Nuestro Archipiélago celebra un año más el Día Internacional de los Trabajadores con más sombras que luces: todos los indicadores macroeconómicos coinciden en señalar que Canarias se ha empobrecido con la entrada del siglo XXI.

Su PIB per cápita, una referencia que se utiliza para medir el bienestar social, no ha hecho sino decrecer desde el año 2000, por lo que todas las responsabilidades no son atribuibles a la crisis internacional de 2007, aunque ésta trajera consigo la desintegración del importante sector de la construcción en las islas. Y, a pesar de esta complicada situación, hemos sido relegados a ser la región con menos inversión estatal del último decenio.

La situación económica, no obstante, ha empezado a arrojar saldos positivos desde 2016, año que se cerró con un crecimiento interanual del 3,8 por ciento. Pero esto no ha servido para dar un tratamiento de choque a nuestro desempleo: según la EPA correspondiente al primer trimestre del presente año, contamos con 279.800 parados y una tasa de desempleo del 25,60 por ciento.

Esto se traduce en un mercado laboral que excluye a casi un tercio de la población activa total. Estos fríos datos, eso es lo terrible, se traducen en tragedias familiares y personales y en el más grande problema social de siempre en Canarias, como es el elevado riesgo de pobreza y exclusión social.

Uno de los factores que más condiciona esta alarmante realidad es la economía sumergida, sobre la que cada vez tenemos un mayor conocimiento gracias a la acción de los poderes públicos. Así, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cifró en 23.500 los empleos irregulares detectados en Canarias por la Inspección de Trabajo desde 2012, mientras el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda afirmaba en días pasados que Canarias deja de recaudar unos 4.000 millones de euros por la economía sumergida y el fraude fiscal. Una actividad en negro multimillonaria que, en consecuencia, no corresponde a la obligada solidaridad social, que sólo quiere recibir y se niega a dar.

El Estado y el Gobierno de Canarias deben redoblar sus esfuerzos para acabar con esta lacra, a la par que poner en marcha con urgencia los planes de empleo a los que el Ejecutivo regional destinará, según ha anunciado, 124,5 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado más otros 42 del recuperado Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC). 166,5 millones de euros que deben repercutir en la inserción laboral de los parados de larga duración, las mujeres y los jóvenes.

Para ello se hace imprescindible la recuperación del sector de la construcción y una mejor redistribución de la riqueza generada por el turismo. Las obras públicas y la rehabilitación hotelera son dos instrumentos para recuperar la construcción. El sector turístico, que registra una actividad inusitada a pesar de la subida de precios en un 6,8 por ciento en los últimos meses, también debe hacerse notar con la mejora de las condiciones laborales y salariales de sus empleados, el grupo más numeroso, con diferencia, de trabajadores en Canarias. Esta es, en la actualidad, una importante demanda sindical que quiere hacer justicia, especialmente, con las miles de mujeres que trabajan en nuestras islas como camareras de piso, con contratos inestables y retribuciones irrisorias.

Del mismo modo, se debe dar respuesta a las demandas de las islas más occidentales de contar con infraestructuras que permitan desarrollar un turismo alternativo, vinculado a la naturaleza y la actividad rural, que encuentra una demanda cada vez mayor, como demuestran los índices de ocupación habidos en Semana Santa en La Gomera. De contar con un aeropuerto y unas conexiones aéreas acorde con los tiempos, como reclama la isla colombina, el desarrollo económico y social generaría una riqueza decisiva para fijar la población y equilibrar el desarrollo del Archipiélago.

Sin embargo, somos los primeros en querer aportar soluciones al empleo insular desde el Cabildo de La Gomera. Precisamente, en los próximos días presentaremos en detalle las acciones de empleo para este año, con un presupuesto superior a los ocho millones de euros, cuyo objetivo es generar un millar de contrataciones.

Afrontar todos estos retos es urgente, pero también diversificar nuestra economía. Impulsar el sector primario, la industria y el comercio es indispensable y acompañarlo de políticas eficaces a fin de poner las condiciones para que Canarias sea esa deseada plataforma internacional, a través de los incentivos fiscales y económicos, el desarrollo portuario y la tecnología asociada al I+D+i, es el camino de futuro para nuestra economía y para que cada uno de los canarios, sin distinción, encuentre su sitio en ella.