Y en cierta forma se puede afirmar que en muchas cosas Canarias ha ido muchas veces exactamente así. En cualquier proyecto colectivo, en cualquier empresa común, la planificación, la asignación de recursos y la definición de objetivos, es una garantía de éxito. Y lo contrario es una apuesta por el fracaso. 

El sector económico de mayor éxito en las islas, que es el turismo, no ha sido en el pasado el fruto de una reflexión y una apuesta definida por la planificación. Primero surgió el turismo y la planificación llegó mucho después como un intento de controlar lo que ya estaba desbordando todas las previsiones. Lo mismo ocurrió con los movimientos de población, la autoconstrucción y la creación misma de nuestra autonomía. Hemos ido reaccionando, a veces tarde, a veces bien y a veces mal, en una política de hechos consumados.

En Canarias estamos aterrizando ahora en la necesidad de reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos para analizar nuestras disfunciones y proponer los cambios necesarios que necesitamos para afrontar el futuro. Existen diferentes sensibilidades sociales que se expresan por colectivos políticos y ciudadanos, por sindicatos y empresarios y que deben ser recogidas, valoradas e integradas por quien representa a la soberanía de Canarias, que es el Parlamento. Pero la responsabilidad última en tomar las grandes decisiones que necesitamos reside precisamente en la asamblea de los legisladores de las islas.

Hay que responder a preguntas que hoy necesitan respuesta. Un crecimiento sostenible implica poner límites al desarrollo descontrolado y conciliar la necesidad de la actividad económica con el mantenimiento de nuestro patrimonio natural y de recursos que no son ilimitados. Hay que plantearse cómo podemos mantener e incrementar nuestra prosperidad y cómo, además, podemos conseguir un mejor reparto de la riqueza en nuestra sociedad que presenta indicadores de pobreza y de exclusión muy preocupantes. 

Como alguna vez he dicho, el problema de nuestras islas es que gran parte de lo que se produce aquí no se queda aquí y lo que queda se reparte mal. Nuestro crecimiento poblacional, además, se ha distribuido deficientemente en el territorio, creando zonas extremadamente hiperpobladas y tensionadas frente a otras áreas despobladas y mal comunicadas. La configuración institucional no ha ayudado a un reparto armónico del desarrollo sino, antes al contrario, ha favorecido una hipertrofia concentrada en las grandes áreas metropolitanas que son y se sienten los protagonistas legítimos de todas las decisiones y asignaciones de recursos. 

En cuatro décadas de democracia se puede decir que Canarias es una tierra bastante mejor de la que era. Las islas no capitalinas han conseguido convencer de la necesidad de una discriminación positiva en las inversiones y los servicios para conseguir aproximarnos al objetivo de ser ciudadanos iguales en derechos y oportunidades.

Hoy somos más solidarios, tenemos una ciudadanía más responsable y poseemos una administración pública más robusta, capaz de intervenir en el cumplimiento de objetivos sociales con las clases menos favorecidas, a pesar del exceso de ese mal llamado burocracia. Esto no se valora suficientemente porque son pocos los que recuerdan una tierra marcada por el analfabetismo, la miseria y la incultura. De ese pasado nos sacó la democracia y el desarrollo económico.

Los retos que afrontamos no son fáciles. Vivimos del turismo y del comercio y es difícil que consigamos encontrar otras fuentes alternativas de riqueza. Pero nuestro objetivo irrenunciable debe ser el estímulo y la búsqueda de esas otras actividades que aporten valor y riqueza al margen del modelo tradicional con el que hemos venido funcionando. En el marco del respeto a las leyes de la Unión Europea, de la que formamos parte, debemos encontrar mecanismos que nos permitan atemperar los procesos de residencia, adaptando la carga de población de Canarias a las posibilidades de nuestra sociedad y nuestra economía para ofrecer una vida y unos servicios públicos dignos.

El tiempo que nos ha tocado vivir en estos años está lleno de conflictos políticos, nacionales e internacionales, de tensiones e incertidumbres. Pero aún así, en ese contexto complicado, el reto de planificar adecuadamente nuestro futuro no admite demora. Tenemos que fijar de común acuerdo un rumbo y unos objetivos. Y debemos encontrar las herramientas jurídicas y económicas para conseguir algo nada fácil: mantener y aumentar nuestras fuentes de riqueza y encontrar nuevas actividades que nos hagan más prósperos con un reparto de la riqueza más justo y equitativo.

Poco a poco se está abriendo paso la idea de la necesidad encontrar ese gran consenso que nos permita trabajar a todos en unos objetivos comunes. Y quienes pretendan sembrar la discordia y el enfrentamiento, en favor de objetivos puramente egoístas, de beneficio electoral, no solo se estarán equivocando sino que estarán auto excluyéndose del futuro que necesitamos.