Arranca una semana de gran importancia para la política canaria con la celebración, los próximos días 21, 22 y 23, del Debate del Estado de la Nacionalidad en el Parlamento de Canarias. Hay asuntos centrales que estarán muy presente en el mismo, como es nuestra relación con el Estado. Así, es trascendental impulsar acuerdos para la reforma del Estatuto de Autonomía; renegociar la financiación autonómica, que nos detrae 700 millones de euros anuales, y lograr la desvinculación del REF del Fondo de Competitividad, pues resta otros 400 millones de euros a nuestras arcas públicas.

Es relevante, además, abordar con sensatez la reforma del sistema electoral canario. Agrupación Socialista Gomera (ASG) cree que se puede asumir la rebaja de los topes electorales, pero en modo alguno eso puede significar que se rompan los equilibrios dejando sin voz a unas islas en favor de otras. Canarias es una realidad marcada por la insularidad y ese es un hecho capital que no se puede ignorar.

También nos preocupa en ASG que se avance en la elaboración y pronta entrada en vigor de la nueva ley del Suelo. Es importante para las islas y, no en menor medida para el caso particular de La Gomera, la salvaguarda del aprovechamiento de los suelos de protección económica, los suelos agrarios, a fin de que las actividades rurales no tengan que hacer frente y sortear complejos trámites administrativos y gastos consiguientes no sólo ya para poner en marcha una explotación, sino para algo tan sencillo como sorribar un terreno o hacer cualquier pequeña instalación.

Esto es imprescindible para una isla que impulsa una economía que pone en simbiosis la naturaleza y el mundo rural con el turismo como fórmula para la generación de riqueza económica y social, para fijar su población también. Eso es lo que denomino singularidad turística de las islas más occidentales frente al turismo de masas.

Pero ASG, como formación progresista que es, quiere poner el acento también en las políticas sociales y en la sanidad. Hacer frente al crecimiento de la pobreza en las islas, a las altas tasas de desempleo, especialmente entre la población más joven, dar respuesta a las largas listas de espera sanitarias son problemas que forman parte del día a día de los canarios, a los cuales nos debemos sus representantes públicos.

Y, en este sentido, las mal llamadas islas menores encuentran mayores inconvenientes y obstáculos. En el caso de La Gomera, con más de 20.000 habitantes y 600.000 turistas anuales, no se ha establecido el protocolo para las sustituciones médicas que se aprobó en el pasado Debate del Estado de la Nacionalidad de 2016 a iniciativa de ASG. Eso significa que, a día de hoy, después de un año, la isla carece de un mecanismo que cubra las vacantes del personal sanitario en tiempo y forma.

Situación similar ocurre con la ley de Dependencia: según el Informe del Observatorio de Dependencia, pese a ser la segunda comunidad que mayor incremento ha tenido en cuanto a nuevas personas atendidas (21,4%), Canarias presenta la tasa más baja de beneficiarios potenciales realmente atendidos, solo el 4,4%; y la menor inversión pública por habitante, 48 euros al año, cuando la media nacional se sitúa en 8,47% y 121,80 euros por habitante al año. Nuestro Archipiélago es, además, la comunidad con mayor lista de espera, un 45% de los solicitantes (13.911).

En el caso concreto de La Gomera, se demora sine die el traslado periódico de un técnico para impulsar administrativamente estos expedientes y se acumulan sobre la mesa las peticiones de más de 191 gomeros que requieren desde hace muchos meses que la solidaridad social a la que tienen derecho les alcance.

Así pues, no debe caber duda de que ASG colaborará en la medida de sus posibilidades y de manera constructiva en la solución de los grandes temas de Estado que afectan a Canarias, como es el patentemente injusto sistema estatal de financiación autonómica. Pero, de idéntico modo, mantendrá una postura igual de tenaz y constructiva para hacer frente a otra de las grandes necesidades de la sociedad canaria, como es responder a las demandas más inmediatas de las personas, que ningún canario vea mermados sus derechos o se le prive de servicios asistenciales.