Además de todo eso, el Gobierno de Canarias ha contemplado una consignación extraordinaria de cien millones de euros que se destinará a la reconstrucción de La Palma y a ayudar a las personas que han sufrido la pérdida de sus hogares, sus negocios o sus fincas, desaparecidas bajo la lava o la ceniza. Y especialmente para la Agrupación Socialista Gomera, por ser de una isla no capitalina, es un orgullo estar en un Gobierno que no permanece ajeno ante la calamidad y que da un paso al frente para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de La Palma.

Como vengo diciendo desde hace muchos años, Canarias está mal construida. Se ha puesto demasiado peso —económico, poblacional y de infraestructuras y servicios— en algunas islas y muy poco en otras. Y eso ha producido un crecimiento dispar. La tarea de los gobernantes es cohesionar las sociedades de tal forma que los ciudadanos disfruten de los mismos servicios, de los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y eso, hoy, en Canarias, no existe.

¿Por qué se está actuando de forma extraordinaria en La Palma? Porque un volcán ha producido enormes daños en la vida de las personas en esa isla. Y es lógico que reaccionemos así. Pero hay daños semejantes que la naturaleza causa sin necesidad de explosiones, de fuego o de lava. Daños estructurales que no son tan mediáticos, que no reclaman la atención de nadie y que son difíciles de entender.

La distancia, la lejanía y la insularidad que sufre Canarias se han padecido mucho más en las tres islas occidentales, que durante décadas soportaron malas comunicaciones y peores servicios públicos. Tres islas que han tenido que luchar contra el despoblamiento y la pérdida del talento de la gente joven que emigraba para encontrar oportunidades de trabajo que no tenían en su casa. Tres islas donde la vida, desde el precio del combustible a la cesta de la compra, es mucho más cara que en el resto del archipiélago.

La única manera de igualar la vida de los canarios es discriminar en favor de los más débiles. Y eso implica destinar una parte del gasto público y de las inversiones a aquellos que más necesitan impulso y desarrollo. La solidaridad se expresa a través de la transferencia de riqueza, desde donde más hay hacia donde menos existe. Porque de esa manera, lo público se convierte en una herramienta igualadora.

Desde esa óptica, aún falta un gran camino por recorrer en nuestra tierra. Pero sería injusto si no dijera, al tiempo que me quejo, que vamos en la buena dirección. Este Gobierno se ha volcado con el aumento del gasto social en las áreas de los servicios públicos. Y aunque es verdad que las mayores y mejores infraestructuras en estas áreas están donde hay mayor población, existe el imperioso deber de mejorar la atención de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y de hacer un esfuerzo, que muchos hemos defendido, en la atención de aquella parte de la población que está padeciendo los efectos de la exclusión social o de la pobreza más cruda.

El año que viene no está exento de amenazas. El crecimiento económico de Canarias, que sin duda se va a producir, está amenazado por la coyuntura internacional: la inflación, el aumento de los fletes o el encarecimiento de las materias primas. Además, los datos del paro del último trimestre no son nada buenos. Pero debemos confiar en que el próximo año será el de la recuperación de nuestras islas. El turismo ha vuelto y la economía empieza a funcionar. 

Y cuando regresemos a la senda del progreso y la prosperidad, ASG estará ahí, para seguir exigiendo que ese progreso y esa prosperidad sean para todos y en todas las islas.