A cuenta de leer un excelente trabajo sobre la historia de La Gomera en el siglo XIX, de Alberto Darias Príncipe, he vuelto a vislumbrar la vida terrible que padecían los canarios de las islas no capitalinas en unos años de miseria extrema. Años donde las familias subsistían en viviendas infames, con una alimentación precaria que provenía de los pocos productos que cultivaban. En las grandes capitales se disfrutaba de unas condiciones que no existían en las zonas rurales donde las clases más humildes estaban condenadas de por vida al analfabetismo y la pobreza.

En estos días han salido los nuevos datos del informe AROPE sobre la pobreza en Canarias. Y aunque se registra un mínimo retroceso en los indicadores, nuestras islas siguen teniendo un importante porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. Es absolutamente cierto que la pobreza de hoy no es como la de ayer. La grandeza del Estado del Bienestar que nos hemos dado los ciudadanos españoles produce que exista una sólida red de protección de las familias. La educación y la sanidad, universales y gratuitas para quienes carecen de recursos, y las políticas sociales, garantizan la atención de las personas que padecen situaciones de necesidad.  Pero de ninguna manera podemos renunciar a la mejor política para la erradicación de la pobreza, que es la creación de una riqueza mayor, que se reparta de una manera más justa. 

En el Parlamento de Canarias vamos a debatir, a lo largo de esta legislatura, la cuestión de la población de Canarias. Los insólitos desequilibrios poblacionales que vienen de la mano de la distribución desigual de las administraciones públicas, centralizadas en las dos grandes islas capitalinas —y dentro de ellas en las dos capitales—  y las aglomeraciones urbanas promovidas por las zonas de desarrollo turístico. Una Canarias más justa será aquella en la que todos los ciudadanos tengan las mismas obligaciones y los mismos derechos. Los mismos servicios y las mismas oportunidades. Y eso, hoy, no se produce. 

Gran parte de nuestros problemas derivan, según algunos expertos, de una carga de población  que excede de la capacidad de nuestra economía. Pero la riqueza en Canarias ha crecido mucho en las últimas décadas, al punto de que nuestro PIB sigue batiendo récords año tras año, en porcentajes de crecimiento que están por encima de otras muchas comunidades autónomas. Así que deberíamos plantearnos si se trata de un problema real de la riqueza producida en Canarias o si, por el contrario, se trata de un problema derivado de que no somos capaces de fijarla realmente en nuestra sociedad.

Llevo muchos años predicando en el desierto que nuestras administraciones públicas deben ponerse al servicio de la sociedad que las mantiene con sus impuestos. De que debemos hacer importantes reformas para eliminar la burocracia, apoyar a los jóvenes emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto, dar facilidades para la creación de empresas y de puestos de trabajo. Tenemos el imperativo de conseguir un crecimiento sostenible, tanto desde el punto poblacional como medioambiental, pero no existe ningún desarrollo posible si a todos los proyectos que se ponen sobre la mesa les surge un imposible camino de impedimentos, polémicas y retrasos que terminan hundiendo las inversiones.

Estos próximos años tendremos la oportunidad, si queremos hacerlo, de proponer y suscribir un gran pacto de todos los representantes de los canarios para modernizar nuestras administraciones y mejorar la productividad y la eficiencia del sector público. Y para mejorar la productividad y la competitividad de la economía de las islas, con el objetivo de mejorar también el intolerable nivel de salarios de las islas, que se encuentra a la cola de España. 

Las Islas Verdes de Canarias son el perfecto ejemplo de que existe la posibilidad de crear un sólido desarrollo social y económico. Sin hipertrofias turísticas y sin depredación salvaje del territorio. Gracias a la acción política de nuestra Autonomía hemos mejorado la conectividad y hemos empezado a poner las bases de una incipiente economía basada en el respeto a la naturaleza y en el desarrollo equilibrado de todos los sectores económicos. Las islas padecen problemas singulares y diferentes a tenor de la realidad de cada una, pero todas estamos unidas en la misma necesidad de reconducir nuestro desarrollo, controlar el impacto de nuestro crecimiento poblacional y mejorar de una vez por todas nuestra competitividad, nuestra productividad y el nivel de vida de nuestra gente.