¿El Garajonay en peligro?

El gobierno del Partido Popular (PP) se ha sacado de la manga otra modificación de una ley y mucho nos tememos que no será precisamente para mejorarla. Ya ha ocurrido con la del aborto, con la de Costas y en breve podría pasar también con la legislación que rige los parques nacionales. Los movimientos comenzaron a finales del pasado mes y por lo que hemos ido comprobando el objetivo final de la reforma no es otro que convertir estos enclaves en un sucedáneo de parque de atracciones. 

Un lugar en el que se permitirán actividades hasta ahora vedadas por el sentido común y la necesidad de dar prioridad a la protección. Si el cambio sale adelante se corre el peligro de que a partir de entonces la nueva legislación suponga un coladero en contra de la conservación medioambiental básicamente porque ya no habrá excepciones ni una política proteccionista clara. 

Nada más plantearse esta reforma tanto desde el PSOE como por parte de los colectivos ecologistas hemos advertido que se ponen en riesgo los valores naturales. Y que se hace además en unos espacios privilegiados sobre cuya conservación no debe planear ni la más mínima sombra de duda.

Y a partir de aquí las consecuencias serían claras: se avanzará en la destrucción de unos enclaves que suponen nuestro bien natural más preciado. En el caso de La Gomera, el Garajonay podría convertirse en una especie de parque temático hecho exclusivamente para disfrute de los turistas. El debate sobre si se debe cobrar por acceder o por utilizar estos parques pierde totalmente sentido. 

Se abre la posibilidad de que a partir de ahora todo tenga su precio y el Garajonay se enfoque más desde el punto de vista del turismo de masas y de la rentabilidad económica que por sus valores naturales. Lo cierto es que la gestión de los parques nacionales concentrada en el Gobierno autónomo ha ocasionado numerosos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, el ejecutivo canario se ve en estos momentos imposibilitado para cobrar las multas que se imponen desde que recibió las competencias en el año 2009. 

En el caso del Parque Nacional de Garajonay en este período de tiempo se han impuesto dos sanciones pero nunca ha sido posible hacerlas efectivas simplemente porque aún no queda claro qué organismo está facultado para cobrarlas. En el ámbito de toda Canarias se han abierto ya más de un centenar de expedientes sancionadores pero el resultado ha sido exactamente el mismo.

Desde La Gomera siempre hemos mantenido que estamos dispuestos a cobrar por el uso del Parque Nacional. Pero también a hacerlo sólo a los turistas y revertir luego ese dinero en la mejora del propio espacio. Lo que puede ocurrir ahora es que no haga falta ni siquiera plantear ese debate. En los parques nacionales de toda España se cobrará y además por casi todo y además a cualquier persona, sea residente o no. El propio dictamen del Consejo de Estado advierte de los efectos negativos que la legislación va a traer consigo. 

Desde hace algunos años las islas hemos solicitado competencias para asumir esta gestión. El Cabildo de Tenerife ha sido el primero en pedir al Gobierno canario que le otorgue las delegaciones para tener la última palabra sobre el Teide, un paso que es opcional y que analizaremos si lo debemos dar en el futuro.

Por la parte que nos toca en nuestra Isla hemos hecho un trabajo importante en la gestión actual de este espacio. Hemos coincidido con la Dirección en su apuesta por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), una acción clara y decidida por el turismo de calidad y el respeto al medio. Y no sólo hemos visto la necesidad de sacar adelante esta carta sino que también nos hemos implicado, al igual que otras administraciones de la Isla, para que sea todo un éxito. 

El parque de La Gomera fue el promotor de esta iniciativa que se inició hace ya cinco años y que ahora estamos a punto de renovar por otro tanto tiempo más. Desde el PSOE y en contra de la posición del PP seguimos apostando por lo público, por la conservación y el uso adecuado de nuestros parques. Lo que no quiere decir que no estemos de acuerdo con cobrar por determinados servicios que nos ayuden a compensar la carga que supone conservarlos. Un peso y una responsabilidad que asumimos encantados. 

Pero lo que no podemos aceptar es que se caiga en la privatización y en la visión mercantilista de unos bienes de disfrute indudablemente público. Y mucho nos tememos de que ese va a ser el horizonte más cercano que se vislumbra en caso de que la ley salga adelante tal y como está siendo enfocada.