La conclusión extraída del encuentro es que efectivamente estamos ante un texto de gran trascendencia política que servirá para sentar las bases y construir el edificio administrativo de Canarias para los próximos años. Razón de peso para que la nueva ley continúe su tramitación parlamentaria. El texto es resultado del trabajo que hemos desarrollado de forma activa desde hace meses en el seno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), lo que ha permitido sacar adelante una ley consensuada.

La opinión general es que nos encontramos ante un buen texto legislativo que viene a actualizar la ley que data de 1912 y que lógicamente ha devenido en obsoleta. En el año 1990 se incluyeron dos artículos sobre las instituciones insulares en el Régimen Jurídico de la Administración Pública canaria. Pero esta norma resultaba insuficiente. Por ello era imprescindible dotarnos de una legislación como la que es ahora objeto de debate y estudio. Por primera vez, se acomete el establecimiento de un sistema normativo completo regulador de los cabildos. No obstante, nada es perfecto y los presidentes detectamos algunas carencias como la falta de una garantía de suficiencia financiera en el nuevo modelo. Así lo hicimos constar.

Tanto este texto como el que pretende regular a los ayuntamientos, surge del esfuezo del Gobierno canario por concretar y dejar claro el reparto de competencias entre los tres niveles de la administración, impulsar la descentralización competencial y modernizar y simplificar los mecanismos de funcionamientos administrativos. Un objetivo, no menor, es adaptar las instituciones insulares a las nuevas tecnologías e incorporar la transparencia en su funcionamiento.

La Comisión General asumió el cumplimiento del contenido del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Canarias que considera inconstitucionales algunos de sus extremos. En concreto, no se cree adecuado que la nueva ley regule aspectos como la puesta en  marcha de un sistema electoral propio para los cabildos tutelado por el Gobierno canario. El Consultivo también advirtió que la garantía institucional a la autonomía local podría verse afectada en cuanto se postula un control parlamentario singular sobre las instituciones insulares.

La proposición de ley en la que llevamos trabajando desde hace meses los diputados y cabildos, cuenta con un título preliminar, seis completos y 146 artículos. El texto regula aspectos como la obligación de escuchar a estas instituciones sobre los anteproyectos o proyectos de decretos que afecten a sus competencias. Pero también se  canalizan las relaciones entre cabildos y el Gobierno que deben tener como base los principios de colaboración y coordinación.  Se crea la Conferencia de Presidentes, que servirá de foro de debate de los asuntos que afecten a ambas administraciones.

Un objetivo fundamental es lograr la descentralización competencial, ordenar y estructurar la organización y funcionamiento de estas instituciones para que puedan afrontar sus tareas de una forma efectiva. El texto pretende ser la respuesta a las demandas ciudadanas que en un contexto dominado por la crisis, exigen una nueva forma de gestionar lo público. Igualdad de Género y Aguas, serán las nuevas competencias que estarán en manos de los cabildos. Los miembros de la Fecai salimos de la reunión confiados de que las instituciones más singulares y características del Archipiélago, los cabildos, contarán en un futuro próximo con una norma propia que regulará todos los aspectos que marcan su funcionamiento. Desde lo más cotidiano a lo menos habitual.