Escucho hablar en estos días, tan cercanos a unas elecciones, de la necesidad de reformar la manera en que funcionan las administraciones públicas. Es obvio que estoy de acuerdo con ello, porque es algo que llevo diciendo desde tiempo inmemorial y porque es lo que me transmiten los ciudadanos y las empresas que esperan y se desesperan en trámites eternos y cada vez más complicados. No necesitamos más leyes, sino mejores leyes; adecuadas a la realidad plural de Canarias y fáciles de entender y de aplicar.

Pero esa burocracia que padecen los ciudadanos y empresas no solo les afecta a ellos. Cualquier persona que trabaje en un ayuntamiento o un cabildo de Canarias podría escribir un libro sobre lo complicado que resulta para un empleado público moverse en la maraña de normas y de exigencias en que hemos convertido hoy la gestión de los asuntos de la sociedad. Les pongo un ejemplo de un área que ha llevado la Agrupación Socialista Gomera en la Comunidad Autónoma: En La Palma, por el procedimiento de urgencia y con carácter excepcional debido al volcán, nos activamos y pudimos adquirir unas cien viviendas en menos de dos meses. Cien viviendas que el Gobierno entregó arregladas, amuebladas y listas a otras tantas familias que habían perdido sus casas a causa de la erupción. Si hubiéramos seguido los procedimientos ordinarios y habituales, esas viviendas, probablemente, aún no se habrían entregado.

Estos cuellos de botella, que afectan a las personas, hay que afrontarlos de forma decidida. A la escala que le corresponde, el Cabildo de La Gomera ha respondido a las necesidades de la población de la isla luchando contra viento y marea contra esa inercia de la burocracia que nos lastra. Tardamos cuatro años, un tiempo récord, en finalizar el nuevo Centro Sociosanitario de San Sebastián, que era algo enormemente necesario para atender a nuestros mayores. Cuatro años en los que, además, encaramos una pandemia que paralizó la actividad y nos complicó la vida. Pero lo sacamos adelante. Y es, por cierto, el primer centro que se inaugura de todos los previstos en el II Plan Sociosanitario del Gobierno. 
 
A lo largo del último año hemos puesto en marcha programas de empleo en nuestra isla por importe de trece millones de euros que han dado empleo a setecientas personas. Se han realizado importantes trabajos de valor ambiental y social, y se ha creado trabajo para quienes lo estaban demandando. Hemos dado respuesta a los jóvenes de nuestra isla que realizan estudios, subiendo un 14% el importe que dedicamos a las becas hasta alcanzar el millón de euros. Y en el terreno de ayudar a los más vulnerables, hemos dado respuesta a más de tres mil expedientes de ayudas sanitarias para cooperar con familias que lo necesitaban en la adquisición de material protésico, gafas o audífonos.
 
Se trata de actuar, como ya hemos dicho, como factor de justicia social. De redistribución de la riqueza, llevando los fondos públicos hacia quienes más lo necesitan. Pero a veces, la gestión de una ayuda, de una contratación o de un procedimiento, se dilata injustificadamente en el tiempo perjudicando a quienes están esperando. Eso lo hemos superado gracias al extraordinario equipo con el que cuenta la Corporación insular, pero no gracias a las normas y garantías que se vuelven, en ocasiones, una maraña, un adversario que hay que sortear.
 
También nos enfrentamos a ese adversario en la inversión absolutamente necesaria de más de cincuenta millones en estos cuatro años en la mejora de la red viaria de la isla, con la ejecución de una veintena de proyectos que son vitales en la mejora de la red arterial que hace funcionar las comunicaciones y la economía de nuestra isla. 

¿Ha sido fácil? Desde luego que no. Insisto en que una de las tareas pendientes de las administraciones de nuestras islas es simplificar y agilizar los procedimientos. Conseguir que la capacidad de respuesta de las instituciones que administramos el bien común sea más rápida para atender a las demandas y problemas de las personas, especialmente en aquellas áreas que afectan a las familias más vulnerables o los problemas más acuciantes. Esa tarea es fundamental si queremos hacer frente a esa realidad. El Cabildo de La Gomera es un buen ejemplo de que cuando se quiere hacer que las cosas sucedan, se puede lograr. Pero facilitar las cosas, agilizar las respuestas y simplificar los procedimientos, sería el mayor beneficio para los ciudadanos y empresas de nuestras islas. 

Ojalá a los que hablan hoy de reformar las administraciones públicas no se les olvide después de las elecciones.