Lo cierto es que han sido muchos los obstáculos que ha tenido que superar, y a los que sigue teniendo que enfrentarse, una infraestructura de cuya transcendencia nadie puede dudar pues, tal y como se ha demostrado en numerosas ocasiones, las conexiones aéreas y por ende los aeropuertos, junto con el transporte marítimo, son la columna vertebral de Canarias.

Ninguna de las dos opciones es prescindible si, además de la cohesión, se quieren asegurar las opciones de progreso de una comunidad cuyo territorio no sólo está fragmentado y tiene una dimensión reducida, sino que también está alejada del continente.
¿Cómo es posible entonces que año tras año sea necesario recordar la Obligación de Servicio Público que rige el funcionamiento de aeropuertos como el de La Gomera?

Se cuentan por decenas las ocasiones en las que la sociedad insular ha reivindicado unas conexiones aéreas fluidas, cómodas y asequibles al bolsillo de los ciudadanos. Esta semana lo ha vuelto a hacer también Agrupación Socialista Gomera (ASG), convencidos de la legitimidad que asiste a la población de la isla.

Si no es de recibo que cueste más caro volar dentro de nuestra región que desplazarnos a países extranjeros, tampoco lo es que cada vez que se registre la menor incidencia o adversidad climatológica se anulen los escasos enlaces programados.

En consecuencia, ASG apuesta por instar a la Dirección General de Transportes, dependiente de la Consejería de Obras públicas y Transportes del Gobierno de Canarias y a la Dirección General de Aviación Civil, dependiente de la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a detectar y corregir déficits y carencias.

Ya se ha registrado en el Parlamento de Canarias una iniciativa que se repetirá en el resto de las administraciones públicas donde ASG tiene representación, y con la que se busca sumar al conjunto de los representantes públicos en defensa de los derechos de La Gomera.

Se reclama que se haga valer la Obligación de Servicio Público, que impone el deber de ir más allá de la rentabilidad económica y garantizar la regularidad de los enlaces entre una región periférica o en desarrollo, así como a poner por encima de la baja densidad de la ruta aérea el interés económico y social de una región.

Establece, además, que se tiene que responder a la necesidad de  movilidad de los ciudadanos residentes en territorios segmentados y, por tanto, asegurar un servicio continuo y regular, con unos precios que las compañías de transporte no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta el beneficio comercial.

Para conseguirlo se requiere el compromiso y el respaldo económico de los gobiernos, que ya se alcanzó en 2006 para 13 rutas interinsulares, y que fue reforzado en 2011, cuando el Consejo de Ministros acordó declarar la Obligación de Servicio Público específicamente para los vuelos entre Gran Canaria y La Gomera, además de los que unen Tenerife Norte y La Gomera. 

Sin embargo, el deber parece haberse relegado. A las cancelaciones sin que los aviones hubieran despegado desde el aeropuerto de origen, se han añadido estos días suspensiones de maniobras de aterrizaje en La Gomera y supresiones de conexiones, que han ocasionado importantes perjuicios a usuarios de la línea y a la imagen turística insular. 

Las reclamaciones vuelven a tomar fuerza. Las administraciones competentes tienen que actuar y asegurar, de una vez y para siempre, el cumplimiento de los compromisos adoptados.