La respuesta a esa pregunta tal vez esté, al menos en parte, en la convocatoria de presidentes de Cabildos Insulares realizada por el presidente de Canarias. Una Conferencia de Presidentes en la que se han planteado las claves que van a definir el desarrollo de las islas en las próximas décadas. Tras este próximo verano, los equipos creados por los Cabildos presentarán sus conclusiones para diseñar un futuro económico y social sostenible de Canarias. Y esas conclusiones serán capitales para la formulación tanto de los próximos presupuestos de la Comunidad y sus políticas públicas como en las tramitaciones de leyes que están en marcha, como es el caso de la modificación de la Ley del Suelo o la que regula el alquiler vacacional.

El primer acierto de este Gobierno ha sido plantearse la necesidad de hacer algo para cambiar realidades que son objetivamente inaceptables: el crecimiento poblacional, la falta de vivienda y servicios, la ordenación de nuevas fórmulas de turismo o la protección del medio ambiente ante su uso masivo, entre otros aspectos. Y el segundo ha sido comprender que no todas las islas sufren los mismos problemas y, por lo tanto, cada una de ellas necesita unas medidas adecuadas a su propia realidad. Y esa consideración de la singularidad insular, pese a ser un hecho muy obvio, no siempre se ha tenido en cuenta por la administración canaria a lo largo de su historia. 

En un clima de enfrentamiento electoral y populismo extremo es difícil construir soluciones duraderas y sensatas. Pero hay que hacerlo si no queremos que nuestros problemas se perpetúen. Pese a lo que algunos plantean, el gran problema de Canarias no es el drama de la migración irregular. Ese fenómeno es terrible porque se cobra un saldo inaceptable en vidas humanas y despierta la indignación de Canarias por cuanto ni el Estado ni la Unión Europea han reaccionado con la diligencia que debieran ante el incremento de llegadas en la ruta de Canarias, que se ha convertido en la más mortal del planeta. 

Pero hay que repetir una y  otra vez que los migrantes irregulares que llegan a nuestras islas se terminan yendo. Que no somos el último destino a donde quieren llegar. El problema de la superpoblación que padecen algunas islas de Canarias tiene que ver con la importación de mano de obra desde otros países. Familias enteras que llegan cada año a nuestras islas vía aeropuertos y que se instalan en zonas próximas a los enclaves turísticos para residir en Canarias de forma permanente. Esas personas constituyen los más de veinte mil nuevos residentes que las islas acumulan cada año y son las que por un lado forman el nuevo músculo de nuestra sociedad para generar riqueza y por el otro demandan vivienda, servicios públicos e infraestructuras. 

La clave de bóveda para un crecimiento sostenible se sustenta en que determinamos la carga de población que es capaz de aguantar nuestra economía. No podemos seguir creciendo de forma indefinida si no queremos agotar nuestros recursos. Por supuesto que necesitamos no solo mantener nuestro sector turístico, que nos da de comer, sino seguir modernizándolo y mejorar nuestra oferta, pero debemos impulsar un nuevo concepto de contención para ir acomodando nuestro crecimiento a nuestras necesidades. 

Además de todo esto, una administración pública autonómica que este año se moverá en torno a los doce mil millones de euros de presupuesto necesita obligatoriamente una reforma. Una que pasa por la simplificación administrativa para que los procedimientos y normas sean más simples, claras y fáciles de cumplir. Y que pasa también por fórmulas que permitan la mejora de la productividad en el empleo público. Las administraciones canarias, desde la autonómica a las locales, necesitan un proceso de modernización y mejora que les permita ser más ágiles y servir mejor a los ciudadanos y emprendedores. Que les permita contar con los mejores servicios e incentivar adecuadamente a quien mejor cumpla con sus funciones.

Todos estos retos no son imposibles de lograr. Al contrario, están a nuestro alcance si somos capaces de darnos cuenta de que por encima de las estrategias de los partidos políticos y el legítimo interés electoral, nos estamos jugando el bienestar y la supervivencia de todos.