El dinero público no es un maná que llueve del cielo y las arcas de Hacienda no se llenan milagrosamente de la nada. Los recursos que manejan las administraciones —los ayuntamientos, cabildos, comunidades y administración central— salen de los impuestos. O lo que es lo mismo, del trabajo de las personas y los tributos que se pagan por las actividades y los beneficios de autónomos y empresas. 

Esto, que parece evidente, a veces se olvida. El Gobierno de Canarias está haciendo frente, en esta pandemia que dura ya por más de un año y medio, a una caída de los ingresos provenientes de los impuestos propios. Y esa merma en la recaudación está afectando también a los ingresos del Estado, que solo ha podido compensarlo con la llegada de fondos extraordinarios procedentes de la Unión Europea: ese programa extraordinario aprobado por Bruselas que supone inyectar en España 140 mil millones de euros en los próximos años.

Por eso, el Gobierno de estas islas está gestionando recursos en el peor escenario y ante la mayor de las necesidades. Por una parte debemos ocuparnos de aquellos que están padeciendo con mayor rigor los efectos de la crisis económica: familias que han perdido ingresos y personas que se han quedado sin trabajo. Pero al mismo tiempo que nos ocupamos de quienes no pueden llegar a fin de mes, debemos preocuparnos por mantener vivo el tejido empresarial y por incentivar la actividad económica para que la destrucción de puestos de trabajo no sea masiva. Porque es de ahí, del trabajo y de la actividad del comercio, de la construcción, del turismo y de las exportaciones agrarias, de donde se nutren los presupuestos públicos y se recauda el dinero para ayudar a los demás. Y no se crean que ese doble frente es una tarea sencilla. 

Los efectos de la pandemia han provocado la desaparición de la principal fuente de riqueza de estas islas, que es el turismo. Y con él se han caído el comercio, la restauración y el ocio. Y ha afectado de forma grave a sectores como la industria y la agricultura —que tenían al sector turístico como su principal nicho de mercado— y a otros ámbitos como el transporte, el alquiler de coches o las actividades recreativas. Al mismo tiempo, estamos sufriendo un encarecimiento de las materias primas que está empobreciendo a las familias con el alza de los combustibles o del precio de la energía. Como puede verse, estamos en medio de una tormenta casi perfecta.

Los que nos enfrentamos a esta calamidad no lo tenemos fácil. Pero estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para ser más eficientes y para conseguir más recursos. Es fundamental que mantengamos vivas a nuestras pequeñas y medianas empresas y autónomos. Es vital que sigan produciendo. No solo para que tengamos un tejido productivo capaz de reaccionar en cuanto las cosas mejoren, sino para que siga produciendo beneficios que nos permita ayudar a los demás. Y en un segundo frente, estamos peleando, cada uno a nuestro nivel y cada uno según nuestras responsabilidades, para que el Estado atienda las necesidades extraordinarias de financiación de unas Islas que están padeciendo más que ningún otro territorio los efectos demoledores de una crisis sin precedente.

Este no va a ser el gran verano turístico que esperábamos. Pero es el primer peldaño de la escalera que nos permitirá salir del pozo. Y es conveniente que sepamos que hay tareas que son una responsabilidad de todos: seguir vacunándonos, extremar las precauciones, cumplir con las medidas de protección… Hay otras tareas que nos corresponden a quienes colaboramos con el Gobierno de estas islas: actuar allí donde sea necesaria nuestra ayuda social y promover el desarrollo que mantenga los puestos de trabajo a través de inversiones públicas inteligentes. 

Este verano no podremos tomarnos vacaciones de estas responsabilidades. Ni unos, ni otros. Y es importante que todos, absolutamente todos, seamos conscientes de lo mucho que nos jugamos. Porque de lo que hagamos en las próximas semanas depende mucho cómo será nuestro final de año. No lo olviden.