Contamos con un órgano legislativo facultado para establecer las normas de convivencias y su poder dimana de la voluntad popular, del soberano, al que representa, lo que lo legitima en esta tarea. Pretender alterar este orden de cosas es invalidar el contrato social que hace posible el Estado democrático, la Constitución que el pueblo español refrendó en 1978 como marco para vivir en paz y libertad, en democracia.

Estas diáfanas reglas de juego no las quieren aceptar los independentistas catalanes, que son sólo una parte minoritaria de la sociedad, repitiendo la misma deslealtad con la que se desempeñaron en nuestra II República.

Los manifiestos ardides para no ceñirse a las normas de convivencia han alcanzado en los últimos días escenas que no pueden ser más que interpretadas como una burla despreciable hacia todas las instituciones del Estado, incluidas las catalanas, y al conjunto del pueblo español.
Los antisistema que acompañaban a los independentistas, por su parte, quieren directamente que se den las condiciones para tomar las calles de Cataluña. 

Así, la suma de estos dos grupos han venido poniendo al Estado entre la espada y la pared, a pesar de las innumerables llamadas al diálogo, hasta llegar al punto de implosión que representa la aprobación por el Senado de la aplicación del artículo constitucional número 155 a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este recurso extremo, y absolutamente legítimo, sólo viene a imponer, al fin, el imperio de la ley al que estamos sujetos tanto ciudadanos como instituciones. Porque un principio básico de las sociedades libres es que todos somos iguales ante la ley para que la justicia sea posible.

Sin embargo, la fractura de la sociedad catalana es un hecho desde hace tiempo. Es más, tiene una grave herida que necesitará de una larga convalecencia. Pero el enfermo debe salir pronto de los cuidados intensivos y recuperar la normalidad institucional con la convocatoria de elecciones autonómicas, unas elecciones que exigen gran coherencia y responsabilidad por parte de los partidos constitucionalistas para que hechos tan graves como los que han venido sucediendo no se reproduzcan nuevamente.

Igualmente, debe seguir manteniéndose el criterio de que cualquier posibilidad de diálogo debe ser tenida en cuenta para restablecer los equilibrios entre comunidades autónomas e instituciones. Agrupación Socialista Gomera (ASG) lo cree necesario, incluso si ese debate culmina con una reforma constitucional aprobada en referéndum. Pero entiende que ésta no debe tener como fin el encaje de una parte, Cataluña, en el todo, España.

Una reforma constitucional sólo debe ser emprendida con el propósito de que encajemos todos en igualdad en el Estado social y de derecho, en modo alguno para atribuir a unos ciudadanos más privilegios que a otros según el lugar de su residencia, lo que no es más que un disparate antidemocrático.

Y a este respecto, dicho sea de paso, creemos que Canarias tiene mucho que poner sobre la mesa, como es que nuestra Constitución debe explicitar que reconoce y protege la condición insular y ultraperiférica de nuestro Archipiélago. Entre otras cosas, porque ya empieza a ser grotesco que las especificidades canarias sean mejor comprendidas y protegidas por la Unión Europea que por el Estado. 

Y esto, porque no puede tener razón el que más grita, sobre todo cuando siempre se beneficia de privilegios que no nos alcanzan a todos, reducidos a convidados de piedra. No es de recibo, si se abre el debate constitucional, que se pretendan sustituir las normas que rigen nuestro ajedrez institucional por fulleras reglas de póquer para que siempre ganen los mismos, a pesar de sus continuas burlas y deslealtades. Así, no.