vida de las personas. Y no digo que aplicar la Ley de la Memoria Histórica no sea muy importante. Lo es, sin duda. Lo que digo es que hay cosas urgentes que resolver que afectan también a las víctimas de hoy, que son víctimas de una democracia imperfecta. 

Víctimas de la pobreza. Víctimas del abandono. Víctimas de la desigualdad. Víctimas de la violencia machista. Apliquemos la Ley de Memoria Histórica, porque se lo debemos a nuestros compañeros y compañeras represaliados por la dictadura. Pero no entremos en el juego y la polémica de una ultraderecha que quiere más enfrentamiento y más polémica en nuestra sociedad. Podemos hacerlo. Y podemos hacerlo bien. Sin crispación y con sensibilidad.