Los lejanos legisladores comunitarios han entendido siempre que la vida en las Regiones Ultraperiféricas (RUP) es mucho más cara y complicada que en el continente. Y han comprendido que los hándicaps de esos territorios no son coyunturales, sino permanentes. Canarias soporta una serie de condicionantes que no van a cambiar. Siempre estaremos lejos del continente europeo y siempre seremos islas separadas por una gran distancia. Hay que tener en cuenta que entre Lanzarote y El Hierro hay casi la misma distancia que entre Cádiz y Madrid. Entre otros muchos hándicaps, siempre careceremos de materias primas.

Por supuesto que nos gustan nuestras islas y nuestro clima y nuestra manera de vivir. Pero para disfrutar del mismo nivel de vida -no decimos superior- que en el continente es necesario que se practiquen en las islas políticas diferentes a las del resto del Estado. Por eso existe una fiscalidad distinta en Canarias y por eso Europa permite ayudas excepcionales a las RUP. Pero lo que en la UE se reconoce para Canarias, a veces es despreciado olímpicamente por nuestro propio Gobierno. Un Gobierno que en manos de la derecha se ha convertido en un ejecutivo centralizador que ignora y desprecia nuestra realidad, esperanzas y pisotea nuestros derechos.

El Gobierno del PP ha puesto en marcha lo que puede constituir el mayor atentado contra la economía de nuestras islas en su reciente historia. La privatización de AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, pone en manos de un conjunto de empresarios y sus intereses financieros -ganar dinero- el futuro de las instalaciones aeroportuarios de Canarias que son la puerta de entrada y salida del turismo, la principal actividad económica de las Islas.

En el consejo de administración de la nueva empresa no se prevé la presencia de ningún representante de Canarias. Ni público ni privado. Sin embargo, si estarán perfectamente defendidos los intereses de las Islas Baleares, que tendrán un consejero por la parte privada y otro designado directamente por el Gobierno de Mariano Rajoy. Un extremo que perfectamente podría haber ofrecido también a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el supuesto caso de que le importaran algo nuestras islas.

Una empresa privada no tiene los mismos objetivos que una pública. Su fin es la rentabilidad. Así que la nueva AENA buscará ingresos para soportar la deuda de más de diez mil millones de euros que lleva arrastrando y para justificar la inversión realizada por las empresas privadas que han comprado la oferta de acciones del Gobierno bien directamente o bien en la bolsa.  ¿Qué pasará con los aeropuertos que no son rentables y que hasta ahora se han mantenido por razones de servicio público?. ¿Hay garantías de que a medio o largo plazo se mantendrán los servicios y horarios de esos aeropuertos que, para islas como La Gomera, son estratégicos? La respuesta es no.

Con pérdidas de explotación de unos cuatro millones al año, un aeropuerto de gestión privada no tiene ninguna razón para permanecer abierto. Es sólo el interés público, la compensación a los territorios desfavorecidos, el factor determinante para mantener operativa una costosa infraestructura que, a la larga, puede suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso del desarrollo de la venta de servicios turísticos. 

Nuestra isla corre un gravísimo riesgo. El Cabildo de La Gomera se dirigirá al Parlamento de Canarias y al autonómico solicitando la inmediata celebración de un debate en la Cámara legislativa. Pediremos la adopción de acuerdos por los que se declaren lesionados los intereses generales de los canarios y en grave riesgo el sistema de comunicaciones de las islas no capitalinas. 

Exigiremos que se soliciten del Gobierno del Estado y de Fomento todas las garantías jurídicas para el mantenimiento de los aeropuertos insulares con independencia de los resultados económicos de explotación. Y que esas garantías sean permanentes e irrenunciables derechos de los canarios. Llevaremos a pleno del Cabildo un acuerdo para solicitar al Estado la asignación, entre los consejeros correspondientes al sector público, de un puesto permanente para un representante de la Comunidad autónoma en el Consejo de Administración de la nueva AENA. Cargo que debe ser elegido por el Parlamento canario.