En consecuencia, es necesario arbitrar mecanismos para que nunca sobrepasen la realidad de un país y la mayoría de quienes lo componen.

Permitir que las tarifas estén al socaire de los vaivenes de los mercados, mantener peajes fijos y no ofrecer alternativas equivale a excluir o condenar a la miseria a familias y sociedades. Ningún hogar, ningún comercio, ninguna empresa instalada en una sociedad desarrollada, sea del tipo que sea, puede prescindir de la electricidad y, por mucho que suene a obviedad, conviene repetir y tener siempre presente esta realidad, que a veces se relega.

Aún no hemos dejado atrás los efectos negativos de la crisis y los elevados costes no sólo de la luz, sino también del resto de energías, son un nuevo y peligroso obstáculo, que llega justo en los momentos de repunte económico y en tiempos de mayor consumo.

El precio de la luz alcanzó esta semana un nuevo récord; nos acercamos al máximo histórico, y ya se ha difundido que más de la mitad de los hogares canarios, en torno a 700.000 clientes, sufrirán un incremento de la factura mensual. A este alza, que no es poco, se añaden también las de la cesta de la compra y del gas, que es el más usado en las islas para cocinar y calentar el agua.

El importe de la bombona registró este enero el mayor alza de los últimos doce meses –la unidad alcanzó los 12,89 euros la pasada semana – y advierten los analistas que los aumentos coinciden con el descenso del consumo. Cabe preguntarse, por tanto, ¿a dónde nos conduce dejar de poner la calefacción o calentar la comida?

Las noticias sobre la precariedad y el infortunio que padecen las personas y que muchos días recogen los medios de comunicación nos dan la respuesta. ¿Acaso no recordamos que, pese a los descensos del paro, 274.000 canarios aún no tienen trabajo? ¿Hemos olvidado el elevado número de hogares sin ningún tipo de ingresos?

Cabe recordar, además, que pese a las tendencias ascendentes del petróleo, que ciertamente influyen en el precio de las energías, no es esta la única razón de los incrementos. Se suman una serie de impuestos y otros conceptos que suponen el 65 por ciento de la factura, y que bien podrían revisarse, dado que se trata de asegurar bienes básicos de los que no se puede prescindir.

Los hechos son contundentes y evidencian la urgencia de que las administraciones públicas competentes, especialmente a nivel nacional, pero también desde lo regional y lo local, trabajemos para la puesta en marcha del sistema contra la pobreza energética, en el que se incluye el bono social o la potenciación de las energías alternativas, que defiende Agrupación Socialista Gomera (ASG) y que, sin duda, incrementarían las opciones y podrían influir en las tarifas.

Igual que debe imponerse la igualdad de oportunidades para todos los canarios y la equidad entre los canarios y el resto de los españoles, se requiere un equilibrio que favorezca el progreso, el bienestar y unos mínimos de calidad de vida a los que tienen derecho todos y cada uno de los ciudadanos, sin importar su origen o su lugar de residencia.

La defensa del interés general que justifica la existencia de la Administración pública está directamente relacionada con las garantías de acceso a los servicios esenciales y nos obligan actuar, en lugar de esperar a que llueva.