Cuando se pasa revista a la ejecución de las obras de residencias para mayores, La Gomera ha hecho la tarea. Lo hemos hecho porque teníamos el firme propósito de cumplir con nuestros mayores, porque nos enfrentamos decididamente a la necesidad de conseguir suelo y de agilizar los trámites y porque, en última instancia, contamos con el apoyo financiero de la Comunidad Autónoma. A veces se nos olvida que en el ámbito público no basta con querer hacer las cosas, sino que hay que luchar para conseguirlo.

Lo que ha pasado en materia de vivienda pública en Canarias es la crónica de una tarea a la que nunca se le ha puesto ese tipo de determinación. Muchos planes y proyectos se han quedado en excelentes propósitos enfrentados después a la maraña administrativa que padecemos todos, ciudadanos e instituciones, que a veces hace naufragar a los mejores barcos.

Lo que ha planteado el Gobierno de Canarias a través de un plan de actuaciones extraordinario en materia de vivienda es exactamente lo que se debe hacer: una serie de medidas urgentes, directas, que implican al sector público y al privado en la construcción o adquisición de viviendas que puedan destinarse urgentemente al alquiler social. No se puede seguir postergando indefinidamente dar respuesta a las miles de personas que están esperando por viviendas a precios asequibles.

Pese a lo que piensan algunos, que el precio de la vivienda en Canarias haya subido no es una mala noticia. La vivienda es una manera en la que se ha invertido el ahorro de las familias de nuestras islas y, si sube el precio de esas viviendas, aumenta el valor del patrimonio de todos los canarios. El grave problema es que mientras nuestra población crecía, las administraciones no han sido capaces de aumentar el parque público en la misma proporción. Si en los próximos años se ejecutan las medidas tal y como se han concebido, comprando obras inacabadas para rematarlas y ponerlas a disposición de las familias con alquileres sociales, adquiriendo viviendas de fondos de capital, recalificando suelo turístico congelado para destinarlo a residencial condicionado a la disposición de una parte de alquileres sociales… Si se logra ejecutar ese amplio paquete de acciones es posible que empecemos a aliviar la situación que ahora mismo se padece en un mercado en donde es imposible para las personas con escasos recursos acceder a un techo. 

Como muchas veces digo, la situación no es igual en todas las islas, porque las islas no son iguales. La presión demográfica y la demanda de alquileres sociales es mayor en unas zonas que en otras, especialmente en las áreas metropolitanas y en las grandes concentraciones turísticas. Por eso las acciones tendrán que focalizarse en los puntos donde sea más necesario. Y este argumento sirve igual para afrontar el problema de las plazas residenciales para mayores, que no deben ser olvidados. Porque si es urgente resolver la situación de jóvenes y familias que buscan una vivienda accesible para tener un hogar, es igual de acuciante resolver la situación de los casi seiscientos mayores que están en hospitales de Canarias porque no se dispone para ellos de una plaza sociosanitaria.

En las Islas Verdes, uno de los problemas que padecemos es el envejecimiento poblacional. Tenemos una alta población de personas mayores que se aproximan a la vejez y, en muchos casos, a la dependencia. Sus hijos han tenido que marcharse buscando trabajo y futuro. Y ellos, que han trabajado toda la vida para salir adelante, se quedan solos. De esas personas no nos vamos a olvidar de ninguna manera. En aquellas islas donde no se sufren las mismas tensiones habitacionales que en otras, se padecen otros problemas igualmente importantes. Y por eso quiero recordar que nuestros mayores no deben ser olvidados ni postergados. Tal vez se merezcan también un plan extraordinario de actuaciones que sea capaz de garantizarles lo que les debemos: una vejez digna y con los mejores cuidados.