Presupuestos de justicia

Dos son los instrumentos principales para la actuación de los poderes públicos. Uno de ellos es el conjunto de normas que aprueba y aplica para regular la convivencia social y el interés general.

El otro, los presupuestos que hacen posible la ejecución de las acciones que son propias de su competencia para gestionar los servicios públicos. La importancia de este segundo instrumento la refleja que tenga rango de ley para el Estado y las comunidades autónomas y que sólo entren en vigor después de que sea debatido y aprobado por las respectivas cámaras legislativas, plurales y representativas.

En ese trabajo, uno de los más importantes que se realizan anualmente en el Parlamento de Canarias, estamos en el presente. Y Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha decidido apoyar las cuentas de la Comunidad Autónoma para el próximo año, pues vemos con claridad que las mismas pretenden recuperar el terreno perdido durante los años de crisis económica. Son los de mayor cuantía de nuestra historia, 8.239 millones de euros, y se destinan preferentemente a los servicios públicos esenciales, como es sanidad, educación y servicios sociales, áreas lastradas severamente por la falta de disponibilidad de recursos durante la recesión.

Tal y como hemos comentado en ocasiones anteriores, nuestro apoyo a las cuentas regionales es fruto de tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, estos presupuestos incrementan la respuesta a los servicios públicos esenciales y aumentan las partidas a políticas sociales destinadas a paliar las dificultades por las que atraviesa gran parte de la población canaria. De esta forma, el área de Sanidad contará con 231 millones de euros adicionales, que se suman a una partida añadida de 104 millones que se destinan a Educación y a los 99,5 millones de euros adicionales que beneficiarán a los Servicios Sociales. 

En segundo lugar, debemos destacar el incremento del 45% que se produce en inversión productiva, lo que supone unos 331 millones de euros que contarán con partidas concretas para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que tanto daño hace a nuestro PIB. 

Por último, y no por ello menos importante, contemplan una reforma fiscal que contribuirá al alivio de la economía familiar a través de la devolución del IRPF, ya que permitirán deducciones por gastos de guardería, discapacidad o por medidas relativas a eficiencia energética. Además, se destinarán 125 millones de euros a facilitar la labor de los autónomos y a las pymes, lo que redundará en el desarrollo económico de las islas.  

Se trata de unas cuentas objetivas y coherentes que se han logrado gracias a la desvinculación del REF del sistema de financiación autonómica, por lo que, tal y como hemos avanzado, no presentaremos enmiendas a la totalidad aunque sí plantearemos enmiendas puntuales que mejoren algunas partidas. 

Obviamente, con un presupuesto no se solucionan todos los problemas en Canarias pero sí sirven para fijar las políticas y actuaciones que nos permitan trabajar en buscar soluciones.  
En el caso de La Gomera, las cuentas regionales recogen inversiones fundamentales en las políticas sociosanitarias como la destinada a la construcción del futuro centro sociosanitario.

Además, se suman actuaciones en  infraestructuras públicas y a la mejora de las carreteras insulares. Todas estas obras redundarán en nuestra calidad de vida, en la mejora de nuestra economía y en la atención a nuestros mayores y dependientes, un segmento de la población cada vez más numeroso y que precisa de la solidaridad de todos.

También nos parece relevante la inversión que se destinará al sector primario, que crece en casi todas sus partidas. Estamos convencidos de que el apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca es la vía para diversificar nuestra economía, que debe estar enfocada a atender la demanda interna del archipiélago y sus quince millones de turistas.

No podemos dejar de destacar, tampoco, la financiación de los programas destinados a la formación, pues es ésta la vía que permite asegurar, desde la cualificación, el relevo generacional en un sector envejecido. Junto a la reciente entrada en vigor de la Ley del Suelo, esto debe suponer un revulsivo para la incorporación de mujeres y jóvenes a una actividad productiva que necesita Canarias para diversificar su economía, crear riqueza y empleo y favorecer un desarrollo sostenible.

Celebramos, además, que, a pesar del ajustado presupuesto en materia de Aguas, el Gobierno también haya recogido uno de nuestras más viejas demandas, incluyendo una partida de 100.000 euros destinada a la ejecución de la  tercera fase de la depuración de Valle Gran Rey. Es de gran importancia para la agricultura en esta zona de nuestra isla.

Creemos, pues, que estamos ante unos presupuestos cuantitativamente sin precedentes que se destinan a consolidar el crecimiento económico, a la generación de empleo y a la mejora de los servicios públicos esenciales. Y, no menos importante, tratando a todas las islas con criterio ecuánime para contribuir a que Canarias avance en su conjunto a la misma velocidad.