Hablamos de un régimen histórico y diferenciado que busca compensar la insularidad y la lejanía. Puesto que éstas son invariables, también deben serlo las compensaciones que se adopten”.

Cíclicamente el REF salta a los medios de comunicación con sus discusiones más o menos técnicas o con sus explicaciones más o menos didácticas. Ahora ha vuelto a ser noticia ante la decisión del Gobierno central de diseccionarlo en dos partes. Por un lado, los aspectos fiscales que incluyen la regulación de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que ya han quedado aprobados y por otro los económicos. El visto bueno de estos últimos se ha pospuesto para 2016 a través de una decisión unilateral del gobierno del PP y de críticas generalizadas de la oposición y de los sectores sociales y económicos canarios.

El acuerdo tiene graves consecuencias dado que hablamos de la parte del REF que afecta más directamente a la vida cotidiana de los canarios. Los aspectos económicos regulan cuestiones básicas para Canarias y para nuestra Isla: los descuentos en transporte marítimo, aéreo o terrestre, en este último caso a través de los contratos programas, la compensación por el sobrecoste de energía que incide en el recibo de la luz, ayudas al transporte de mercancías, con repercusiones en la cesta de la compra o a la desalación de aguas. Por ello, en el caso de La Gomera esta parte del REF se convierte en una pieza básica para compensar los efectos de la doble y triple insularidad

Pero además,  incluyen los convenios e inversiones que el Estado compromete con Canarias, para la ejecución de obras de infraestructuras que avancen en la cohesión entre las islas y con el resto del territorio nacional. Las inversiones anuales, en cualquier caso, no deberían ser inferiores a la media del resto de comunidades. Eso en la teoría, porque en la práctica el REF económico en vigor se  encuentra devaluado a causa de los recortes aplicados por el Gobierno central durante estos años.

Por ejemplo, los convenios de obras públicas o las acciones contra el paro, reducidos a su mínima expresión. Esta política cambiante va en contra del carácter histórico de nuestro fuero. Otro tanto ocurre con la intención del Gobierno central de negociar los aspectos económicos junto con una reforma global de la financiación de las comunidades autónomas.

La decisión supone diluir singularidades que tienen sus raíces en los tiempos de los reyes Católicos. Pero sobretodo denota una importante ignorancia sobre la naturaleza del REF que no tiene nada que ver con la financiación autonómica. Estos hechos reafirman la opinión cada vez más generalizada de que es necesario que nuestro fuero quede firmemente anclado en la Constitución. Sólo de esta manera podremos blindarlo de las coyunturas económicas y políticas que se sucedan en el futuro. Hasta ahora desde el Gobierno central se ha lanzado el mensaje subliminal de que el REF debe ser negociado año tras año en los presupuestos estatales. Dependiendo por lo tanto de la voluntad del gobierno de turno.

El retraso en sacar adelante el REF económico resulta más grave aún cuando se produce en medio de la situación económica actual, marcada por una crisis que ha dejado algunos de sus peores registros en las Islas. Por ello, desde La Gomera creemos que existe una necesidad urgente de que todos los partidos trabajemos juntos para aprobar lo antes posible el REF económico. La decisión unilateral del PP de desgajar nuestro fuero en dos partes parece tener más en cuenta a la macroeconomía que a las personas. Con la postura adoptada, da la impresión de que se quiere favorecer a las grandes cifras en detrimento de los ciudadanos. En la línea de la más tradicional política neoliberal.