Como pasa siempre con los grandes problemas, la causa obedece a muchos factores. El primero es el crecimiento poblacional de Canarias, por encima de la media del Estado, lo que supone que al dividir la riqueza —el PIB— por un mayor número de personas, toquemos a menos. Nuestra región, pese a tener una economía muy terciarizada y basada casi en exclusiva en la venta de servicios turísticos, ha sido un ejemplo de éxito. Examinando la evolución de la riqueza en otras comunidades autónomas españolas y comparándola con Canarias, nuestro desarrollo ha sido muy importante.

Pero la realidad es que siguen llegando cada año miles de personas a residir en Canarias. Muchas de ellas se han sumado al mercado de trabajo, lo que ha ocasionado que aunque crezca el empleo haya crecido también la población activa y se hayan mantenido nuestras preocupantes tasas de paro. El exceso de mano de obra disponible colabora para que no haya presión al alza sobre las ofertas salariales que hacen las empresas para conseguir trabajadores. Así no es extraño que nuestras islas sigan a la cola del nivel de sueldos de toda España. 

Hemos tenido que hacer más y más infraestructuras públicas para una población cada vez mayor, que supera con creces una financiación estatal que no se ha revisado para responder a nuestra realidad demográfica. Con un creciente gasto en servicios públicos, el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos de Canarias, que soportan cada vez más esfuerzo para mantener el Estado del bienestar, y el incremento de los sobrecostes que padecen las islas a causa de las coyunturas internacionales y del encarecimiento del transporte aéreo y marítimo, a nadie le puede extrañar que nos hayamos empobrecido extraordinariamente en los últimos años.

Canarias tiene que abordar reformas estructurales extraordinariamente importantes. Yo diría que decisivas para nuestro futuro. Una es la modernización de las administraciones públicas aplicando criterios de productividad y eficacia, porque en la actualidad se han convertido en un lastre para el crecimiento económico de las islas. Otra es la simplificación administrativa y la reducción del exceso normativo que acogota a los emprendedores y a los ciudadanos en sus relaciones con lo público, que es algo absolutamente esencial. Y otro gran reto pendiente es la discusión sobre las medidas que se puedan establecer, dentro del marco de la legislación comunitaria, para moderar o condicionar la residencia de nuevos ciudadanos en las islas, atendiendo a criterios de sostenibilidad y de la carga de población que puede soportar nuestra economía. 

Llevamos demasiado tiempo quejándonos de la realidad y va siendo hora de que intentemos cambiarla. Canarias aporta fuerza de trabajo en el sector que más factura en nuestras Islas, pero es un hecho dolorosamente cierto que la fuerza del capital sobre el que se ha construido ese sector turístico es mayoritariamente foráneo. Y eso también tiene mucho que ver en el deficiente reparto de la riqueza que se produce en nuestra sociedad. 

Debemos luchar para vencer la ignorancia y el desconocimiento que se tiene en nuestro país en torno a las dificultades de la vida en un Archipiélago lejano. Una tierra que necesita ventajas fiscales y políticas especiales adecuadas a su realidad distinta y distante. Y al mismo tiempo debemos ser conscientes de que no podemos seguir aumentando indefinidamente la carga que pesa sobre las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de las Islas, para sostener un sector público que ha crecido escandalosamente en los últimos años —incluso a pesar de las grandes crisis que hemos atravesado— pero que, además, en vez de haber aumentado su eficacia y su eficiencia sigue mostrando clamorosos fallos de funcionamiento. Si los partidos políticos de Canarias, todos y cada uno de ellos, no somos capaces de llegar a un gran pacto en estas materias esenciales, es probable que cada año sigamos leyendo y escuchando las mismas noticias que hablarán del crecimiento de la pobreza en las islas. En nuestra mano está evitarlo.