Lo que uno escucha hoy en la calle es la expresión de un temor generalizado. La gente está viendo que llenar el tanque de gasolina se ha convertido en un lujo. Y hacer la compra en el supermercado, un imposible. La vida se ha puesto por las nubes y nuestras esperanzas andan por los suelos. Y se está creando un desánimo y una preocupación terrible.

Lo peor de todo es que los canarios tienen razón. Teníamos la fundada expectativa de que este año sería el del fin de la crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus. El primer año de la recuperación y la vuelta a la normalidad. Pero la noticia es que parece que no va a ser así. Europa está padeciendo un encarecimiento de los precios de la energía que está afectando a toda la cadena de suministros, y la inflación está mermando la capacidad adquisitiva de unos salarios enormemente bajos en nuestras islas.

Lo que para España es muy malo, para esta tierra es terrible. Nuestra energía, nuestra alimentación o nuestros suministros, dependen de unas importaciones donde el coste del transporte se convierte en una losa. Y lo mismo ocurre con nuestras exportaciones. Y con el turismo. Si se vuelve a producir una parálisis del crecimiento económico en Europa y esta afecta al turismo, el PIB de Canarias volverá a desplomarse en términos parecidos a lo que ocurrió en un año infausto, el 2020, donde perdimos diez mil millones, un 20% de toda la economía de las islas.

No podemos, ni debemos engañarnos. Si Canarias ha podido salir adelante del desastre que se ha vivido ha sido gracias a la solidaridad de Europa y del Estado. Los fondos extraordinarios que se libraron para hacer frente a la recesión causada por la pandemia fueron fundamentales, especialmente los dedicados a los ERTE, que salvaron miles de puestos de trabajo y permitieron la supervivencia de pequeñas empresas y autónomos. Y es evidente, por lo tanto, que si vamos a padecer una segunda gran crisis económica, necesitaremos de acciones extraordinarias. Tan excepcionales como las que se han aplicado en el pasado reciente. 

Esta no es una crisis que afecte solamente a Canarias. España padece ahora mismo un IPC que ha galopado hasta el 7,4% y unos precios de la energía que empobrecen a las familias y están haciendo entrar en crisis a las empresas en todos los sectores. Y por si faltara algo, la guerra de Ucrania, con sus secuelas de miedo, muerte y emigración, también socava el crecimiento económico europeo. Las autoridades monetarias en Bruselas ya están avisando que no se va a poder hacer el mismo esfuerzo que se realizó para superar la crisis generada por el coronavirus. Que no se puede seguir comprando deuda a través del programa PEPP contra la pandemia - 60.000 millones mensuales -. Y que la previsión de subir los tipos de interés este año se mantiene.

En ese escenario, las Islas Canarias tienen que plantearse defender una vez más sus diferencias. Si no se produce una reactivación del turismo —espero que sí y que los expertos estén equivocados— nuestra economía volverá a entrar en colapso. España destina a Canarias, a través de la Ley del REF, una gran cantidad de ayudas. La producción de electricidad está subvencionada, así como el transporte de viajeros y mercancías o la producción de agua desalada, por poner algunos ejemplos. Pero esas compensaciones existen para igualar la vida de los dos millones y pico de canarios con la de los ciudadanos peninsulares en condiciones de normalidad. Unas condiciones que pueden desaparecer. 

Mentiría si no les confieso que estoy preocupado. El costo de la vida en las islas se está volviendo imposible. Tanto que hay familias que ya no llegan a fin de mes por mucho que se aprieten el cinturón. Tenemos que preparar un arsenal de medidas extraordinarias para ayudar a pagar la electricidad, los alquileres o los alimentos a cientos de miles de canarios que se encuentran al borde de la pobreza. Y, además, tendremos que sostener vivo otra vez a nuestro tejido productivo. Pero si vuelve nuevamente otra gran crisis no podremos conseguirlo solos. Necesitaremos de la solidaridad de nuestros conciudadanos del continente.