Todos los grupos parlamentarios de Canarias han rechazado unánimemente el penúltimo capítulo escrito por el Ministerio de Fomento en su atrabiliario tratamiento de las subvenciones al transporte aéreo entre Canarias y Península. La Administración Central, inexplicablemente, ha tratado de introducir nuevamente en el texto el concepto de tarifa bonificable, en lugar de ceñirse a la tarifa regular, remitiéndose en una de sus disposiciones adicionales a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que fue declarada inconstitucional por no contar con el informe previo del Gobierno de Canarias.

La diferencia entre la tarifa bonificable y la tarifa regular es que con la primera se aplicaría una subvención sobre un precio fijado por la administración, mientras que con el segundo sistema se aplicaría la bonificación sobre el precio real que pagaría el usuario. No es una diferencia baladí porque estamos hablando de una gran repercusión para el bolsillo de los canarios.

Resulta difícil de entender que el nuevo Gobierno socialista recupere una ley del PP, que va en contra de la Constitución y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, además de representar “una violación flagrante del REF”. “No sé si es por desconocimiento del propio Ministerio de Fomento o por una falta de sensibilidad a nivel técnico en la administración central. Pero independientemente de la posición política de cada uno de los grupos parlamentarios, el Gobierno de España tiene que ver a Canarias con una “visión de Estado”. Los ciudadanos de las Islas no piden ningún privilegio, sino que se les equipare al resto de los ciudadanos españoles en cuanto a sus posibilidades de desplazarse por el territorio nacional. Es un derecho elemental que pensamos que se había conseguido. 

Ante los problemas que está causando algo tan simple como la aplicación de una bonificación al precio del transporte aéreo, es legítimo que algunos en las islas estemos preocupados por todos esos temas que están por resolver y que forman parte de la llamada “agenda canaria”. Hablo del nuevo Estatuto de Autonomía, de la nueva Ley de Régimen Económico y Fiscal, de los convenios aún pendientes de firmar con las islas o del nuevo sistema de financiación autonómica cuya negociación ha sido diferida “sine día”. Los canarios nos jugamos el ser o no ser en todas esas materias pendientes y no resulta nada tranquilizador, sino todo lo contrario, que se aprecie la actual falta de sensibilidad en la administración central para los las peculiares condiciones de los dos millones y pico de ciudadanos que vivimos aquí. Si en un asunto tan simple como la subvención tenemos estos problemas, no quiere uno ni pensar lo que puede ocurrir en temas de mayor trascendencia.

El papel que el PSOE de Canarias tiene que jugar, como legítimo interlocutor ante el Gobierno de Pedro Sánchez, es fundamental. Y todos los partidos políticos canarios tenemos que arrimar el hombro ayudándoles, apoyándoles y exigiéndoles que sean capaces de transmitir en las instancias en que proceda la importancia de no defraudar a esta tierra en sus aspiraciones. No estamos ante temas donde quepan las estrategias electorales o los intereses partidistas, absolutamente legítimos, sino ante un asunto estructural en el que las islas se juegan el ser o no ser. Estamos ante una “cuestión de Estado” que reclama de todos situarnos en la defensa estricta del interés común de todos los canarios. Sin fisuras.

El Parlamento de Canarias, por unanimidad, ha enviado a Madrid un mensaje inequívoco. No vamos a admitir que se devalúe la subvención al transporte aéreo a través de un procedimiento ilegal e irregular que perjudica el espíritu y la letra de los acuerdos suscritos. Confío en que el nuevo Gobierno socialista sea capaz de reflexionar en la necesidad de tratar de forma diferente a los desiguales, algo que va en la esencia de un Gobierno progresista. Confío, por tanto, en que se cierre de una vez esta rocambolesca historia de las subvenciones al transporte aéreo atendiendo a las necesidades de los canarios. Y que ese sea el espíritu que marque las políticas del Estado con el archipiélago. Lo contrario sería un error mayúsculo y desde luego lo peor que le podría ocurrir a estas islas.