La justicia social, objetivo que todos sin excepción debemos compartir, tiene en la justicia presupuestaria una herramienta fundamental para acercarnos a la sociedad equilibrada, solidaria y cohesionada que pretendemos. Los presupuestos, sin duda la ley que en mayor medida define la acción política de cualquier gobierno o institución, reflejan el grado de compromiso de los responsables públicos con los ciudadanos, en general, y particularmente con aquellos que lo tienen más difícil por causas sociales o territoriales.

Decenas de miles de familias merecen un esfuerzo mayor para acercarlas a la igualdad de oportunidades, alejando de esta manera la amenaza de que vivir en una u otra Isla eleve aún más los muros de las dificultades. Y no solo la realidad insular puede alejar a esas familias del derecho a acceder a los servicios públicos esenciales, haciéndolo en similares condiciones a las que disfrutan quienes residen en las islas capitalinas. También en Gran Canaria o Tenerife se viven situaciones que merecen ser corregidas poniendo a trabajar los recursos públicos en esa dirección. 

Días atrás advertí al presidente del Cabildo de Gran Canaria de que las prioridades que tiene nuestro Archipiélago exige, entre otras cosas, conocer y entender las circunstancias de todas y cada una de las Islas. En esa dirección, animé a Antonio Morales a sumarse al compromiso que define la línea política de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), a la defensa de los intereses de la Isla, apoyando unos presupuestos que ayuden a garantizar la justicia social y territorial. 

No es mi intención polemizar con el presidente del cabildo grancanario. Muy al contrario, estoy convencido de que a Antonio Morales no puede molestarle la idea de que, con el esfuerzo y la solidaridad de todos, podamos construir una sociedad que no condene a miles de canarios a ser ciudadanos de segunda por residir en alguna de las islas no capitalinas. 

Creo que no está tan lejos de los planteamientos de ASG. No debe estarlo porque de otra forma no se comprendería la política presupuestaria que el presidente del Cabildo lleva a cabo en su propia Isla, en la que pone en práctica criterios correctores que priman a las localidades menos pobladas: justo lo que critica cuando analiza los presupuestos autonómicos y el tratamiento que se le da a islas como La Gomera, con necesidades estructurales y necesidades insuficientemente atendidas. 

Tan cierto es que hay que atender al criterio poblacional como que estaríamos rompiendo Canarias si permitimos que solo se considere dicho criterio. Si queremos que todos los canarios caminemos en idéntica dirección y a idéntico ritmo, no hay otro camino que ser sensibles y respetuosos con el hecho territorial y con las circunstancias específicas de todas y cada una de las islas. 

Los hechos ponen las cosas en su sitio. Y los hechos demuestran que Morales sí cree en los factores correctores que critica, como así queda patente, entre otros ejemplos, cuando cada ciudadano de Artenara recibe 170,92 euros mientras a cada vecino de Las Palmas de Gran Canaria le corresponden poco más de trece euros. 

Desigualdad que no es tal, y que se explica porque es oportuno igualar las situaciones desiguales que se dan entre Islas y también entre municipios. Si cree y utiliza esos factores correctores porque la realidad de sus municipios lo exige, lo razonable es que por coherencia también crea en la conveniencia de compensar las desigualdades entre Islas dejando que el presupuesto autonómico contemple factores de corrección. 

Se habla de las desigualdades del presupuesto de inversiones y las transferencias a las islas. Pero de los otros 7.000 millones del presupuesto nadie dice nada. Y es un hecho que esos miles de millones se reparten de forma casi exclusiva entre las dos grandes islas de Canarias. Tan solo en el hospital de La Candelaria hay más personal público que el que tiene la Comunidad en las cinco islas no capitalinas. Los sesenta mil empleados de la administración, las sedes de las instituciones y organismos, están en las dos islas que se llevan el grueso del gasto público cada año. Pero de eso, no se habla.

Que el presidente del Cabildo de Gran Canaria practique en su Isla la misma política presupuestaria que critica, nos invita a cierto optimismo. Los hechos demuestran que no es indiferente a las tesis de solidaridad, equidad y justicia que defendemos en la Agrupación Socialista Gomera: una posición política que apuesta clara y firmemente por discriminar a favor de los más necesitados y los más desfavorecidos para conseguir la cohesión de toda la sociedad de Canarias y un igual desarrollo en todos sus territorios.