La defensa que los presidentes de los Cabildos canarios, a excepción de Gran Canaria, hemos hecho en los últimos días de la triple paridad en la representación electoral autonómica es un paso capital en aras a preservar el equilibrio regional, tal y como demuestra la relevancia con la que esta postura ha sido acogida por nuestra sociedad. Y prueba, además, la vitalidad política que la representación insular, a través de sus cabildos, supone para esos equilibrios.

Canarias es, desde el momento mismo de la conquista, una realidad compleja que quedó dividida entre islas de realengo e islas de señorío, entre islas que avanzaban hacia la Edad Moderna y otras que quedaban varadas en el Medievo, una división que se mantuvo oficialmente hasta la primera mitad del siglo XIX. Hubo que esperar otro siglo aún, hasta la entrada en vigor de la ley de Reorganización Administrativa y Representación en Cortes de las Islas Canarias, de 11 de julio de 1912, para la creación de los Cabildo insulares y para que las islas no capitalinas tuvieran representación en el Parlamento de la nación.

Y esto se debió al impulso de personalidades como el palmero Pedro Pérez Díaz o el majorero Manuel Velázquez Cabrera. Esta norma, sin embargo, no logró poner coto a la lucha por el hegemonismo, el llamado pleito insular, entre Gran Canaria y Tenerife, que culminó tiempo después con la división provincial. Y la subordinación de las islas periféricas continuó, además, con la creación de las mancomunidades interinsulares.

Esta situación de subordinación a las élites políticas y económicas de las dos islas centrales encontró, por primera vez, un muro de contención en el Estatuto de Autonomía de 1982. En él se establece la triple paridad en la representación parlamentaria autonómica, el gran logro de los redactores de este crucial documento.

La razón estriba en que este sistema garantiza la igualdad en la representación de las dos provincias canarias, la igualdad entre la representación de Gran Canaria y Tenerife respecto del resto de islas y, por último, la igualdad de representación de las islas de una provincia respecto de la isla donde reside la capital provincial.

Con este sistema se crea un mecanismo que hace iguales a todos los canarios, con independencia de su lugar de residencia, aglutinando en su Parlamento la representación proporcional y la territorial de los sistemas bicamerales. Esta ha sido desde 1982 la fórmula magistral que ha sustentado la salud de nuestro autogobierno, después de cinco siglos de marginación de la población de unas islas a favor de otras.

Fue el aumento de las denominadas barreras electorales la que ha debilitado la representatividad del Parlamento de Canarias. No hay nadie que discuta que el aumento de estas barreras, en 1996, del 20 por ciento de los votos al 30 por ciento insular y del 3 por ciento al 6 por ciento regional ha dañado el pluralismo de la Cámara, excluyendo a grupos políticos con significativos apoyos del electorado. Son las barreras más altas, con diferencia, de cualquier sistema electoral vigente en España, lo que, sin duda, debe ser corregido.

Pero esto no es óbice para dejar de reconocer que el valor del voto en las islas no capitalinas no está compensado en relación con los sobrecostes que suponen la educación, la sanidad, la cesta de la compra, viajar, en suma vivir en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, tampoco de Fuerteventura y Lanzarote. La triple paridad ha permitido que estas islas hayan podido hacerse oír con vigor en el Parlamento de Canarias y lograr que los sucesivos gobiernos regionales hayan escuchado sus demandas. Ha sido la gran herramienta democrática para conseguir que Canarias caminara en la misma dirección. Relegar la importancia de la representación política insular en un Archipiélago fractura su unidad.