Los datos del empleo en las islas reflejan fielmente esta bonanza económica, aunque sea cierto que puedan estar afectados también por esa nueva figura de los fijos discontinuos y por el importante peso del empleo público. Pero incluso a pesar de todo esto, son buenos datos.

Sin embargo, las administraciones públicas no son ajenas a las sombras que se proyectan sobre el futuro inmediato. De ahí que el Gobierno de España haya impulsado un plan de miles de millones de euros destinado a socorrer a las familias más vulnerables. Y que, entre otras medidas, haya decidido eliminar el Impuesto sobre el Valor Añadido, un 4%, que se aplicaba sobre los productos de alimentación básicos. Después de adoptar esta medida, según los medios especializados, la alimentación en el resto de España es más barata que en nuestras islas, a pesar de que en Canarias no existe imposición fiscal a los alimentos. Ello es debido a la repercusión que tienen los costos del transporte y de la insularidad en los precios al consumo en nuestras islas.

Este problema, entre otros, es el que ha motivado que Agrupación Socialista Gomera haya planteado una propuesta para que se tomen medidas de carácter permanente en la fiscalidad de las islas no capitalinas. De la misma manera que de manera coyuntural se han decidido rebajas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la isla de La Palma —como medida extraordinaria de compensación por los daños causados por el volcán— entendemos que se podría extender un instrumento similar a todas las llamadas Islas Verdes, que constituyen una excepción en el conjunto del Archipiélago.

Las tres islas occidentales carecen de una importante industria turística, como las otras, y presentan datos preocupantes de envejecimiento y despoblación que hacen necesario y urgente adoptar medidas de carácter estructural que incentiven la actividad económica. En estos primeros días de un año que puede ser complicado, es el momento de corregir el rumbo y prepararse. 

A pesar de que todo va bien, las amenazas siguen ahí. Y hay indicadores en nuestra economía y nuestra sociedad que reclaman nuestra atención. Los terribles años que hemos padecido, con crisis pandémica incluida, han dejado un enorme aumento del saldo de la pobreza en las islas. La acción del Gobierno de Canarias se ha multiplicado para afrontar esa situación extraordinaria, a la que se han dedicado más recursos presupuestarios que nunca, reforzando los mecanismos del Estado del Bienestar. Además, la situación del resto de los ciudadanos, empobrecidos por la inflación y con un nivel salarial situado entre los más bajos del Estado, también ha empeorado. 

Los presupuestos para este año 2023 constituyen un extraordinario esfuerzo para nivelar el reparto de la riqueza y proteger a las familias más vulnerables. Pero hay que empezar a cuestionar las estrategias de desarrollo que se han practicado en las islas desde hace varias décadas. El reparto de la riqueza en nuestra región es muy ineficiente. El desarrollo de otros sectores, que no sean el turismo y sus derivados, se ha estancado. Y la vida para quienes padecen la doble insularidad se ha vuelto muy complicada, cara e injusta.

Este no debe ser un año cualquiera, ni solo “un año más” en la vida de nuestra región. Debe ser el año de los grandes cambios y de las apuestas decididas para hacer que las cosas cambien. Al hilo de las medidas que se están tomando por todas las administraciones públicas, en el contexto de una crisis internacional de envergadura, debemos proponer e impulsar los cambios que nos permitan ser una sociedad más justa y más próspera. Y eso tiene que nacer de la colaboración de todos los sectores que protagonizan la sociedad de nuestras islas. Nosotros, desde Agrupación Socialista Gomera, estaremos dispuestos a arrimar el hombro: los primeros.